08/07/2021
Editorial

Una campaña electoral en el medio de la crisis y el ajuste

Las elecciones están colocadas en el centro de la escena en un cuadro en el cual los problemas centrales que llevaron a la derrota de Macri y al triunfo de la actual coalición se han agravado. Esto coloca la posibilidad de una derrota del oficialismo en lo que es su principal soporte: la provincia de Buenos Aires y una caída en otras provincias, incluso en algunas donde había logrado ganar en 2019.

El gobierno está llevando adelante un ajuste con consecuencias enormes sobre la inmensa mayoría de la población (un indicador es el índice pobreza en el pico de 45,3%); fracasó en revertir derrumbe de la actividad económica que dejó Macri, y no pudo tampoco resolver el tema del endeudamiento.

Se ha atribuido a la pandemia las consecuencias de esta situación, sin embargo la actuación frente al Covid es una de la razones del mal humor social.

El gobierno nacional pijoteó recursos para la compra de vacunas, como reconoció el propio jefe de Gabinete, y tampoco puso un peso para garantizar medidas de prevención para limitar la circulación, ni tampoco abundó en los testeos que permitieran adelantarse a los contagios masivos. Los gobiernos provinciales, al igual que el nacional, no han hecho fuertes inversiones para mejorar el sistema de salud, mantienen salarios de miseria y el ritmo de vacunación está dominado por los problemas de una logística insuficiente. Las consecuencias están a la vista con casi 100 mil muertes por Covid.

Echando lastre

El gobierno apostó a la llegada de las vacunas para cambiar las tendencias desfavorables. Sin embargo con el aumento de la vacunación y a pesar de que las cifras de muertes diarias espantan y la inminencia de una tercera ola es reconocida, las encuestas marcan que el “bolsillo” domina el humor popular con consecuencias en el resultado de las elecciones de setiembre-noviembre.

El empobrecimiento cada vez más extendido es una de las principales razones de la “desilusión” con el gobierno de los Fernández, sobre todo en su base electoral.

Entre las medidas anunciadas está el adelanto de los aumentos programados para el salario mínimo, vital y móvil; la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias sobre el salario; la habilitación de nuevas paritarias para rediscutir los aumentos acordados en el primer cuatrimestre del año, entre ella la de los trabajadores estatales; bonos para los jubilados y los trabajadores de salud, y un mayor gasto social, fundamentalmente.

Hay que señalar que estas medidas no responden exclusivamente a un cálculo electoral. El gobierno también se ve obligado a echar lastre ante la evidencia de que los reclamos de los trabajadores cobran fuerza. La gran huelga de los trabajadores de la salud de Neuquén y el efecto contagio que empezaba a mostrar llevó al gobierno a otorgar un bono de $ 19.500 (inferior en términos absolutos y relativos al del año pasado) en tres cuotas de las cuales la primera se pagó esta semana, dos meses después de lo prometido. Las multitudinarias marchas de las organizaciones piqueteras independientes arrancaron reivindicaciones que el gobierno venía negando, es que pusieron en cuestionamiento la política de contención cuando la pobreza aumenta y mostró que el reclamo no solo está profundamente instalado sino que se procesa a través de un frente único que incluye a desprendimientos de las organizaciones oficialistas y en el que la izquierda a través del Polo Obrero tiene un fuerte liderazgo.

El ajuste manda

Lo concreto es que ninguna de las medidas puede dar vuelta la gravedad de la situación que viven los trabajadores de conjunto. Las actualizaciones salariales a las que el gobierno dio luz verde no resuelven la pérdida del valor del salario: no compensa la pérdida del año pasado que en promedio fue del 5%, ni tampoco la que se produjo en los primeros meses de este año. Lo que llevaría esa pérdida a casi el 8% interanual. Lo que se busca es llevar los acuerdos que la burocracia sindical firmó teniendo como parámetro la inflación presupuestada (29%) a una cifra más cercana a la real que todo hace prever puede alcanzar el 50%. El deterioro salarial es mayor si tenemos en cuenta que el aumento de los precios de los alimentos (que es donde “invierte” sus ingresos la mayor parte de los asalariados) es superior al índice promedio. La Canasta Básica Alimentaria tuvo un incremento de mayo de 2020 a 2021 del 53,4%. El retroceso del salario es constante desde hace 4 años.

La situación es más grave para los trabajadores informales y los desocupados. El adelantamiento de los aumentos del salario mínimo (por el cual se rigen planes de empleo y gran parte de la actividad informal) no logra que este supere la línea de indigencia. En el ránking de víctimas de esta situación las mujeres, especialmente, y la juventud ocupan los primeros lugares.

Las tendencias a que la situación se agrave parecen estar establecidas y eso es lo que la mayor parte de la población está convencida va a suceder. La actividad económica viene cayendo desde enero (en abril cayó respecto a marzo 1,2%) y con relación a la previa a la pandemia (febrero de 2020), está un 3,1% por debajo. El consumo energético y la utilización de la capacidad de producción instalada (63,5%) lo corroboran; se trata de una tendencia, según los últimos datos del Indec la actividad industrial cayó en mayo el 5% respecto a abril, en la construcción la caída fue del 3%.

El cierre de Garbarino, y la grave situación de otras empresas del rubro como Ribeiro, es una expresión de la situación creada por la caída del consumo sobre todo de sectores de la clase media.

