El incremento de los precios de los medicamentos por encima de la inflación y el ajuste fiscal del gobierno, que pulveriza los haberes previsionales y recorta la cobertura del PAMI, no hace más que continuar socavando las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, mientras enriquece a los laboratorios.

Según un informe de CEPA, los medicamentos que más consumen los adultos mayores se incrementaron incluso por encima de la inflación. “Desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 206,7%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 195,0%”

En paralelo, los precios de los medicamentos con cobertura PAMI desde noviembre de 2023 hasta octubre del 2024, registraron una inflación acumulada del 322,0%, muy por encima del aumento promedio de 206,7% de los precios de venta al público.

Esto demuestra la estafa a la que son sometidos nuestros jubilados, quienes tienen que afrontar aumentos usurarios por parte de los laboratorios con haberes derruidos, poniendo en juego su propia vida. Vale destacar que un adulto mayor consume en promedio 5 medicamentos por mes, por lo que el incremento de estos tiene una fuerte injerencia dentro de la canasta básica. Significa que es cada vez mayor el porcentaje de ingresos que un jubilado le tiene que destinar a la compra de medicamentos.

En paralelo, el gobierno permanece licuando significativamente los haberes previsionales, que se ubican por debajo de la línea de indigencia, con incrementos arbitrarios por debajo de la inflación y el congelamiento del bono desde marzo. “Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bonos sufre una caída de 38,6 puntos porcentuales entre diciembre 2023 y octubre 2024. En el caso de la jubilación mínima sin bonos la caída para el mismo período es de 22,0 puntos porcentuales”. Sucede que gran parte del ajuste fiscal que aplica el gobierno recae sobre nuestros jubilados.

Los que hacen un negoción con esto son los laboratorios, a los que el gobierno beneficia con la liberalización de precios. “En relación con los balances o estados contables de las empresas, en el segundo trimestre de 2024, se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 326,7% respecto al segundo trimestre de 2023, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (298,7%) y en la reventa local de importados (398,3%)”, sostiene el informe.

Se trata de un negocio que se monta sobre gastos que difícilmente una persona pueda postergar y/o reducir, más cuando se trata de adultos mayores con distintas convalecencias, lo que constituye casi una extorsión. Los capitalistas se valen de la desesperante situación que atraviesan los jubilados para engordar sus bolsillos a costa de incrementos usurarios permanentes, a sabiendas de que los adultos mayores dependen de eso para sobrevivir.

Además, vale destacar que el mercado de medicamentos está fuertemente monopolizado por los principales laboratorios, como es el caso de Roemmers, Elea o Bagó, manteniendo de rehenes a los consumidores e impidiendo cualquier tipo de competencia.

La situación hace que los jubilados dependan cada vez más de las coberturas gratuitas de medicamentos o los descuentos otorgados por el PAMI. Sin embargo, el gobierno nacional, en el marco del brutal ajuste fiscal, a mediados de agosto de 2024, redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum. En junio se habían reducido otras 11 moléculas. Esto significa que ahora se ofrece un tercio menos de medicamentos en comparación con los que se distribuían de manera gratuita.

Esto no solo tiene que ver con el aumento del precio de los fármacos, sino también con la política de destrucción de los salarios y las jubilaciones y de promoción del trabajo en negro que impulsa el gobierno de Milei. Es que el Pami se financia con los aportes que se descuentan del haber básico, que tiende a ser cada vez más bajo. Todo esto, asimismo, tiene lugar en medio de un aumento de las cuotas de las prepagas y en momentos en los que el gobierno se niega a avanzar en una política de prevención de enfermedades.

Esta política prolaboratorios se plasma también en el DNU 70/2023, el cual habilitó que los médicos puedan incluir una sugerencia comercial junto al nombre del fármaco que recetan (las grandes empresas cuentan con la espalda financiera suficiente como para contratar planteles de visitadores médicos afines), suprimió una ley que promovía el abastecimiento del sistema público de salud con medicamentos y vacunas a bajo costo, y recortó los fondos destinados a subvencionar la producción pública de medicamentos.

Un gobierno que arremete contra la salud de la población y contra las condiciones de vida de los jubilados, es un gobierno que se tiene que ir. Los trabajadores debemos irrumpir en el escenario político con un programa propio. Para defender la salud de la mayoría de la población hay que expropiar y poner bajo control obrero toda la industria farmacéutica (esto permitiría ver los costos reales y comercializar los productos en función de las necesidades sociales de la clase trabajadora y no del lucro privado capitalista) y nacionalizar el sistema de salud, triplicando su presupuesto sobre la base de impuestos extraordinarios al capital y del desconocimiento de la deuda externa.

A su vez, es fundamental apoyar la lucha de los jubilados, los reclamos por un aumento de emergencia de las jubilaciones, la incorporación de los bonos discrecionales al haber básico, el 82% vital y móvil, y por una Anses y Pami bajo control de los trabajadores activos y retirados.

“Jubilación de privilegio”: Milei se la saca Cristina pero se la deja al resto

Se trata de una asignación especial millonaria por “buen desempeño”, que nadie aprueba, todos cobran y que debería suprimirse. –

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