Empresarios de la Federación de Cámara de Emergencias Médicas y Salud Domiciliaria (FEM) y cámaras patronales del transporte del AMBA acaban de anunciar que sus servicios podrían verse reducidos o paralizados completamente como consecuencia del descalabro económico producido por la superdevaluación aplicada por el gobierno de Javier Milei. Las patronales del transporte han dicho que incluso peligra el pago del aguinaldo.

El carácter criminal de la política de los capitalistas y su nuevo gobierno se está expresando como nunca en el plano de la medicina. La FEM advirtió que muchas empresas pueden bajar sus persianas si los gobiernos no les dan luz verde para ir hacia un aumento general de sus tarifas. En este sentido, anunciaron que si no reciben una respuesta “empezarán a dejar de realizar traslados programados (altas de internaciones, derivaciones entre instituciones, traslados por estudios, traslados por mayor complejidad) para priorizar y garantizar la atención de urgencias y emergencias” (Ámbito, 14/12).

Está en peligro la salud de un sector considerable de la población. Esto, cuando las empresas de medicina han venido recibiendo todo tipo de prebendas por parte del gobierno de Unión por la Patria (aumentos y exenciones impositivas). Si las compañías llevan adelante cierres o disminuciones de servicios no solo quedarían a la deriva muchísimos pacientes sino que también habría despidos. Es lo que está ocurriendo en la Clínica de los Virreyes, donde los trabajadores y las trabajadoras están luchando contra el vaciamiento y el cierre de la patronal peronista de Víctor Santa María.

Por su parte, el 40% de las empresas de colectivos del AMBA redujo su frecuencia. A través de un comunicado, distintas cámaras patronales señalaron que la devaluación y su impacto en el precio de los combustibles y de los insumos y repuestos puso en jaque sus operaciones. Están presionando para que el gobierno no corte el chorro de los subsidios y también por tener vía libre para aumentar el precio de las tarifas a un nivel insoportable para las masas trabajadoras. Como parte del plan motosierra, Milei y Caputo quieren avanzar en este sentido, solo que no han terminado de definir la magnitud tanto de las subas como del recorte en las subvenciones estatales.

La tentativa del gobierno de Milei es reproducir los precios internacionales de los combustibles en el plano interno. Esto, sumado al recorte de subsidios a las empresas (lo que vendría acompañado de aumentazos), podría llevar el costo del boleto a $700. Es inviable socialmente. Los patrones del transporte han utilizado los subsidios que les han otorgado todos los gobiernos capitalistas para expandirse en el mercado y llenar sus bolsillos mediante distintos chanchullos y no para mejorar la calidad de un servicio que se encuentra deteriorado.

La amenaza de no pagar el aguinaldo es una maniobra pérfida, con la que las empresas no solo apuntan a ejercer presión para obtener los aumentos sino también a colocar a los trabajadores como furgón de cola de sus reclamos. Los choferes del AMBA tienen planteado avanzar en una deliberación que dé lugar a la organización de un plan de lucha para conquistar el pago del aguinaldo. UTA se mantiene en silencio, siendo cómplice de las patronales ajustadoras.

Como se ve, el programa del gobierno de Milei es incompatible con las necesidades de la clase obrera. Está planteado que los trabajadores se organicen para defender sus puestos de trabajo y por el pago a término de su salario.

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