El Frente de Todos durante la última campaña presidencial de 2019 instaló la idea de que su mandato sería un “gobierno de científicos”. De aquella campaña electoral a la presente, el debate sobre qué sistema científico tenemos y necesitamos desapareció. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó con el “gobierno de científicos” que nos prometieron?

Para analizar cómo se llegó a la campaña electoral de 2019 hay que comprender la envergadura del ajuste al sector científico que llevó adelante el macrismo, que se vio reflejado en despidos, reducción de presupuesto y pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores, y que tuvo como demostración simbólica (y presupuestaria) la degradación del Ministerio a Secretaría. La figura de Lino Barañao a la cabeza de la cartera científica durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mauricio Macri muestra la continuidad de un programa para el sector.

Barañao fue la expresión política de una orientación privatista de la ciencia y precarizadora de sus trabajadores, que supuestamente el gobierno de Alberto Fernández venía a cambiar. Se impulsó a Roberto Salvarezza como Ministro, quien había sido presidente del Conicet durante el mandato de CFK. Pero en los primeros días de su mandato Salvarezza dejó en claro que no venía a cambiar nada al reivindicar a su antecesor.

La llegada del Covid-19 al país puso en evidencia la necesidad de tener un sistema científico que pueda atender las verdaderas necesidades de la población. La decisión del gobierno de conformar un equipo de especialistas para analizar el avance de la pandemia prometía ser la expresión del augurado “gobierno de científicos”. Pero rápidamente esto chocó con los intereses económicos del gobierno, que tiene en la columna vertebral de su programa el repago de la deuda al Fondo Monetario y los acreedores. Mientras los científicos desarrollaban barbijos, kits de detección temprana y recomendaban el aislamiento, el gobierno cedía a las presiones de los empresarios y profundizó la precariedad laboral. La apertura de actividades económicas durante junio-julio de 2020 crecía a la par de la propagación del virus.

El debate sobre la adquisición de vacunas volvió a poner en escena al sistema científico. El acuerdo del gobierno nacional con el laboratorio mABxience de Hugo Sigman para producir vacunas Astrazeneca en el país se dio al mismo tiempo que los trabajadores del sector científico denunciaban la escasez de recursos del Estado para las investigaciones sobre Covid 19. Como hemos denunciado en su momento desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, la tecnología y los recursos humanos para desarrollar una vacuna en nuestro país estaban dados, solo faltaba la plata. El fracaso del acuerdo con Hugo Sigman, del cual al día de la fecha se recibieron solo la mitad de las vacunas comprometidas, demostró una vez más que fue un negociado para los laboratorios amigos del poder.

Mientras se expresaban las contradicciones del “gobierno de científicos”, los becarios doctorales de todo el país siguieron con estipendios por debajo de la canasta básica familiar. Las promesas de recomposición salarial se desvanecieron y los salarios de Conicet y otros organismos de Ciencia y Técnica continúan dentro de los más bajos de América Latina. El avance sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector llegó a su punto máximo con el planteo de dar por terminadas las becas de todos los becarios que no hayan terminado en tiempo y forma sus doctorados o postdoctorado, dejándolos en la calle en plena pandemia. Esto mientras se cerraban los laboratorios de centros de investigación y la conversión al trabajo virtual no era acompañada de herramientas ni recursos para desarrollarlo. Gracias a la organización y la lucha de Jóvenes Científicxs Precarizadxs y la Asamblea Nacional de Becarixs se conquistaron las prórrogas.

Las peleas en todo el país en defensa del ambiente tienen su correlato en el sistema científico ya que son las mismas empresas que saquean los territorios las que buscan financiar las universidades públicas. Este proceso es retroalimentado por el Estado, que al realizar ajustes presupuestarios incentiva la política de recursos propios. El reciente caso de Shell en Exactas-UBA recuerda al caso de La Alumbrera y representa la continuidad de un sistema científico subordinado a los intereses del capital agrario, las petroleras y las mineras.

El gobierno de científicos pobres plantea la necesidad de defender la Ciencia y luchar por ponerla al servicio de las necesidades reales de la población. Esa tarea puede ser llevada a cabo solamente de manera independiente a quienes nos gobernaron y es el desafío que nos proponemos desde Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad. ¡Vamos con la lista 1A “Unidad de la Izquierda” del FIT-U!