Juan Manzur, el gobernador de Tucumán, finalmente firmó la renuncia condicionada para el juez Francisco Pisa, una verdadera jubilación de privilegio que asciende a más de trescientos mil pesos.

Este juez fue quien cajoneó las 14 denuncias que Paola Tacacho, víctima de femicidio, argumentando cosas irrisorias, como que les faltaba lugar para guardar los expedientes o que no había pruebas suficientes, siendo que eran sobradas las pruebas del acoso que sufría Paola desde hacía 5 años. Además, sobreseyó a Mauricio Paradas Parejas, su acosador, quien finalmente acuchilló a Paola en la vía pública para luego suicidarse de la misma forma.

La familia Tacacho, oriunda de Salta, denunció que este accionar no era simple desidia ni coincidencia, sino que Donald Paradas Parejas, hermano del femicida, es un fuerte allegado al gobierno provincial y a miembros del poder judicial, por lo que sería este el motivo que llevó al desamparo de la justicia en el caso de Paola.

También, Pisa intervino en distintas causas en las que estaban implicados Manzur, Alperovich y Betty Rojkes de Alperovich, demostrando que el presta y cobro de favores entre los distintos poderes es la forma en la que se manejan.

La medida de Manzur se dio horas antes de que la Legislatura tucumana tome una decisión en referencia al pedido de juicio político contra Pisa dejándolo desestimado.

Este mismo accionar tuvieron con la fiscal Giannoni, quien en el caso de Lucía había perseguido y acusado a lxs médicxs que practicaron la ILE a la niña, así como también lo hizo su par Alperovich en el caso Paulina Lebbos con el fiscal Albaca. Es justamente a un día de cumplirse los 15 años de este femicidio, que se conoció la sentencia firme de funcionarios que habían sido condenados en 2019 por el encubrimiento, pero dejan sin tiempo para extender la investigación hacia el mismo Alperovich y otros allegados al poder que estarían involucrados. Es así como el gobierno de Tucumán mantiene la impunidad en la provincia.

Al conocerse esto, el 24/2 movilizamos a casa de gobierno a horas de la tarde. Allí hubo un fuerte despliegue policial que quería impedir la manifestación y hubo forcejeos con la familia de Paola (que había viajado desde Salta justamente por la sesión en la legislatura por el juicio político y se encontraron con la novedad al llegar) y con Alberto Lebbos, padre de Paulina.

Denunciamos este accionar represivo de la policía de Manzur y hacemos responsable al gobierno de lo sucedido. No se puede esperar nada distinto de este Estado misógino y femicida.
El viernes 26/2 nos movilizamos nuevamente, como hace 15 años, para exigir justicia por Paulina Lebbos. Redoblemos la lucha contra este Estado garante de femicidas y abusadores ¡Basta de impunidad!

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