Para encubrir discursivamente el robo previsional que viene ejecutando, el gobierno nacional confirmaría en los próximos días el pago de un bono a las escalas más bajas de jubilados y pensionados, el cual se concretaría en dos cuotas en julio y agosto. Sería como “compensación” por lo perdido contra la inflación por las actualizaciones trimestrales de marzo 8% y junio 12%, correspondientes a la nueva fórmula de movilidad, lo que se ubica unos 5 puntos por debajo de la inflación con que cerrará este primer semestre, y cuyo impacto es mayor porque los precios suben todos los meses a diferencia de los haberes que se ajustan cada tres.

Es el mismo recurso del que se valieron tras la actualización de marzo, cuando se dispuso que en abril y mayo cobraran de manera extraordinaria hasta 1.500 pesos los jubilados y pensionados cuyos haberes se ubicaran por debajo de los 30.856 pesos. En ese universo revistan nada menos que unos cinco millones de trabajadores pasivos, lo que ilustra la magnitud del empobrecimiento a que son condenados tras años de robo por parte del Estado. No hay dudas de que el bono miserable no compensa nada.

Con la entrada en vigencia de la nueva fórmula, en el quinto mes del año los haberes estaban un 8,1% arriba de los de diciembre, mientras que en el período según el Indec los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 22,4%, la vestimenta y calzado 25%, el transporte un 27,9% y la salud un 20,9%. Es evidente cómo logró el gobierno de Alberto Fernández reducir drásticamente el déficit fiscal en el primer cuatrimestre: según la Oficina de Presupuesto del Congreso el gasto previsional cayó un 10% interanual.

La pauperización que esto acarrea no tiene atenuantes (menos con bonos irrisorios). Con el aumento de junio la jubilación mínima, que cobra la enorme mayoría y por debajo de la cual se ubica la PUAM, queda en 23.064 pesos, un 13% abajo de lo que correspondería si no se hubiera modificado la fórmula de la movilidad. La canasta básica alimentaria, en mayo, fue estimada por el centro de estadística oficial en $27.423; es decir que los pagos extraordinarios ni siquiera arriman los haberes a la línea de indigencia. Según algunos cálculos, en este cuadro la pérdida hacia agosto acumulará un 8,7% (Clarín, 18/6).

La política de desligar las jubilaciones de la inflación y de los salarios en actividad es típicamente fondomonetarista, incluidos los bonos. Resulta que los documentos del organismo advierten que para poder contar con los recursos públicos para atender la crisis es necesario reducir los gastos “rígidos” u obligatorios, especialmente salarios y jubilaciones. Las sumas extraordinarias son episódicas, excluyen a quienes cobran apenas por encima de la línea de indigencia, no compensan lo perdido y están subordinadas a la situación de caja del Estado, y por sobre todo van deprimiendo los haberes que son la base sobre la que se calculan las siguientes actualizaciones, cristalizando un robo acumulativo en el tiempo.

Esto es claro cuando vemos cómo afectó el año pasado el congelamiento de la movilidad. Lo evidenció un reciente fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que dio la razón a un jubilado y ordenó un resarcimiento por el monto perdido con los aumentos por decretos, al considerar que se afectó un derecho adquirido ya que la ley suspendida hubiera significado 42% de aumento en el año mientras que lo otorgado por el gobierno fue un 35% para las jubilaciones más bajas y del 24% para el resto. La resolución judicial consigna que una vez vencida la Emergencia Económica sancionada por el Congreso, que suspendió la movilidad, debía devolverse lo que no se pagó, toda vez que suspensión no implica derogación.

Sin embargo, no considera inconstitucional este robo previsional, ni que deben respetarse los aumentos ya devengados como observó la abogada Andrea Falcone. La Corte Suprema, por su parte, mantiene cajoneado un amparo colectivo presentado por la Defensoría de la Tercera Edad que conduce Eugenio Semino, el cual llegó por per saltum al máximo tribunal. “Los jubilados se están muriendo de hambre en la Argentina. Hay un apartheid etario en nuestro país; todo esto se da en el marco de una pandemia”, declaró Semino a Radio Mitre.

En conclusión, la pelea que vienen dando las organizaciones de jubilados de distintos puntos del país, que vienen de una jornada nacional el 9 de junio, es fundamental contra este ataque a toda la clase trabajadora, mientras se exime a ramas enteras de los aportes patronales. El acompañamiento a sus reclamos del movimiento obrero clasista contrasta con la entrega vergonzosa de la burocracia sindical de la CGT y las CTAs. Es una lucha contra una de las columnas de la política económica con la que el gobierno busca allanar un acuerdo con el FMI.

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