En el mensaje presidencial y la conferencia de Martín Guzmán para anunciar el acuerdo arribado con el Fondo Monetario, se afirmó que el esquema pactado para reducir el déficit no implica un ajuste. El relato oficial afirma que el “equilibrio de las cuentas públicas” se alcanzaría al mismo tiempo que se amplía el gasto del Estado, a base de una mayor recaudación y un crecimiento económico. Sin embargo, es evidente que el ajuste sobre la población trabajadora ya está en marcha, y el acuerdo en ciernes redoblará los ataques contra las masas.

El pacto arribado con el FMI establece que este año el déficit primario no puede superar el 2,5% del PBI, muy por debajo del 3,3% que preveía el frustrado proyecto de Presupuesto 2022. Luego continúa con una reducción al 1,9% para el próximo año, y un 0,9% para 2024. A valores de hoy, solo en el ejercicio en curso el gobierno deberá ejecutar un recorte de 400.000 millones de pesos por encima de lo contemplado en el nonato Presupuesto, que ya pautaba podas nominales en salud, educación y gasto social. Es decir que estamos hablando de un ajuste extra.

Como base de comparación, recordemos que el acuerdo actual se allanó mediante la sobreejecución del ajuste en 2021, que redujo el déficit al 3,5% del PBI, a fuerza de ahorrarse unos 660.000 millones de pesos sobre la base de lo que perdieron las jubilaciones, asignaciones por hijo y prestaciones sociales contra la inflación. El gasto jubilatorio, en efecto, viene se desplomarse del 9,5% al 8% del PBI (por debajo de todo el mandato macrista).

Para alcanzar estos guarismos, el gobierno que convocó a audiencias para aprobar tarifazos del 20% en la luz y el gas ya emitió a través de la Secretaría de Energía un paper que cuantifica en 47% lo que deberían incrementar las boletas. Guzmán negó un mayor sacudón en las tarifas, pero el texto del directorio fondomonetarista contempla fuertes recortes en los subsidios. En esa línea, Aysa acaba de confirmar un aumento del 32%. La tijera sobre los subsidios a las empresas de servicios se carga en forma directa sobre los usuarios.

Alberto Fernández y su ministro insisten en que la llave es una mayor recaudación impositiva, pero esta se endosa a los trabajadores y los consumidores. Es el sentido del Consenso Fiscal que se tratará en las sesiones extraordinarias del Congreso, basado en subas en Ingresos Brutos que se traslada a los precios de los productos de consumo masivo, cuando ya casi la tercera parte de los ingresos tributarios proviene del IVA que grava hasta los productos de primera necesidad. Esto se reforzará ante la merma de ingresos por menores exportaciones.

Toda la factura del “equilibrio fiscal” va a ser cargada a cuenta de los trabajadores, que ven pulverizarse sus ingresos al compás de la estampida inflacionaria. Contra los tarifazos y recortes presupuestarios, en defensa de los salarios y las jubilaciones, urge ganar la calle para derrotar este acuerdo de entrega nacional. Para terminar con el ajuste hay que romper con el FMI y repudiar toda la deuda fraudulenta.