En las últimas horas se conoció públicamente que un grupo de comisionados comunales (funcionarios que gobiernan pequeñas comunas del interior provincial) se vacunó en forma irregular en la provincia; falsearon su edad y así consiguieron un privilegio en el marco de un ilícito. Esta denuncia realizada por el Sitas (sindicato del personal de la salud) se suma a otra que se realizó hace un tiempo sobra la vacunación de privilegio de empleados administrativos que se movían alrededor de la ministra de Salud, Rossana Chahla.

La ministra de Salud de la provincia y el gobernador Juan Manzur salieron a respaldar este proceso aludiendo a que se trata de personal “de riesgo”, algo que es totalmente falso ya que además de ser menores de 60 no tienen ningún antecedente que los ubique en un grupo especial que les permita vacunarse anticipadamente. Simplemente se trata de vacunados VIP, es decir, personas que usaron su influencia política para cometer un ilícito. Con el mismo criterio, los “nacionales y populares” vacunaron a distintos funcionarios políticos, sindicalistas familiares y amigos.

No es extraño que Manzur y su ministra justifiquen cualquier barbaridad que se haga en el marco de la pandemia. El gobernador no para de culpar a supuestas fiestas privadas del aumento de contagios. Lo que no dice Manzur es que un gran número de las reuniones sociales y las fiestas clandestinas surgen de su propio gobierno. El mismo gobernador y su vice no paran de realizar actos políticos en toda la provincia, asados, reuniones y cualquier cosa que se le pase por delante. Concejales del oficialismo arman fiestas nocturnas y reuniones masivas en el interior, uno de ellos fue corrido del Concejo Deliberante de Monteros por armar una fiesta clandestina. A las pocas semanas fue contratado como personal de gabinete del Ministerio del Interior. Vergonzoso.

Algo similar pasa con las escuelas. Luego del anuncio de Alberto Fernández sobre el cierre de las clases presenciales a nivel nacional, el gobernador miró para otro lado. No se suspende nada en Tucumán a pesar de que este año fallecieron ya nueve docentes. Los docentes en general repudian el accionar del gobierno, pero Manzur se mantiene firme, todo sigue.

La insistencia en culpar a las reuniones sociales en el avance de la pandemia y hacer foco constante en las “responsabilidades individuales” no es más que una excusa para absolver al régimen político y a su propio gobierno. En la provincia no se detuvo prácticamente nada, las patronales y la interna del PJ marcar el ritmo de los contagios.

La vacunación camina lentamente y con denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición. No hay vacunas para trabajadores del citrus, ingenios, empleados de comercio y demás laburantes que a diario tienen que exponerse en el marco del avance de los casos. Incluso los mayores de 70 años, que sacaron turno en enero, siguen esperando ser vacunados. Nuestra provincia recién lleva inmunizados, con las dos dosis, al 3% de la población y tiene más de 1.700 muertes por Covid.

Desde el Partido Obrero rechazamos el régimen VIP de vacunación y proponemos que se incaute el principio activo que produce el principal financista de Manzur, Hugo Sigman, en Garín, Provincia de Buenos Aires, para avanzar urgente en un plan que garantice la provisión de vacunas inmediatamente.