La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso, mediante una medida cautelar, la suspensión de la audiencia pública que debe definir los aumentos de transporte de pasajeros en el AMBA.

La Justicia hizo así lugar a un recurso de amparo presentado luego de que la Secretaría de Transporte de la Nación resolviera que las personas interesadas en participar de la audiencia dejaran sus opiniones y propuestas en el sitio web del organismo, con un límite de cinco mil caracteres. La presentación había sido realizada por el intendente peronista de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El gobierno de Milei pretende llevar la tarifa mínima de colectivos a $270 y la de trenes a $130. Son aumentos del 251% y del 169% respectivamente. Asimismo, busca disminuir los descuentos que tienen quienes perciben la tarifa social. El gobierno quiere avanzar por este camino para cumplir con la reducción del déficit fiscal que exige el FMI, ya que implica la reducción de subsidios.

Con el otorgamiento de tarifazos, el gobierno sale al rescate de las empresas privadas de colectivos, que han utilizado las subvenciones estatales que recibieron durante años para realizar negocios especulativos o para comprar nuevas empresas. A la par de esto, el servicio se ha ido deteriorando, como lo demuestra el estado lamentable en el que se están algunos vehículos de la flota o la baja frecuencia.

En el caso de los trenes de pasajeros del AMBA, estos presentan múltiples problemas. Se han reducido los servicios en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, empeorando la frecuencia; en varias estaciones ferroviarias se cerró la carga de Sube (lo que anticipa despidos), se cerraron los coches comedor en los trenes de larga distancia y se vienen cancelando servicios. Estamos ante una política de vaciamiento sistemático para allanar la privatización de Trenes Argentinos. Es el tipo de políticas que explican por qué en 2012 tuvo lugar la Masacre de Once.

El Partido Obrero rechaza los tarifazos y plantea que hay que reorganizar el servicio de transporte a partir de los intereses de la clase trabajadora, nacionalizándolo y poniéndolo en manos de trabajadores y usuarios. Esto permitiría, entre otras cosas, terminar con el secretismo y el parasitismo empresarial, disminuir los costos del servicio y mejorar su calidad. Gray solo ha rechazado la modalidad de la audiencia, no la política de tarifazos en sí. Es que el mismo PJ-kirchnerismo ha implementado aumentazos durante su último gobierno.

Los trabajadores no tenemos que permitir que Milei descargue la crisis sobre nuestras espaldas.

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