Hace unas semanas, el gobernador Torres presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Estatuto Docente como un nuevo ataque y forma de disciplinamiento a los trabajadores de la educación.

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo la eliminación de la Comisión Asesora de Disciplina encargada, según el Estatuto Docente, de ser la última instancia en un proceso de investigación ante una falta cometida por algún docente que diera lugar a sanciones; teniendo la facultad de intervenir en el estudio del sumario una vez que el instructor haya producido su dictamen, la Supervisión Técnica General haya propuesto sanciones y la Asesoría Legal se haya expedido en relación al procedimiento seguido para dilucidar el asunto investigado, cargos formulados y sanciones propuestas. Esta Comisión que pretende eliminar Torres es la encargada de intervenir cuando se interponen recursos de apelación, así como también es la que tiene la potestad de pedir la ampliación de una investigación en caso de considerarlo necesario.

¿Cuál es la fundamentación que expone el gobernador de este nuevo ataque a la docencia? Básicamente son dos puntos, el tiempo que se toma esta Comisión y que ésta la componen docentes, es decir “pares”. ¿Cuál es el verdadero objetivo? En primera instancia continuar en la tónica de la eliminación de derechos de los trabajadores docentes, como lo vienen haciendo con la mal llamada “profesionalidad docente” que no es ni más ni menos que la aplicación del “presentismo”, pasando por sobre el régimen de licencias, logrando que los docentes vayamos a trabajar enfermos para no perder unas míseras monedas (con todos los riesgos que esto conlleva en la salud pública, también desfinanciada); como lo viene haciendo descontando días de paro, los salarios de pobreza y escuelas que se caen a pedazos. 

Pero el objetivo fundamental de este nuevo ataque es el de disciplinar y perseguir a los docentes, imponiendo sumarios y sanciones a quienes osen asomar la cabeza y luchar por sus derechos. No es novedad la escalada en criminalizar y judicializar la protesta social, y esta modificación del Estatuto Docente tiene esa misma finalidad. Ejemplos de persecución y judicialización a los docentes sobran, como Murphy, Goodman y Juárez.

El nivel de caradurez de este gobierno es tal que, en la Comisión que trató este proyecto, lo fundamentaron exponiendo que la causa de Sancci proscribió por existir la Comisión Asesora de Disciplina, cuando todos sabemos que esta causa nunca hubiese existido si no fuese por la lucha que se llevó adelante y que la proscripción se dio por la banca que tiene por parte del poder de turno; con o sin Comisión los métodos espurios que utilizan son los mismos.

Desde el Partido Obrero FIT-U, presentamos en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Educación, José Luis Punta, para que de explicaciones de la crisis educativa que vivimos en la provincia.

Por todo esto, desde Tribuna Docente, rechazamos este nuevo ataque a la docencia y llamamos a todos los trabajadores de la Educación a organizarse contra estos embates.

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