Los últimos datos sobre la pobreza en el país son categóricos: el 44.2% de los habitantes de la Argentina son pobres y el 10.1% indigente. En cifras totales la cantidad de pobres supera los 20 millones y los indigentes rondan los 4.5 millones. Esta realidad es más grave aún entre los menores de 17 años. En esta franja etaria la pobreza llega al 64.1% y la indigencia el 16%. O sea, de cada 10 chicos casi 7 son pobres.

A pesar de estos datos categóricos el gobierno reivindica su política social, basada en una IFE de $5.000 mensuales, que lejos de sacar a las familias de la pobreza, las condena a ella. Sin embargo, y más allá de la polémica, la IFE acaba de ser eliminada por el propio gobierno.

La pobreza ya no afecta solo a la población calificada habitualmente como “excluida” (es decir aquella que de modo estructural ha sido condenada a la desocupación) sino que alcanza cada vez más a franjas mayoritarias de los trabajadores activos. Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) estimó que la mitad de los salarios formales ya está por debajo de la línea de pobreza; los salarios informales, desde ya, son aún más bajos.

Son los que reciben al menos unos 8.5 millones de trabajadores que están precarizados bajo distintas modalidades. Otro tanto, además, ocurre con las jubilaciones. Mientras la Canasta Básica de la Tercera Edad en el mes de octubre era de $ 49.614, la jubilación mínima que reciben unas 5.5 millones de personas será entre diciembre y marzo próximo de $19.035.

Bien mirado, entonces, una mayoría de jubilados también debe ser considerada como pobre. Esta Argentina empobrecida hasta lo indescriptible no puede ser explicada por la pandemia. El análisis de la serie histórica de la pobreza muestra que bajo los distintos gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha el piso de ésta se fue ubicando en el 25%, y entre los menores de 17 años en un 40%. Estos porcentajes alarmantes, sin embargo, rigen solo en momentos de crecimiento económico. Pero ante las crisis recurrentes que se ve sometida la economía nacional, los porcentajes pegan saltos significativos, como los que estamos viendo en la actualidad.

Al momento de trazar un análisis el presidente Alberto Fernández señaló que el combate a la pobreza no se soluciona con más planes sociales, sino con la creación de trabajo por parte de los empresarios. Pero omitió explicar, sin embargo, por qué eso no sucede y no ahora sino desde hace muchos años. La creación de trabajo está vinculada a la tasa de inversión. Una mirada sobre esta curva muestra que de los últimos 15 años solo alcanzó el 20% en el 2009.

Antes y después del 2009 osciló entre el 16 y el 17% y en el año en curso llegó a un mínimo de 12%. La falta de inversión por parte de los empresarios que debieran ser quienes generen empleo según Alberto Fernández explica el estancamiento del país e incluso su retroceso. Es que con esas tasas de inversión Argentina no llega en muchas áreas a reponer el capital fijo, que se amortiza con el paso del tiempo.

La contracara de la caída de la tasa de inversión es el crecimiento de la fuga de capitales que según el INDEC se duplicó desde el 2009 a la fecha. El mismo estudio estima que el stock de los capitales girados al exterior alcanza los 320.000 millones de dólares, una cifra que supera la deuda pública del país. De paso, estas cifras refutan categóricamente el discurso de oficialistas y opositores que caracterizan que la crisis se debe a que Argentina no genera las divisas necesarias para financiar su funcionamiento. Los números muestran lo contrario: el país ha generado esas divisas solo que han sido fugadas al exterior en vez de ser reinvertidas para incrementar el funcionamiento productivo.

La clase capitalista local y la internacional instalada en la Argentina bloquean que la reproducción ampliada del capital se realice dentro de las fronteras del propio país. Buscan desarrollarla en el extranjero, sea mediante la compra de activos o la especulación financiera, o vuelve al país a través de la compra de los títulos de deuda, convirtiendo a la burguesía nacional en acreedora de la propia nación. Una de las consecuencias de esa fuga sistemática de capitales son las recurrentes devaluaciones de la moneda nacional, que agravan de modo directo los niveles de pobreza e indigencia.

La pregunta que surge y que Alberto Fernández no se hace es por qué los capitalistas recurren a la fuga de capitales en vez de reinvertir sus ganancias en el país. La respuesta es simple: porque pretenden una tasa de beneficio extraordinaria, que choca con la tendencia a la sobreproducción de mercancías y capitales y la caída de la tasa de ganancia.

A partir de allí los empresarios reclaman reformas laborales, previsionales e impositivas que permitan aumentar esa tasa de beneficio, pero cada vez que se ha aplicado ese libreto los resultados tampoco fueron los prometidos. La década de los 90`, con sus reformas laborales y privatizaciones, concluyó con 4 millones de desocupados. En la actualidad, con una tasa de trabajo precarizado cercana al 40% y salarios en dólares deprimidos a niveles nunca vistos en el país, la desocupación bien calculada (es decir sin tomar en cuenta los que dejaron de buscar empleo por saber que no lo conseguirán) llegó al récord del 29%.

A la luz de lo expuesto, la pelea entre el gobierno y la oposición por ver quién es responsable de esta situación carece de sentido. Las estadísticas muestran categóricamente que la responsabilidad es ampliamente compartida. Con las diferencias y matices del caso, en la mayoría de los casos determinadas por los ciclos de la economía internacional, los oficialistas y opositores fueron alternándose en el manejo del Estado aplicando políticas similares y obteniendo resultados también similares: un país más empobrecido, sin inversión, con una economía más primarizada, y con trabajadores y jubilados pobres e incluso indigentes.

En el plano político los responsables del crecimiento de la pobreza tienen nombre y apellido: son los Mauricio Macri, los Alberto Fernández, las Cristinas Fernández de Kirchner, las Vidal y los Larreta, los Menem, De la Rúa, Alfonsín, etc. etc. Si Argentina hiciese un juicio de responsabilidades para determinar los culpables de esta situación dramática los tendría a todos ellos en el banquillo de los acusados.

A Macri, por ejemplo, por haber pedido un préstamo de 44.000 millones al FMI y terminar en default y con un cepo cambiario, y a Cristina Kirchner, que en sus 8 años de mandato pagó deuda por casi 200.000 millones de dólares pero increíblemente terminó con un pasivo mayor al que comenzó su mandato. Todos ellos debieran rendir cuentas de por qué gobernaron con la `ley` de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y Videla, que diseñó una desregulación que favoreció la fuga de capitales.

La salida a esta situación pasa por una transformación política y social integral: Argentina debe recuperar su ahorro nacional para aplicarlo a un plan de desarrollo económico dirigido por los trabajadores. Eso requiere nacionalizar el sistema financiero y el comercio exterior, establecer un relación comercial con el mundo privilegiando el acceso a tecnología, nacionalizar la gran industria y la propiedad agraria, repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y poner en vigencia un salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.

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