No solamente las prescripciones del FMI apuntan a un mayor endeudamiento del país, sino que este es cada día más usurario. Por un lado, el Banco Central afirmó que prevé alcanzar tasas reales positivas en el mes de abril, lo cual empuja a que el Tesoro suba los intereses de los bonos que emite. Vale señalar que el gobierno establecerá tasas positivas para los bancos y los fondos de inversión reconociendo una pauta inflacionaria superior al 50%, mientras que busca imponer paritarias, como en el caso de la docencia, por detrás de la inflación. Por otra parte, se avecina un compromiso con el Club de París por casi USD 200 millones.

La “letra chica” del acuerdo con el Fondo contempla un incremento anual de la deuda en pesos del 2% del PBI, en pos de cubrir por esa vía el déficit fiscal apelando lo menos posible a la emisión monetaria. Ahora bien, si reparamos en la reciente licitación de deuda que hizo Economía -por $375 mil millones para hacerle frente a vencimientos de $317 mil millones- observamos tasas más elevadas que antes, del 53,7% para algunos instrumentos. A su turno, el 57% de los títulos colocados vence este mismo año, es decir, son a corto plazo.

Sucede que tras la creciente suba de la tasa del Banco Central, como parte de las exigencias del Fondo para contener la inflación y desalentar una corrida hacia el dólar, el gobierno se ve obligado a ofrecer intereses cada vez más altos y plazos cada vez más cortos en los bonos que emite para hacer atractivas esas inversiones financieras e incluso lograr que los bancos canjeen sus tenencias en letras del BCRA por títulos del Tesoro. De este modo, el endeudamiento nominado en moneda local va adquiriendo niveles sumamente usurarios: se encarecen los vencimientos venideros los cuales son absorbidos colocando nueva deuda, configurando una bola de nieve explosiva tanto en el Central como en el Tesoro.

Solo hasta mayo los vencimientos en pesos suman $800.000 millones. Estos compromisos, junto a la indicación de suplir el déficit fiscal con deuda y restringir la emisión monetaria, coloca al conjunto de la economía nacional a merced de los bancos y los fondos de inversión. Si las próximas licitaciones de deuda no obtienen el resultado esperado, el gobierno optará por ajustar el gasto público para cancelar dichos vencimientos. Por otra parte, las presiones devaluatorias para licuar el endeudamiento en pesos estarán a la orden del día, con consecuencias directas sobre la inflación.

Este sometimiento al capital financiero también se refleja en los USD 188 millones que se le pagará al Club de París el 28 de febrero, que no implica desendeudamiento alguno y es el requisito previo para poder refinanciar la deuda por USD 2.400 millones que el país tiene con el organismo. Con las reservas del BCRA en estado crítico, el gobierno no tiene ningún reparo en seguir desplumando las arcas públicas para rescatar ese compromiso usurario, en el que rige una tasa leonina del 9% pactada por Kicillof cuando era ministro de Economía bajo el mandato presidencial de Cristina Kirchner. En ese sentido, la negativa del FMI a eliminar la sobretasa nos deja en pésimas condiciones para renegociar la deuda con el Club de París.

Esa orientación al servicio del pago de la deuda externa nos ha conducido a la bancarrota actual, y, contradictoriamente, mientras más pagamos más debemos y así seguirá siendo. Sin ir más lejos, los próximos vencimientos con el FMI, comenzando por los USD 2.800 millones a pagar en marzo, serán solventados a partir de contraer nuevos préstamos en dólares. En definitiva, estamos en presencia de una hipoteca impagable donde el acuerdo actual no nos libra de un default a futuro, que incluso se puede precipitar en caso de que el FMI decida retacear los desembolsos previstos si el ajuste en el país no evoluciona a los ritmos dictados por el organismo.

Un callejón sin salida, de mayor endeudamiento y empobrecimiento generalizado, al cual debemos oponerle el repudio de la deuda usuraria, la ruptura con el FMI y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior en función de destinar el ahorro nacional al desarrollo productivo y a resolver las necesidades populares.