Políticas

16/2/2023|1662

EDITORIAL

Un barco que se hunde

Alberto Fernández y Sergio Massa

Pese a que era esperada, la confirmación de que la inflación de enero volvió a comenzar con 6 representó un golpe en la línea de flotación del gobierno. No solo porque convirtió en incumplible la promesa del Sergio Massa de bajar al 3% la inflación a partir de los meses de marzo o abril. Más aún, porque volvió a mostrar que el acuerdo con el FMI, votado por el gobierno y la oposición, y que el ministro de Economía se empeña en aplicar con el apoyo del kirchnerismo, no ha servido para estabilizar la economía tal como se prometía. Al revés, un análisis riguroso de las estadísticas informadas por el Indec vuelve a confirmar que dicho acuerdo es un factor decisivo del proceso inflacionario en marcha. Lo prueba, por ejemplo, que los llamados “precios regulados” -es decir aquellos que requieren de autorización del gobierno para poder aumentar- subieron en un 7,1%, casi un 20% por encima de promedio general. Hasta los propios “precios justos” anunciados comenzaron con aumentos del 9% en muchos casos, permitiendo a las empresas ganancias extraordinarias. El impacto mayor fue en los rubros de alquileres y alimentos, donde se concentra el consumo del sector con menores ingresos de la población. Así, junto con la inflación, crecerá también la pobreza y la indigencia.

Aunque en el gobierno quisieron minimizar el impacto de la inflación de enero, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, fue el encargado de dar las malas noticias. En declaraciones oficiales afirmó que siguen esperando que la inflación mensual se ubique en un 3%, pero ya no para marzo o abril, sino para fin de año. El economista neoliberal, adoptado por los “nacionales y populares”, decidió abrir el paraguas ante el nuevo salto que se espera para febrero. El aumento de los precios de la carne, que ronda los dos dígitos, tendrá un impacto significativo en la inflación en general y en la de alimentos en particular. El plan de precios justos en la carne, improvisado en estos días, está condenado al fracaso como todo el mundo sabe. Una inflación en febrero superior a la de enero obligará a recalcular la promesa de un 60% anual. Es un golpe para la burocracia sindical, que se había comprometido a firmar acuerdos salariales siguiendo la pauta del gobierno y que en muchos casos ya firmó. Es el caso de Sutecba en la Ciudad de Buenos Aires, que aceptó una paritaria con Larreta del 60% anual. El alcalde del PRO volvió a mostrar su duplicidad. En los medios de comunicación denuncia que la inflación anual del 60% es un dibujo del kirchnerismo, pero se vale de ese dibujo para imponer paritarias a la baja con la complicidad de las direcciones sindicales del peronismo y el kirchnerismo porteño.

¿El FMI perdona?

A esta altura del partido, y más allá de los discursos públicos, lo cierto es que la inflación se ha transformado en la vía para aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo y, simultáneamente, ofrecer beneficios extraordinarios para las empresas. Sucede que solo mediante la inflación el gobierno puede intentar reducir el déficit fiscal al 1,9%, como se comprometió con el FMI para el año en curso. Lo mismo vale para volver a reducir la asistencia del BCRA al Tesoro, aunque en este caso lo hará con trampa, pues el salto gigantesco del stock de Leliq expone una emisión encubierta de dimensiones colosales. Esta deuda, llamada cuasifiscal, va de la mano del crecimiento de la deuda en pesos, que solo se refinancia gracias a las altísimas tasas de interés. Aunque la oposición protestó por el salto de esta deuda, lo cierto es que estaba contemplada en el acuerdo con el FMI que votó en el Congreso. Los bancos, mientras tanto, hacen un negocio redondo embolsándose ganancias seguras en el corto plazo.

A pesar de este ajuste feroz contra el pueblo, Massa está lejos de poder cumplir todas las metas pactadas con el FMI. El mayor incumplimiento es en materia de las reservas, que siguen cayendo a la misma velocidad que crece la fuga de capitales. Los dólares que se fugan afectan también la actividad económica, que ya en diciembre mostró una caída importante, tanto en la industria como en la construcción y el consumo. Así, el gobierno produce un combo mortal: inflación más recesión. Para poder paliar la caída de las reservas, Massa recurre a una receta bien conocida, como es negociar un préstamo internacional con varios bancos, que rondaría los 1.000 millones de dólares. Las tasas de interés altísimas que pagaría, servirían para financiar justamente la fuga de capitales. Pasamos del gobierno del desendeudamiento, al del endeudamiento en pesos y ahora al endeudamiento en dólares. Más macrista, imposible.