Las medidas que ofrece el gobierno como oferta de temporada para paliar el descontento no rompen con el eje central de la política gubernamental que es el ajuste, que reposa fundamentalmente sobre la confiscación a los jubilados (vía el cambio del cálculo de las actualizaciones de los haberes previsionales), a los trabajadores del Estado (nacionales, provinciales, municipales, de empresas estatales) entre los que se encuentran los de salud y también a los fondos que la pandemia requiere.

El ajuste domina y ha permitido que el déficit fiscal primario se haya reducido drásticamente por la caída de los gastos corrientes, a esto se agrega una aumento de la recaudación como resultado de la inflación y de las retenciones agropecuarias que crecieron al calor del aumento del precio de la soja.

El ministro de Economía de los Fernández, Guzmán, ha colocado toda esta sangría (que golpea el desempeño electoral del oficialismo) al servicio de sostener la llamada “pax” cambiaria, acumular reservas y evitar un dislocamiento total de la economía como resultado de una devaluación acentuada y una hiperinflación, de esta manera contar con los recursos para avanzar hacía una acuerdo con los acreedores externos y principalmente con el FMI. El ajuste en marcha es una carta de presentación de cómo el gobierno piensa garantizar los futuros acuerdos que ayuden a que la clase capitalista y el propio Estado puedan salir a endeudarse al mercado financiero mundial. Cristina Fernández, en una suerte de chicana a la oposición, ratificó que su objetivo es pagar, y acordar con los acreedores, lo cual no es extraño porque como presidenta se definió como “pagadora serial”.

El problema para el gobierno es que la “pax” cambiaria no está garantizada como lo demuestra el aumento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos. Es el síntoma, en parte, de que los recursos empiezan a escasear ya que la liquidación de las exportaciones concluyó y cualquier intento reactivador con algún impacto requiere entre otras cosas liberar dólares para la importación de bienes de capital y de insumos. Las contradicciones de la política oficial saltan a la vista; las tarifas están “pisadas” en un cuadro de alta inflación por lo que se está acumulando una inflación reprimida, que estallará no bien se destape la olla.

Toda esta situación acelera los reclamos salariales que el gobierno busca desactivar para que no se metan en el medio de la campaña electoral. La izquierda tendrá que llevarlos a la campaña y a los trabajadores impulsando la lucha por la actualización y las cláusulas gatillo.

El gobierno fracasó en revertir el derrumbe de la actividad económica que dejó Macri y no pudo tampoco resolver el tema del endeudamiento, con un alto costo para las condiciones vida de la mayoría de la población.

En conclusión el clima preelectoral está dominado por toda esta situación de fondo y la campaña hacia setiembre-noviembre y las propias elecciones darán cuenta de la evolución de la misma.

La “oferta” electoral

La renuncia del macrismo a dar pelea con una lista propia en la interna de Juntos x el Cambio (Patricia Bullrich se bajó en CABA y aparentemente Jorge Macri haría lo mismo en Buenos Aires) fortaleció al sector de Larreta que busca algún grado de acercamiento a un sector del peronismo, fundamentalmente en un agrupamiento hacia el 2023, y desprenderse del fracaso del gobierno de Macri. También impera la necesidad de no perder esfuerzos en una lucha interna que debilite un avance electoral explotando el descontento.

De la misma forma, descartada una puja interna en las elecciones, el oficialismo quiere acelerar la presentación de sus candidatos sobre todo en la provincia de Buenos Aires, buscando un acuerdo con los intendentes, para lo cual hay en danza varios nombres.

El problema central para ambos es mantener una polarización que arrastre al electorado. Las elecciones previas (en Misiones y Jujuy) han mostrado que una parte del rechazo se expresa no yendo a votar y otra en un crecimiento de la izquierda, que logró superar los resultados de 2019.

El Frente de Izquierda Unidad

Durante la campaña también se van a hacer sentir las luchas contra el ajuste, en el que gobierno y oposición coinciden. Los paros de diversos sectores de la salud, con la huelga del Garrahan a la cabeza; las movilizaciones de los trabajadores de Garbarino, de EMA, de Bimbo entre otros en defensa de sus puestos de trabajo; las ocupaciones crecientes de tierras ante la catástrofe de la vivienda, son expresiones activas del descontento popular y de la percepción para los trabajadores de que el gobierno de los Fernández “les falló”.

Para el FIT-U se trata de potenciar la intervención de los trabajadores, de sus luchas, de avanzar con sus reclamos y organizarlos en una expresión política propia, de ruptura con el nacionalismo burgués o la oposición de derecha.

Esa es también la base para preparar una intervención superior de los trabajadores ante el agravamiento de la crisis, como ya se vio en Chile, Colombia, Paraguay con sus rebeliones populares o con las grandes movilizaciones en Brasil. Todas ellas han provocado giros políticos que se manifestaron en los procesos electorales.

Esto es lo que la situación argentina y latinoamericana nos impone. Y el camino es el frente único, la deliberación y la resolución de las acciones que es lo que está en nuestro planteo de realizar un congreso del FIT-U en agosto junto a la camada de luchadores que ha surgido y es protagonista de las luchas en curso.

También es la base para nuestro rechazo a ir a las Paso a dirimir candidaturas, a establecer el centro de nuestra acción en una pelea entre los partidos del FIT-U en lugar de concentrarnos en enfrentar a los responsables de la catástrofe social. El acento debe estar puesto en defender el programa del FIT-U y su referencia de independencia política de los trabajadores, lo que sería puesto en peligro con una interna disolutiva de toda la izquierda.

Está en nuestras manos la responsabilidad de abrirles paso a los trabajadores para una irrupción política propia e independiente de los partidos del régimen en el marco de la catástrofe social que estamos viviendo.

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