El “tractorazo”, la protesta de un sector de productores rurales, comenzó el sábado después del mediodía. La caravana circuló desde Avenida del Libertador y Udaondo hasta Plaza de Mayo y se procedió a la lectura de un documento con un mensaje del campo al gobierno, en el que reclamaron “bajar la presión tributaria” ante la posibilidad de que el gobierno meta mano en los beneficios extraordinarios que les aporta el aumento de los granos.

Por detrás de esta escaramuza se encuentra un choque entre los intereses de los especuladores del agro con las metas fiscales, que se desprenden del acuerdo firmado con el Fondo. En ese sentido la movida tuvo un “carácter preventivo” ante la posibilidad de que se plantee un aumento de las retenciones como parte de las demandas del organismo y del capital financiero para reunir los dólares que cumplan con los vencimientos de deuda. Los mismos sectores capitalistas nacionales, incluido el agro, que presionaban por firmar cuanto antes un acuerdo con el FMI, a la espera de regresar al mercado crediticio o que ello devenga en condiciones más favorables para la rentabilidad de sus negocios, se topan ahora con los “peligros” que este les impone.

A horas del inicio de la medida, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a hablar en representación del gobierno y prometió que no subirán las retenciones: “Las retenciones no se van a aumentar. Si hay algún un reclamo que valga la pena y alguna necesidad urgente la atenderemos”. Al finalizar la caravana de tractores, el ministro agregó “ningún productor se vería afectado por una eventual ley sobre las “rentas inesperadas”.

El gobierno retrocede en chancletas con lo que prometía ser una ley que aumentara los impuestos a las ganancias exorbitantes que está percibiendo el sector agroexportador, producto del aumento de los precios internacionales en granos y a costa de golpear el bolsillo de millones de familias trabajadoras, con el presunto objetivo de “redistribuir la riqueza”. Claro está que el gobierno no busca ni de cerca ir a un choque con el campo y que el impuesto a la “renta inesperada” es una medida para la tribuna cuando ni siquiera contaban con el quórum en el Congreso para poder aprobarla. Las exportaciones agrarias son una de las principales vías de ingreso de divisas en el marco de este pacto de pago con el FMI. El gobierno intenta arbitrar en la tormenta de las condiciones explosivas que se imprimen en su propia orientación económica, dispuesta desde el minuto cero, a cumplir con el Fondo y los acreedores del país.

Mientras tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los diputados nacional María Eugenia Vidal y José Luis Espert se hicieron presentes en la movilización de tractores brindando todo su apoyo y solidaridad para con el sector, desnudando el carácter de clase que se imprime en las políticas reaccionarias que utilizan para avanzar contra la protesta social. Queda claro que las medidas de fuerza que les molestan tienen que ver con cuál sea la clase social que las lleve adelante. Por eso las patronales del campo no estarían “usando a los chicos de escudo”, como dijo Larreta sobre el acampe del movimiento de desocupados, porque siquiera se plantea la posibilidad de que las fuerzas policiales, hostiles una y otra vez con los piqueteros, puedan llegar a reprimir a los capitalistas del agro. También guardaron la bandera del derecho a circular y del Movimiento Antipiquetero de Marra, que utilizan para tratar de delincuentes a quienes exigen trabajo genuino y alimentos en los comedores.