En un reciente artículo publicado en The New York Times, los periodistas Peter S. Goodman y Daniel Politi hacen un análisis del crecimiento de la pobreza en Argentina. Allí señalan que las sucesivas devaluaciones, la escalada inflacionaria y la falta de inversiones configuraron una realidad en la cual el 42% de la población del país se encuentra bajo la línea de pobreza en la actualidad. Sin embargo, en la misma nota, embellecen la política de rescate de la deuda externa, que, en definitiva, es la fuente de los desequilibrios económicos que conducen a un empobrecimiento generalizado. A su vez, el artículo carga las tintas sobre la asistencia social a la hora de explicar las causas de la inflación.

Fuga de capitales

Goodman y Politi describen acertadamente que uno de los elementos que ha provocado subas en los precios fue la corrida hacia el dólar que tuvo lugar el año pasado, el cual presentó un alza del 148% desde que asumió Alberto Fernández. No obstante, evitan señalar qué clase social fue la responsable de semejante fuga de capitales y, en su lugar, realizan un análisis sesgado del problema diciendo que “la pandemia ha acelerado el éxodo de las inversiones extranjeras, lo que hizo caer el valor del peso argentino”.

Sin embargo, la estampida de las multinacionales ocurrió en un marco de corrida cambiaria más general impulsada por la clase capitalista, la cual provocó una abrupta “caída en valor del peso argentino”. La burguesía utiliza todo tipo de mecanismos para dar lugar a una incesante fuga de capitales. Sin ir más lejos, los datos del Indec reflejaron que la cantidad de dinero que los residentes privados del país tienen declarado en el exterior o fuera del sistema financiero local alcanza los 336.200 millones de dólares, monto equivalente a un Producto Bruto Interno (PBI).

El giro de ganancias al exterior y la no reinversión en el país, la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, o bien, la inversión en forma de créditos por parte de las casas matrices hacia sus filiales en Argentina son mecanismos que utiliza el gran capital para viabilizar una fuga de divisas.

A su vez, el pago sistemático de la deuda externa usuraria es otro factor que atenta contra las reservas del Banco Central; el propio Alberto Fernández lleva gastados 250 millones de dólares en dos cupones de intereses -uno del bono Par y otro de Letes- y 100 mil millones de pesos en intereses de deuda con el FMI. Al mismo tiempo, el rescate estatal hacia las patronales (ATP) a través de una emisión monetaria descomunal fue utilizado por estas para hacerse de dólares.

La reducción en las inversiones foráneas tiene como telón de fondo una crisis de sobreproducción a nivel mundial en la que el capital encuentra serias dificultades para valorizarse. De este modo, el gran capital se vuelca cada vez más al mercado especulativo. El hecho de que los fondos de inversión Pimco y Templeton sean acreedores del grueso del endeudamiento en pesos de Argentina da cuenta de esta tendencia imperante y de la dirección que toman las mentadas “inversiones internacionales”.

Estamos en presencia de una contradicción, intrínseca al régimen social capitalista, que busca resolverse por parte de la burguesía a costa de mayor flexibilización laboral, licuación de salarios, despidos y cierres. Quienes nos gobiernan muchas veces quieren imponer esta agenda construyendo el relato que esa es la vía para “ordenar la economía” y resolver los problemas sociales. Tal afirmación ha sido desmentida por la historia: los sucesivos gobiernos, de la dictadura a esta parte, han intentado descargar la crisis que genera la clase social dirigente sobre las espaldas del pueblo por medio de la reducción del “costo laboral”; sin embargo, estos planes antiobreros no han redundado en una mejora social, sino todo lo contrario, han dado lugar a mayores índices de pobreza.

