Los festejos del Bicentenario se transformaron en la oportunidad para que Macri despliegue su política favorable a la impunidad de los represores de la dictadura militar. 

 

La presencia de Aldo Rico y de los “veteranos del Operativo Independencia” en los desfiles de Palermo y Tucumán no puede entenderse de otro modo. 

 

Rico fue uno de los jefes del levantamiento carapintada contra el gobierno de Alfonsín que impuso la impunidad de los genocidas a través de la aprobación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A pesar de este prontuario, varias veces fue candidato del PJ bonaerense y participó de las internas del Frente para la Victoria en San Miguel. 

Rico desfiló acompañado por otro carapintada, Emilio Nani, “veterano” de la masacre de La Tablada. Carlos Carrizo Salvadores, condenado a perpetua por la masacre de Capilla del Rosario y recientemente absuelto, también desfiló como “veterano de Malvinas”. Fue toda una delegación de genocidas.

 

Para el gobierno, la nefasta presencia de Rico en Palermo estaría justificada por su condición de ex combatiente de Malvinas. Pero los soldados que pelearon en el Atlántico Sur denuncian que Rico integraba la legión de torturadores que aplicó contra los soldados que combatían los mismos métodos de tortura que se aplicaron en los campos de concentración en el continente.

 

Desfile de torturadores

 

El Ministerio de Defensa quiso desligarse del tema, atribuyendo la responsabilidad a los centros de veteranos. Pero las agrupaciones de ex combatientes que vienen reclamando la investigación de los crímenes cometidos por los oficiales en las islas -la Corte Suprema avaló el fallo de Cámara que los declara prescriptos- rechazaron la invitación oficial a compartir el desfile con los torturadores.

 

En Tucumán también participaron del desfile los genocidas del Operativo Independencia, que Antonio Bussi comandó en Tucumán desde 1975 y que tuvo, entre otros protagonistas, a César Milani. Para que la provocación sea completa, los genocidas marcharon con estandartes identificatorios del Operativo. La presencia de éstos es todo un mensaje a la Justicia, ya que en estos momentos se está desarrollando en Tucumán el juicio contra los responsables del operativo represivo que tiene en su haber más de 600 compañeros desaparecidos.

 

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia emitió un comunicado posterior repudiando su presencia. Omitió advertir que mientras los masacradores desfilaban delante del palco presidencial, la Comisión de Familiares y Víctimas de la Impunidad era reprimida por la policía cuando intentaba acercarse al desfile. 

 

La participación de estos genocidas se desarrolló junto a delegaciones de Fuerzas Armadas de países imperialistas, empezando por Estados Unidos y Francia, que en la actualidad protagonizan acciones militares contra los pueblos de Afganistán, Siria, Libia, entre otros. 

 

La presencia de Aldo Rico y de los genocidas del Operativo Independencia forma parte de una orientación política definida. Durante la campaña electoral los principales candidatos de los partidos tradicionales se pronunciaron por impulsar la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interior. Massa, el nuevo aliado de Stolbizer, hizo de este tema un eje de su campaña, llegando a proponer que las Fuerzas Armadas se instalen en las barriadas más pobres. El kirchnerismo -promotor del ascenso del genocida Milani a la jefatura del Ejército- supo dar decisivos pasos en este sentido con la implementación del operativo “Escudo Norte” en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”.

 

El gobierno de Macri necesita  imponer una política que asegure la impunidad en función de una política de reforzamiento represivo. El decreto que le devuelve a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autogobierno, incluyendo la convocatoria a personal retirado para cumplir tarea ‘docente’, es un paso importante en esa dirección.

 

Esta operación de rehabilitación política y operativa de las Fuerzas Armadas tiene la mira puesta en las luchas populares que está desatando el ajuste. 

 

Denunciamos los planes represivos que están detrás de esta política y reclamamos la renuncia del ministro de Defensa, Julio Martínez.