04/06/2021
COVID

Vacunas argentinas: la tecnología está, hay que poner plata

Los medios dan cuenta de la existencia de un desarrollo de vacunas contra el Covid-19 de producción nacional en etapa preclínica. Significa que están listas para iniciar el ensayo clínico sobre seres humanos, lo que probará su eficacia y su seguridad a partir de lo cual se presentarán para su aprobación en los medios científicos y los organismos de control. El cuello de botella reside en el financiamiento de esos ensayos y la posterior producción a escala, del que en este país parece que solo pudieran encargarse los laboratorios privados.

No una, varias

Efectivamente, científicos del Conicet e Instituto Leloir han comprobado la alta eficacia de una vacuna que produjeron, de una sola dosis, de fuerte respuesta inmune en animales. Tanto para su producción a escala como para viabilizar los ensayos clínicos sobre humanos voluntarios se cuenta con un convenio entre el Instituto Leloir, el Conicet y la compañía biotecnológica Vaxinz, con sedes en California y San Pablo. Se lo denomina “colaboración público-privada”.

En la Universidad Nacional de San Martín, otro grupo de científicos argentinos liderados por la investigadora del Conicet Juliana Cassataro ha desarrollado una vacuna eficaz en las pruebas realizadas. La investigadora declaró “tenemos un acuerdo con una empresa argentina para que produzca el prototipo bajo condiciones GMP y luego de eso -si funciona- se podría recién empezar una fase I en humanos”. El Ministro de Ciencia y Tecnología Salvarezza por su parte aportó que «venimos bien, estamos trabajando con el laboratorio que está interesado en fabricarla (sin dar el nombre), y por terminar algún ensayo preclínico que falta”.

Otra vacuna se desarrolla en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata por el “Grupo Covid-Exactas”. En ambos casos, las universidades llevan adelante conversaciones con farmacéuticas locales, con el propósito de continuar hacia la siguiente fase de ensayos clínico. Y otro proyecto nacional en marcha es el del Inta Bariloche que “da los primeros pasos hacia una posible vacuna contra el coronavirus mediante una inversión conjunta con Laboratorios Bagó que financiarán estudios para avanzar en investigaciones vinculados al Covid” (Inta Informa).

Un fracaso catastrófico

A la vista de este panorama, que da cuenta de que capacidad científica de los investigadores argentinos sobra, la pregunta elemental es por qué no existe financiamiento estatal de estos proyectos. Es más, hay una actitud hipócrita del gobierno que se vanagloria de estas investigaciones pero no encara el financiamiento de su producción. El 11 de enero el presidente Fernández recorrió los laboratorios de la Unsam y felicitó a los científicos a cargo de este y otros desarrollos, sin mencionar que su futuro depende por entero de su asociación con la industria privada.

Por otra parte, la Argentina adhirió al reclamo internacional de países encabezados por India y Sudáfrica a favor de una suspensión transitoria de patentes de vacunas para reducir la desigualdad de la vacunación en el planeta. Los países de ingresos altos tienen el 16% de la población mundial, pero actualmente cuentan con el 60% de las dosis de vacunas que se han vendido en 2021. Como resultado, se estima que cerca del 90% de las habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el Covid-19 en el 2021 (BBC News).

 

 

Este “fracaso moral catastrófico” según la OMS tiene consecuencias dramáticas sobre la economía y sobre la salud, ya que la mayor circulación del virus facilita sus mutaciones y con ello su difusión a todo el mundo. Qué mejor entonces que encarar la producción nacional independiente, con tecnologías y producción propia, con el objetivo de abastecer no solo al país sino también a países de Latinoamérica y otros pueblos pobres del mundo.

El monopolio capitalista

Si esto no se hace es por el fenomenal ajuste en salud, ciencia y técnica que lleva adelante el gobierno para garantizar la reducción del gasto público y llegar a un acuerdo con el FMI, a quien le prometió pagos por 53 mil millones de dólares a 2024 y que ya lleva pagado 500 millones. Pero también porque defiende el dominio del capital privado en la producción farmacéutica. Una subordinación absoluta del gobierno nacional y de los gobernadores -incluso los más “halcones”- al interés del gran capital, que ha impuesto, por otra parte, la totalidad de las decisiones en materia de pandemia, además de pertenecer al bando de los acreedores financieros del país.

Toda la política sobre vacunas ha sido dominada por los intereses de los laboratorios y por la total improvisación. Desde las nunca aclaradas y sospechosas negociaciones con Pfizer, hasta la asociación con Hugo Sigman -viejo amigo del Estado y sus “negocios”- para la producción de AstraZeneca. El Estado compró 22 millones de dosis con preproducción en el país, que debían llegar en enero. Dos millones acaban de llegar en junio. Ahora el Estado subvencionará a otro privado, el laboratorio Richmond, de otro magnate de la industria, para la reproducción de la Sputnik en el país.

Fueron estos acuerdos los que dejaron en evidencia que el país tiene la capacidad de desenvolver todo el proceso productivo, pero que lo que prima es la defensa de las patentes, bajo la cual se armaron acuerdos con un esquema que no garantizó la llegada de dosis hasta avanzado el 2021.

Dígase una vez más: la explotación privada de un patrimonio social de la humanidad, el de la ciencia y la tecnología, se traduce en desigualdad y anarquía. El gobierno compró 55.980.000 dosis, pagó el 54.2% de ellas y sólo recibió el 31.5%. Por parte de Covax pagó el 100% y recibió el 21.6% de los pagado. Todo bajo las reglas del mercado, la intangibilidad de las patentes, el secreto industrial y la confidencialidad de los contratos.

Para frenar al Covid-19, frenar la sangría de recursos

No han sido otros que los intereses capitalistas los que rigieron en materia de liberalización de actividades y circulación, que nos han llevado al pico de 35.000 contagios diarios, 580 muertes y 7.600 internados en terapia intensiva. Es urgente romper el vínculo con dichos intereses y los lazos entre la investigación científica nacional y el negocio de la tenebrosa industria farmacéutica (“colaboración público-privada”) y garantizar el financiamiento estatal de la producción masiva de vacunas. Ha sido probado que existen en universidades e instituciones estatales la capacidad para hacerse cargo de esta producción. La clave está en la suspensión del pago de la deuda externa fraudulenta, un impuesto gravoso al gran capital y la centralización de todos los recursos para frenar los contagios y las muertes.

 

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