El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció que habrá cortes de luz programados en el verano “por la alta demanda”, algo que además confirmó un informe de la mayorista eléctrica Cammesa. Estas declaraciones se dan luego de que el gobierno aplicara enormes tarifazos sobre las boletas de luz para compensar el recorte de subsidios, sobre el que avanza el brutal ajuste fiscal.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del instituto IIEP de la UBA y el Conicet el valor de la canasta de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) se ubica para el mes de agosto para el Amba en $144.433 mensuales: un 380% superior a su valor en diciembre pasado, mientras que los salarios percibieron una variación acumulada de 93,6% en el mismo periodo, según el Indec.

Sin embargo, desde el Estado informan que este verano, a pesar de este brutal incremento, continuarán los cortes de luz masivos. Esto se debe, en primer lugar a la falta de inversión por parte de las empresas generadoras, apañadas por el Estado. De hecho el informe de Cammesa afirma que hay varias unidades con grandes riesgos de indisponibilidad en el corto plazo por la falta de fondos para realizar mantenimientos preventivos y reparar equipos con problemas técnicos, e incluso que la energía podría no alcanzar porque tampoco está previsto que en los próximos meses entre nueva generación.

Esto a su vez es atizado por la tensión entre el gobierno y las generadoras por la deuda que Cammesa tiene con las empresas, la cual dio un salto exponencial luego de la devaluación aplicada por Caputo que hizo saltar el precio de la divisa en un 120%, ya que la mayor parte de los contratos se fijan en dólares con precios que no guardan relación con los costos reales y solo obedecen al ánimo de lucro de los capitalistas que intervienen en esos eslabones.

A partir de enero, Cammesa dejó de recibir fondos del Tesoro y se quedó sin caja para pagar la electricidad a las generadoras y el gas a las productoras para las usinas térmicas. Lo hizo para alcanzar el superávit fiscal del cual tanto se jactó el gobierno, que de otra manera no hubiera sido posible. La idea original del gobierno era que la reducción de subsidios estatales fuera compensada con tarifazos sobre los usuarios, y, con estos, llegar a cubrir todas las compras de Cammesa.

Sin embargo, aún no pudo aplicarlos en la magnitud esperada en pos de evitar que la inflación se disparara. Al mismo tiempo las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur, adoptaron la costumbre de endeudarse con Cammesa por la energía que compran, como un mecanismo de financiamiento y de presión para obtener el reconocimiento de mayores aumentos. Todo un esquema de saqueo que vaticina la continuidad de los tarifazos.

Esto dejó al desnudo también los negociados que hay por detrás de la generación de energía. Cuando las energéticas aceptaron de mala gana el reperfilamiento compulsivo de la deuda ofrecido por Caputo, este les prometió activar la adjudicación de las nuevas centrales de generación eléctrica para llegar a un acuerdo. Un negocio de USD 4.000 millones.

La Secretaría de Energía, sin embargo, viene de dar de baja la licitación que preveía justamente la ampliación del parque termoeléctrico con proyectos ya adjudicados. Sucede que la buena performance de MSU, Sullair y Secco terminó reduciendo las posibilidades de Central Puerto (empresa de Nicolás Caputo), Pampa Energía e YPF Luz, que a priori eran los grandes candidatos a imponerse en la licitación organizada por Cammesa. El gobierno se prepara para abrir un nuevo proceso licitatorio donde entre Nicolás Caputo, el primo del ministro de Economía, pero esto implica que las obras, de licitarse y llevarse adelante, ya no llegarían a estar listas para el verano.

Los capitalistas amigos del gobierno, se llenan los bolsillos a costa del desfinanciamiento del servicio y del saqueo de los recursos nacionales. Cabe destacar que muchas de las empresas generadoras, como Enel o Pampa Energía, son también encargadas de la distribución y el transporte de energía, ya que integran el holding numerosas centrales térmicas, hidráulicas y eólicas y las redes de alta tensión (Transener S.A). Son las mismas privatizadas que operan en distintos eslabones de la cadena, concentrando la producción de energía en un monopolio y manteniendo de rehén a todo el servicio energético de un país.

En paralelo, la ausencia de inversiones tuvo como contrapartida el incremento de las importaciones de energía. Argentina está importando, en temporada de bajas temperaturas, el 12% del consumo de energía eléctrica y pagando un precio casi 3 veces mayor que el que pagaría por producirla en el país. Esto profundiza la crisis que tiene el gobierno en términos de reservas, las cuales se encuentran negativas en 7.000 millones, en un contexto donde el país tiene las puertas cerradas al crédito internacional y donde, a pesar del RIGI y de todas las prebendas impositivas, las inversiones no llegan.

En verano, donde crece la demanda y la perspectiva no tiende al incremento de la generación ni de mejorar el servicio, la situación promete agravarse probablemente generando un faltante, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno pretende destinar los escasos dólares del país al pago de la deuda, no a una mayor compra de energía. Esta crisis además agravará la recesión, porque impactará directamente en la actividad industrial, lo que seguramente tendrá como consecuencia aún más despidos.

Estamos en la puerta de lo que podría ser una nueva crisis energética para el verano, cuyo costo solo van a pagarlo los usuarios con sus ingresos y sus condiciones de vida. Hay que organizar la lucha contra este régimen de negociados y tarifazos.

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