Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional porteño de Juntos por el Cambio y compañero de lista de María Eugenia Vidal, se sumó a los candidatos que reclaman una reforma laboral, como agitan especialmente Randazzo, Milei y Espert. En el programa de radio Futurock planteó que veía necesarias mayores libertades para “contratar y despedir” empleados con un seguro de desempleo, es decir la derogación de las indemnizaciones y la flexibilización de los derechos laborales.

Días más tarde Horacio Rodríguez Larreta reforzó esta idea en el programa televisivo Intratables. Según él, hay que ir a un sistema como el de la construcción en la Argentina, “donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización”. Ricardo López Murphy sumó también declaraciones sobre la “necesidad de generar nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad”, lo que en otras palabras significa ahorrarle los juicios por despidos sin causa a las empresas.

La idea fuerza es que contratos más flexibles y con menos obligaciones para las patronales incentivarán la “reactivación económica”, y que ello traerá más contrataciones que permitirían reducir el desempleo y la informalidad laboral. No es nada nuevo, sino un intento de posar como voceros de los planteo de las cámaras patronales, que como la UIA gritan a los cuatro vientos la necesidad de “aggionar los convenios colectivos a las necesidades productivas”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cruzó a Tetaz por sus declaraciones, y prometió para el verano una recuperación total de los puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia. La promesa no tiene fundamento alguno, cuando los niveles de actividad económica ya se encuentran empatados con los de febrero de 2020 pero solo se recuperó el 54% de los empleos formales, lo que revela una intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo.

De hecho, es sobre la base de perpetuar este abaratamiento de la mano de obra, con salarios promedio muy abajo de la línea de pobreza, que el gobierno del Frente de Todos pretende estimular un ciclo de inversiones y crecimiento económico. Es la agenda que dominó el Congreso de la Producción y el Trabajo, que contó con participación de funcionarios, empresarios y dirigentes de los gremios industriales, y que tuvo como eje central la agenda patronal de “actualización” de los convenios colectivos de trabajo. Allí, los burócratas de la UOM y de la Uocra se mostraron abiertos a discutir cambios laborales, alegando que los convenios están “anticuados”. La gran diferencia es que en este esquema no habría grandes leyes, sino una revisión “gremio por gremio”.

Esta misma orientación es la que se expresa detrás de los planteos “convertir los programas sociales en empleo”, bajo la órbita de lo que con las organizaciones sociales de la UTEP denominan “economía popular”, que es un embellecimiento de la precarización laboral, con millones de trabajadores sin derecho alguno. Entre la juventud este flagelo es predominante: el registro del Ministerio de Desarrollo Social cuenta en este sector a casi el doble que aquellos con trabajo en blanco. Por lo demás, el Estado es el principal contratante bajo modalidades precarias, con miles de temporales y monotributistas.

Ambas variantes intentan mostrar que el problema del desempleo, la informalidad y la precarización laboral está en los “anticuados” derechos laborales. En realidad, tenemos a millones de asalariados sumidos en la pobreza, precisamente porque la desocupación y el trabajo en negro tensan hacia abajo la condiciones laborales de toda la clase obrera. Una reforma flexibilizadora va a agravar esta tendencia a la superexplotación. En cuanto a si eso redundará en más empleo, eso solo dependerá de que aparezcan ramas rentables para los capitalistas, pero incluso en ese caso alcanzará cualquier atisbo de crisis para despidos en masa y sin indemnizaciones.

El punto que une a ambos lados de la grieta, además de la intención de congraciarse con las cámaras empresarias, es que el avance sobre los convenios colectivos forma parte de las reformas estructurales exigidas por el FMI para llevar a buen puerto el acuerdo con el gobierno. Por eso solo el Frente de Izquierda plantea atacar el problema desde un lugar opuesto, peleando por el pase a planta de todos los precarizados, contra los despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin reducir los sueldos, y por un salario igual a la canasta básica familiar -hoy en $100 mil. Claro que ello forma parte de un plan integral para sacar al país del pozo, a partir de la ruptura con el Fondo Monetario, y la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior y de la banca, para volcar el conjunto de los recursos del país en un desarrollo nacional dirigido por los trabajadores.

 

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