Ocurrió el 8 de octubre de 1973. Los 8 de octubre, sabido es, se conmemora oficialmente el nacimiento del general Perón, aunque la fecha y el lugar de su natalicio nunca se conocieron con certeza; él mantenía con su pasado vínculos oscuros y secretos.

Esa noche, cuando faltaban cuatro días para que Perón asumiera la Presidencia por tercera vez en su vida, su jefe personal de seguridad, el teniente coronel Jorge Osinde —antiguo represor y torturador en tiempos de la siniestra Seguridad de Estado, en los primeros años ‘50— le organizó al general un agasajo muy peculiar en la casona que el PJ le había comprado a su líder, en la calle Gaspar Campos de Vicente López.

Se trató de una comida a la que asistieron casi 500 suboficiales del Ejército y un equipo numeroso de matones civiles, entre ellos uno de los primeros integrantes de la Triple A: Saturnino Castro (a) “El Potrillo”, cuyo hijo Jorge, militante del ERP y sobreviviente de aquellos días, dio testimonios extensos y minuciosos sobre las actividades criminales de su padre.

Otro miembro fundador de la Triple A, el ex teniente primero Horacio Salvador Paino, también relató lo sucedido esa noche en Gaspar Campos ante la Cámara de Diputados de la Nación (véase, por ejemplo: Del Frade, Carlos: “Los prólogos”, en Argenpress, 25/12/06).

Perón habló a sus invitados en tono de arenga, ejerció sobre ellos una fuerte presión política: les dijo que los necesitaba, que le resultaba imprescindible tener con él a suboficiales del Ejército Argentino y a “civiles leales” para cumplir las tareas “que el momento exige”.

De aquellos 500 militares, sólo se quedaron unos 200 para una reunión posterior, ya de madrugada. A ellos, Perón les dijo: “Después Lopecito (por José López Rega) se va a encargar de organizarlos”.

Esa noche, oficial y personalmente, Perón dejó inaugurada la Alianza Anticomunista Argentina, que en un primer momento no se llamó así sino “Comando Libertadores de América”.

Primeros crímenes

Aquella banda comenzó a operar enseguida, en ese mismo octubre de 1973, con los asesinatos del periodista José Colombo, en San Nicolás, y del dirigente peronista Constantino Razzetti, en Rosario; no, como sostiene en su resolución el juez Norberto Oyarbide —viejo cuadrito del catolicismo integrista y hombre de la Policía Federal, con cuyos “grupos de tareas” estuvo vinculado durante la dictadura— el 21 de noviembre de ese año, cuando atentaron con bomba contra el entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, a quien no lograron asesinar pero sí hirieron de gravedad. De todos modos, ese ataque se produjo ya bajo gobierno de Perón, a quien Oyarbide evita mencionar.

Empero, la estructura de esa organización criminal no descansó básicamente en aquellos suboficiales del Ejército sino en la Policía Federal. Eso fue especialmente así desde que Perón designó jefe de esa fuerza a otro viejo represor y asesino de la “libertadora”: el comisario Alberto Villar.

Entre los organizadores de la Triple A estuvo, se sabe, Miguel Angel Rovira, agente civil de inteligencia de la PFA, quien hasta no hace mucho fue jefe de seguridad de Metrovías, de donde consiguieron expulsarlo la movilización de los trabajadores de la empresa y los escraches de la agrupación Hijos.

En definitiva, la Triple A no fue una organización parapolicial o paraestatal, sino un organismo clandestino del propio Estado armado desde el despacho del general Perón. Los esquemas y posibles organigramas de ese tipo de bandas le habían sido proporcionados a Perón en España por represores veteranos del régimen franquista. A tal punto fue así que, más de 30 años después, uno de los responsables operacionales del equipo criminal, el ex subcomisario Rodolfo Almirón (a) “Coquibus”, continúa protegido por Manuel Fraga Iribarne, ex presidente de la Comunidad gallega y ex ministro de Francisco Franco, el jefe fascista que durante tantos años dio asilo a Perón.

Algunos antecedentes

El verdadero coordinador de la Triple A, Jorge Osinde, ya había hecho una práctica en gran escala con la masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, cuando Perón regresó a la Argentina por segunda vez desde su derrocamiento. Al día siguiente, por cadena de radio y televisión, Perón elogió a Osinde, defendió a los masacradores y calificó de “infiltrados” a quienes habían sufrido aquella represión criminal. Desde ese momento, no podía haber dudas sobre qué partido tomaba el general, quiénes lo habían traído y por qué.

Se trataba, por cierto, del político burgués más popular y con mayor autoridad de masas de la historia argentina, lo cual no era gratuito. Él, sin desarrollar jamás una política nacional democrática, que lo habría obligado a romper con el imperialismo —algo que en ningún momento se propuso—, hizo a los trabajadores concesiones democrático-sociales históricas y los integró al Estado burgués.

Pero en 1973, cuando Perón regresó convocado por quienes lo habían derrocado en 1955, toda la acción del movimiento obrero se orientaba hacia la independencia de clase y, por tanto, apuntaba contra la línea de flotación del régimen político. Los “libertadores” esperaban que la autoridad de Perón le permitiera contener el conflicto, pero el general sabía que no le resultaría suficiente. Resultaban necesarios, pues, los militares, policías y “civiles leales” para hacer frente a las tareas “que el momento exige”.

Por lo demás, antes de asumir la Presidencia, Perón había contribuido a la caída de Salvador Allende en Chile al ordenar, por medio de su vicario Héctor Cámpora, que las masas movilizadas en toda la Argentina se retiraran de las calles. De inmediato obedecieron la JP y el Partido Comunista, de modo que la dictadura chilena tuvo tranquilidad del otro lado de la Cordillera.

Luego, ya en el gobierno, Perón permitió a una delegación de la Dina, la policía política de Pinochet, instalar una oficina en Buenos Aires, en la calle Moreno, frente al Departamento Central de la PFA, para espiar y perseguir a la colonia de exiliados chilenos. También fueron perseguidos militantes brasileños huidos de la dictadura del general Geisel, y algunos de ellos fueron secuestrados aquí, trasladados a su país y “desaparecidos”, de todo lo cual podemos dar detalles en otro trabajo. Pero el “Plan Cóndor” empezó con Perón, aunque, cierto es, tras el golpe de 1976 adquiriría proporciones alucinantes.

El ocultamiento

Resulta preciso referirse a esos hechos con todo rigor, porque la “progresía” argentina insiste en atribuir las acciones de la Triple A sólo a Isabel Perón, una continuadora feroz porque carecía, a diferencia de su marido, de cualquier autoridad; y, sobre todo, a López Rega, un sujeto con problemas psiquiátricos que hacían de él casi un fronterizo, cuya única función fue robar del Ministerio de Bienestar Social los fondos exigidos por el financiamiento de la Triple A.

Así, por citar un caso, Página/12, en su edición del 27 de diciembre de 2006, habla, al referirse a la AAA, de “los ataques, secuestros y asesinatos que sucedieron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón”. ¿Y los cometidos antes? Como si no hubiesen existido.

El boletín oficial del gobierno, condición asumida conscientemente por Página/12 —he ahí la importancia de lo que dice—, ha decidido encubrir pos mortem a Perón, ideólogo, creador y jefe de la Triple A.