Políticas

7/12/2021

Legislatura bonaerense

Todos y Juntos negocian contrarreloj la reelección indefinida de los intendentes

 En las vísperas del presupuesto de ajuste de Kicillof y los bonistas buitres. 

El ingreso del proyecto presentado por el diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca, oficializó la disputa por la modificación de la norma que limita los mandatos de los intendentes bonaerenses a dos períodos consecutivos.

La ley en cuestión fue sancionada en 2016 bajo el gobierno de Vidal, en un acuerdo de Cambiemos y el Frente Renovador de Massa con la intención de debilitar a los barones del conurbano y del PJ. Casi seis años después, antes de la elección de 2023 en qué se aplicaría por primera vez, los artilugios para dejar sin efecto el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades tienen formas variopintas, compartidas por los jefes comunales del Frente de Todos y de Juntos que buscan un tercer mandato. Está en marcha un nuevo pacto.

Walter Abarca argumentó que la limitación a los mandatos viola la “autonomía” municipal y la Constitución provincial, tildando a la ley de Vidal-Massa como “inconstitucional”. Es el tiro de gracia a esta democratización trucha, porque de hecho ya son varios los alcaldes de la provincia de Buenos Aires, tanto del oficialismo como de la oposición, que en acuerdo con el gobierno nacional y provincial van cortando los mandatos para incorporarse a otras funciones de gobierno y eludir así la inhabilitación para un próximo periodo.

Esto vale para los intendentes que se sumaron al gobierno de Alberto Fernández y también para aquellos que, como Martín Insaurralde, desembarcaron en el gabinete provincial como resultado de la derrota electoral en las Paso y la arremetida del PJ contra Kicillof, Máximo y La Cámpora.

Recientemente fue Ariel Sujarchuk, el jefe comunal de Escobar, quien interrumpió los dos períodos consecutivos asumiendo como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de Vías Navegables. Se trata además de un operativo de contención para evitar que éste se decida a saltar el cerco del Frente de Todos como viene amenazando. También Jorge Macri del PRO dejó su comuna para sumarse al gobierno porteño de Larreta, con las mismas pretensiones de disputar en el 2023 y fortalecerse en la provincia. El resultado de las legislativas dejó heridos en la coalición de gobierno y en la oposición derechista, y acentuó los choques y pujas internas.

La supresión de la reelección indefinida o la variante de tomar como primer período a considerar el mandato actual “para no legislar retroactivamente” golpea fuerte al Frente de Todos y desarticula al propio kirchnerismo, como lo prueba la defensa encendida de las reelecciones sin límite del cristinista Mario Secco, intendente de Ensenada. Presidente del Frente Grande bonaerense, Secco pronunció un discurso centrado en la “unidad del peronismo” tirando un cable al PJ de la provincia de Buenos Aires y a los 41 “barones” que quieren ser habilitados para poder competir nuevamente en sus municipios. Repite la cantinela de que no se pagará la deuda con el hambre del pueblo para camuflar su apoyo al pacto fondomonetarista, y como moneda de canje para asegurarse la modificación de la ley que lo inhabilita para 2023.

En estas disputas el primer round le correspondió a Kicillof, que se resistió mientras pudo a la ofensiva en curso para desbancarlo en sus aspiraciones políticas. Martín Insaurralde, pretendido jefe de la “liga de intendentes”, le facturó al gobernador la remontada en las generales del 14 de noviembre, que sin embargo volvieron a dejar al peronismo por debajo de Santilli y Manes.

Tampoco Máximo Kirchner tiene mucho margen para trabar la modificación de la ley, que socavaría directamente los fallidos intentos de La Cámpora por abrirse paso a expensas de los pesos pesados del conurbano y de la mano de Sergio Berni. Incluso la continuidad del jefe de la Bonaerense pende de un hilo si efectivamente decide llevar hasta el final su ruptura con el Frente de Todos, mientras que propio Máximo está condicionado por la postergada asunción efectiva como presidente del PJ bonaerense. Se viene otra capitulación del kirchnerismo en retroceso.

En tren de poses, los legisladores radicales y también del PRO “defienden” la ley de Vidal para la tribuna, para aclarar después que hay que considerar cómo se implementa y cuál debe ser el mandato del que se parta. Hecha la ley, hecha la trampa, los de Juntos también invocan que debe tomarse como punto de partida el período actual y no el que abarcó desde el 2015 hasta el 2019. Amén del interés particular que tienen los 50 intendentes de Juntos que a la fecha no podrían aspirar a la reelección, en este juego entra la negociación con Kicillof para respaldar el Presupuesto Provincial 2022 y la exigencia de los fondos directos para los municipios (FIM) que fueron quitados de la “ley de leyes”. La última palabra la tienen el FMI y los bonistas, que exigen un presupuesto de ajuste como garantía de pago de la deuda externa bonaerense.

El fiasco de la ley que ahora se pretende modificar habla a las claras de la impostura de un régimen que encubre con y sin reelección indefinida la burla a la voluntad popular y que pacta los ajustes en la Legislatura y los concejos deliberantes. El régimen capitalista no existe sin el aparato burocrático y represivo al servicio de la burguesía. Los presupuestos comunales replican estos ajustes y hambrean a los trabajadores municipales que son el eslabón más débil de la clase obrera estatal. El ingreso de concejales del Frente de Izquierda llevará esta batalla a cada municipio en defensa del pueblo trabajador y postulando un programa reivindicativo y político de salida a la crisis.

Esta avanzada reeleccionista no es ajena a las garantías que exigen el FMI y el capital para que el gobierno y la oposición le pongan el gancho a los presupuestos de ajuste en el congreso Nacional, la Legislatura y los Concejos. Contra esta política reaccionaria y antidemocrática, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechaza la reelección indefinida y le opone una reorganización integral de la provincia y los municipios bajo el control de los trabajadores. A 20 años del Argentinazo, reivindicamos el derecho a la movilización por la revocatoria popular y destitución de gobernantes y funcionarios.