El mito del FMI con sensibilidad social

Volviendo al artículo en cuestión, el mismo se encarga de construir un mito acerca de los acreedores de la deuda. Sostiene que el acuerdo arribado con los bonistas el año pasado fue provechoso para Argentina, cuando afirma que “los inversores acordaron finalmente reducir el valor de alrededor de 66.000 millones de dólares en bonos, superando la oposición del mayor administrador de activos del mundo, BlackRock”. Se trata de una visión interesada sobre los hechos, dado que las concesiones gubernamentales en aquella negociación fueron mayúsculas: por un lado, el capital de la deuda fue reconocido en más de un 98% y los intereses en un 60%, es decir, por una deuda de 68.000 millones de dólares, el país deberá pagar en las próximas dos décadas alrededor de 95.000 millones; además, se reconoció un valor presente neto de 54,9 dólares por cada lámina de 100, por bonos que habían sido defaulteados en 2001 y, por último, rigieron en el canje cláusulas de litigación leoninas que dejaron al país a merced de los buitres.

En ese sentido, los autores, si bien reconocen que el gobierno adoptó una actitud dialoguista con el Fondo Monetario Internacional, le reprochan que busque postergar el acuerdo con el organismo para después de las elecciones ya que, según su visión, “el actual FMI, encabezado desde hace dos años por Kristalina Georgieva, ha moderado la tradicional obsesión de la institución con la disciplina fiscal. Ha alentado a los gobiernos a imponer impuestos a la riqueza para financiar los costos de la pandemia”. Esto no solo es un intento de embellecer al FMI, sino que también pretende desconocer que el ajuste fondomonetarista del gobierno ya ha comenzado, más allá de que busque reestructurar la deuda por 45 mil millones de dólares que tiene con el organismo una vez pasadas las elecciones. Estas políticas de ajuste se reflejan en la reforma jubilatoria que tuvo lugar el año pasado, en la quita del IFE, en una paritaria ruinosa para los trabajadores del Estado y, más claramente, en la negativa del gobierno de proceder a un cierre más amplio de la actividad económica ante el agravamiento de la pandemia para no tener que implementar medidas de asistencia económica que este tipo de restricciones ameritarían.

Lo interesante es que muestra cómo la aplicación del impuesto a la riqueza por parte del gobierno no tuvo que ver con ninguna bandera progresista, sino con recomendaciones del propio FMI. Con la salvedad de que la versión argentina del impuesto no estuvo destinada a afrontar la crisis sanitaria, sino a recaudar fondos para subsidiar el fracking. Incluso, Alberto Fernández está evaluando utilizar los 4.300 millones de dólares que le girará el FMI -Derechos Especiales de Giro- por motivo de la pandemia para pagar los próximos vencimientos de deuda.

Por otro lado, formulan la hipótesis de que “la administración se enfrenta a un duro cuestionamiento desde la izquierda, con una expresidenta -y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner- que exige una postura más combativa frente al FMI”. CFK, lejos de significar una postura más radicalizada al interior del gobierno, ella misma aseguró que de ninguna manera se inclinaba por el no pago (de hecho, el ministro Guzmán, quien encabeza las negociaciones con el FMI, es del riñón cristinista). Lo único que hizo la vicepresidenta fue suplicar por mayores plazos y menores tasas de interés, a sabiendas de que los vencimientos que se aproximan son impagables.

Evidentemente, The New York Times juega el papel de vocero de un sector del ala patronal y del capital financiero que brega por un acuerdo lo antes posible con el FMI, en pos de regularizar el crédito internacional; algo que de ninguna manera está garantizado en un cuadro de bancarrota nacional, en medio de un panorama mundial signado por la recesión y la guerra comercial. Sin ir más lejos, la tendencia alcista de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense atenta contra estos objetivos. De todas maneras, estos son los intereses que llevan a la línea editorial a desenvolver la tarea de minimizar las intenciones ajustadoras del FMI, ocultando las reformas antipopulares que enarbola dicho organismo.

La publicación se encarga de embellecer la política de rescate de la deuda ocultando las contradicciones que esa orientación acarrea. A tal punto, que presenta a Alberto Fernández como un tomador de deuda “responsable”, diferenciándolo de su predecesor, Mauricio Macri. Este relato pasa por alto que Fernández dio lugar a un endeudamiento en dólares a una tasa del 16% para sostener la frágil “pax cambiaria”.

