El rumbo emprendido por la vicepresidenta Cristina Kirchner da muestras de una intención de empatizar con las patronales, adoptando una postura cercana al “diálogo” con los interlocutores, planteos y el programa de la derecha.

La reciente reunión con el expresidente del Banco Central (en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri, de manifiestos vínculos personales con el exmandatario) y economista al frente del Ieral, Carlos Melconian, expresa una agenda política de la vicepresidenta, quien busca refrescar su imagen ante la clase capitalista.

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), creado por la Fundación Mediterránea, es un espacio de las grandes patronales (Techint, Pan American Energy, Mastellone, la banca privada, etc.) para formular informes y fijar posición respecto a las tareas económicas, políticas y sociales planteadas, desde una óptica patronal.

La reunión tuvo el propósito de empatizar con estos sectores. Como bien lo señaló Melconian, su programa apunta a una mayor reducción del gasto público y la emisión monetaria, y a una liberalización del tipo de cambio (devaluación), entre algunas de las políticas a adoptar de inmediato.

El encuentro se da en medio de que Cristina Kirchner asumiera la representación de los intereses de las patronales en un punto donde hace tiempo han puesto la mira: el desmantelamiento de los programas sociales y las organizaciones piqueteras.

En su último discurso público, la vicepresidente reclamó el pase de todos los programas sociales a la órbita del Estado, bajo el control de los intendentes y gobernadores, sumándose así al programa enarbolado por la derecha, desde Macri y Bullrich hasta Milei.

La propuesta de Cristina es otro favor a las patronales, las cuales exigen la eliminación de los planes sociales –o su conversión en empleo ultraprecarizado- para allanar el camino a un mayor ataque a los salarios y condiciones laborales, imponiendo una depresión salarial mayor y una reforma laboral antiobrera.

A esto debemos sumarle la denuncia del fiscal federal Marijuan contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Gabriel Solano, del Partido Obrero, que se vale de la orientación impresa por la vicepresidenta y la campaña sucia de los medios de comunicación patronales, que busca judicializar a las organizaciones piqueteras e independientes, que luchan contra el ajuste.

Cristina no utiliza su “distanciamiento” del gobierno para acercarse a los sectores populares y a la lucha contra el ajuste y el FMI, sino todo lo contrario: da muestras ante el capital de que su agenda no se aparte de los intereses generales de los capitalistas y el FMI, buscando revalidarse como una interlocutora de esos intereses ante la crisis.