Ante el incumplimiento de las metas, el gobierno está negociando un “perdón del FMI”, que seguramente será otorgado. El Fondo no solo reconoce el ajuste en marcha, sino que no quiere desestabilizar al gobierno. La administración de Biden duda en avalar una vuelta de la derecha al poder en Argentina, porque teme que provoque una rebelión popular, en momentos de grandes convulsiones en América Latina. La guerra imperialista en Ucrania y la disputa con China le plantean al imperialismo yanqui una política de contención en la región para hacer avanzar sus intereses.

Se busca un candidato

El salto del índice de inflación impacta también en la política. El anuncio del 6% de enero representa un revés para las fracciones del oficialismo que impulsan la candidatura de Massa para la presidencia. Entre ellas está no solo la mayoría de la burocracia sindical sino también el kirchnerismo, que viene defendiendo a capa y espada la gestión del ministro de Economía. Sin embargo, Massa sigue insistiendo en que no será candidato, por el simple motivo que prevé una derrota segura. Tampoco Cristina Fernández de Kirchner acepta ser candidata. Justifica su negativa en una proscripción que no es tal, quizá porque sabe que una derrota electoral será tomada como un referéndum popular en favor de una condena judicial. Solo este default político dentro del peronismo le permite a Alberto Fernández seguir manteniendo su inviable candidatura y entretenerse en la convocatoria a una mesa política que muy probablemente se le vuelva en contra.

Pero si en el oficialismo faltan candidatos, en la oposición patronal sobran. Bien visto, son dos manifestaciones de la falta de liderazgo y cohesión. En Juntos por el Cambio, las divisiones expresan divergencias de importancia sobre cómo dotarse de una gobernabilidad que les permita proceder a una gran ofensiva contra los trabajadores. Traducen, además, distintos intereses dentro de la clase capitalista. La apertura indiscriminada que defiende Patricia Bullrich y en buena medida Mauricio Macri choca con intereses capitalistas que reclaman proteccionismo para sobrevivir. El sector de Larreta y la UCR tratan de conciliar los intereses de estos sectores, disputándoselos al peronismo. Larreta acaba de incorporar a dirigentes del peronismo de Tierra del Fuego, artífices directos del régimen especial que tienen las empresas instaladas allí, gracias a un proteccionismo estatal basado en subsidios y trabas a la importación.

La crisis de las coaliciones principales condiciona el inicio de la campaña electoral. El peronismo se debate entre la falta de candidato y la posibilidad de una debacle en las urnas que agudice su declinación histórica. La derecha, por su lado, se expone a fracturas y divisiones mayores, que la condicionen para asumir de nuevo el gobierno, más aún si se tiene en cuenta la experiencia fracasada de 2015-2019. Un ascenso electoral de Milei en este cuadro echa más leña al fuego, porque podría servir para posibilitar un triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires en medio de un triunfo nacional del macrismo. Así, agravaría la disgregación política e institucional en momentos de una gran crisis económica.

Una izquierda que se plante

La crisis política es, antes que nada, el resultado de la incapacidad de los bloques principales de conquistar una adhesión popular genuina. La bronca popular contra una decadencia económica, política y social está presente en la situación política, aunque todavía no es claro la forma en la que terminará de expresarse. Los partidos que componen el Frente de Izquierda-Unidad y todas las organizaciones combativas deben ponerse en alerta, pues tienen la responsabilidad de esforzarse por alimentar y canalizar esa bronca, traduciéndola en lucha, organización y programa. Si la izquierda quiere jugar un papel relevante en la situación política e incidir en los acontecimientos que se vienen, debe valerse de la campaña electoral para llevar adelante la organización y la lucha de los trabajadores, y no como un medio exclusivo para acceder a un par de bancas parlamentarias. La izquierda que actúe de ese modo corre el riesgo de ser vista como parte de la “casta política” y no como la fuerza que se posiciona para combatir y terminar con el régimen de hambre, miseria y represión.

En el plenario realizado en Lanús por el Partido Obrero se debatió este gran problema político. La conclusión es que no es momento para una izquierda light, sino que la situación reclama una izquierda que se plante, que luche y que organice a los trabajadores con un programa independiente obrero y socialista. En función de ese objetivo se realizó un llamado a los partidos que integran el FIT-U para convocar en común un Congreso abierto para impulsar las luchas y fortalecer a la izquierda como alternativa política ante los bloques capitalistas. Un congreso abierto sería un factor de movilización del activismo y también ofrece un método para saldar las divergencias existentes sin afectar la acción de lucha unitaria.

Las candidaturas votadas en el plenario de Lanús son para fortalecer una campaña por estos objetivos políticos. Vamos a una fuerte campaña en todo el país para echar a los políticos capitalistas y por un gobierno de la izquierda y de los trabajadores.