¿A dónde va la emisión?

El artículo plantea que la inflación sigue subiendo a causa de la abundante emisión monetaria que supone la asistencia social por parte del Estado. Para sostener esta hipótesis, los autores enmarcan al actual presidente en una conducta que para ellos es habitual en el peronismo, afirmando que “los políticos peronistas a partir de allí han dado amplia ayuda a las comunidades en problemas y gastado al infinito, pagando las cuentas con la emisión. Eso frecuentemente ha producido una inflación desatada, crisis y desesperación”.

Está claro que la emisión monetaria genera inflación, ahora bien, los principales beneficiados por la emisión son las patronales y las industrias petrolera y energética a través de subsidios siderales, junto con la banca privada, la cual recibe sumas millonarias por parte del Banco Central como producto de especular con las Leliqs y Pases. El “gasto público” que insume la magra asistencia estatal hacia las familias más empobrecidas representa una mínima parte de la emisión monetaria, si lo comparamos con la erogación de fondos estatales destinada a las prebendas que reciben los capitalistas. Pero al New York Times solo le interesa recortar el primero.

Para tener una referencia, en el año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó 133.234 millones de pesos en políticas alimentarias, mientras que el gobierno pagó 700.000 millones a los banqueros en concepto de intereses de Leliqs y Pases, financiado por medio de la emisión. Tampoco son comparables los 270 mil millones destinados el año pasado para el IFE (el cual no fue repuesto) con los 4.781 millones de dólares que desembolsó el Estado nacional desde 2019 para subsidiar la energía eléctrica, la cual se apresta a nuevos tarifazos sobre el bolsillo popular.

Un dato contundente es que teniendo en cuenta la inflación interanual de marzo -del 42,6%-, las transferencias corrientes al sector público, contemplando el mismo período, tuvieron una variación negativa del -14,6%; mientras el gasto de capital experimentó un incremento del 142,4% interanual.

The New York Times deliberadamente decide dejar por fuera de su análisis sobre la inflación a las empresas generadoras de precios, a la política del capital agrario de trasladar al mercado interno la suba internacional de los precios de las materias primas, a los tarifazos y naftazos permanentes del gobierno al servicio de las petroleras y las privatizadas y la reposición del IVA por parte de Alberto Fernández. Su única intención, entonces, es colocarse como lobbista del ajuste fiscal, hundiendo cada vez más a los sectores populares. De paso, no se privó de reconocerle al oficialismo local su rol en la imposición de techos salariales con el argumento de “contener la inflación”.

Un verdadero programa contra la pobreza

A este recorte interesado sobre la inflación y la pobreza, los trabajadores debemos oponerle un programa de conjunto para no seguir pagando la factura de las sucesivas crisis, como pretenden quienes nos han gobernado en las últimas décadas.

Necesitamos un salario mínimo de 60.000 pesos; paritarias libres y actualizadas por la inflación; un seguro al desocupado de 40.000 pesos; un aumento de emergencia para los jubilados de 16.000 pesos; la prohibición de despidos y suspensiones y de rebajas salariales; estatización de toda empresa que cierra, despida o rebaje salarios a partir de la apertura de sus libros contables; abolición del impuesto al salario; triplicación del presupuesto de salud y educación; plan de viviendas para resolver la crisis habitacional. Control obrero de los precios y tarifas a partir de la apertura de los libros, tanto de la cadena comercial como de la industria energética para evaluar los costos. Nacionalización del comercio exterior, de la banca y de los hidrocarburos bajo gestión de los trabajadores. Repudio de la deuda usuraria y fraudulenta, ruptura con el FMI, aplicación de un impuesto progresivo al gran capital. Este es un planteo real para combatir la pobreza, el cual supone una reorganización social sobre nuevas bases.