El “Aporte Solidario”, promocionado por el gobierno como un impuesto a la riqueza, ha demostrado ser en su aplicación lo que desde su debate en el Congreso denunció el Frente de Izquierda: no solo absolutamente marginal sino destinado esencialmente a subsidiar a las patronales y un taparrabos para justificar el ajuste.

El Frente de Todos ha aplicado una doble vara para usar los recursos recaudados. Mientras lo establecido para gastos sociales no se puso en marcha o se subejecutó, los subsidios a los pulpos de la energía se utilizaron por completo: $56.250 millones, el 25% del total recaudado.

De igual forma pasó con las pequeñas y medianas empresas, a favor de las cuales ya se destinaron $35.000 millones, y todavía falta un 30% más que no se ejecutó. También tiene previsto destinar 500 millones de dólares para construir el gasoducto que saldría desde Vaca Muerta para exportar gas hacia Brasil, el cual se llamará “Néstor Kirchner”.

En contraste, en el caso de la educación el programa integral de becas Progresar prácticamente no se llevó a cabo. Sólo se ejecutó el 11% de los fondos destinados: 5000 millones sobre 45.000 millones, cuando miles y miles de jóvenes movilizaron reiteradas veces al Ministerio de Educación para reclamar becas, computadoras y conectividad para poder sostener sus estudios.

En el plano de la salud el plan nacional de vacunación recibió cero aporte respecto de lo pautado, y de los $276 millones asignados al funcionamiento del Hospital Posadas sólo se ejecutaron 93 millones (33%). En el mismo sentido a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” el gasto autorizado fue de $118 millones, apenas el 54,6% de los presupuestado (Clarín, 20/9).

Acerca de las necesidades de vivienda y de urbanización de los barrios populares, los recursos asignados al Fondo de Integración Social Urbana (FISU) que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social está completamente subejecutado, mientras tenemos un déficit habitacional cercano a las cuatro millones de viviendas (no menos de 16 millones de personas). El área concentrada en esta problemática está a cargo de una funcionaria que pertenece al espacio político de Juan Grabois, y sólo utilizó 15.179 millones de pesos de los establecidos para ese rubro en el “impuesto solidario”, equivalente a apenas el 30%.

Lo dicho muestra obviamente una orientación general del gobierno tricéfalo del Frente de Todos. Las declaraciones de Máximo Kirchner cuando hacía campaña por la aprobación de este “impuesto solidario” quedan a la luz de los hechos como testimonio de un gran fraude contra la población trabajadora. El diputado de La Cámpora prometía que se iba “a financiar algo que es un problema en la Argentina como lo es el de la tierra y la vivienda” y que iba a ayudar a que “médicos, enfermeros y enfermeras cuenten con insumos para poder atender”.

Lo que sí cumplió el peronismo es su promesa de que esta farsa impositiva sería por única vez. Efectivamente, el bloque oficialista del Congreso aseveró que “no está en sus intenciones prorrogar el Aporte Solidario y Extraordinario y que sólo se aplicará por única vez este año” (La Nación, 2/11).

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