Aproximadamente dos de cada tres jubilados y pensionados percibirán en septiembre haberes por debajo de la canasta alimentaria que demarca la línea de indigencia. Pero la reforma del sistema jubilatorio que está en marcha va más allá del ajuste sobre la movilidad. Estamos ante la consolidación de la sustitución del concepto de salario diferido por el de una pensión a la vejez, ya que mientras cae el número de jubilados y de aportantes al sistema previsional crece la proporción de pensionados.

Los informes oficiales difundidos por la Secretaría de Seguridad Social, comparando los datos de febrero de 2021 con los de un año atrás, no dejan margen de duda: cayó en 338.000 la cantidad de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino, y se contrajo en casi 100.000 la cantidad de jubilados, compensado parcialmente por el otorgamiento de unas 36.000 nuevas PUAM -la Pensión Universal para Adultos Mayores fijada en el 80% de la jubilación mínima-, cuyo número creció así un 23,3%. Este hecho, que muestra la degradación del mercado de trabajo, retrata una tendencia muy profunda.

Dicho relevamiento da cuenta que la reducción en la cantidad de aportantes obedece a una disminución de 169.000 trabajadores en relación de dependencia, 111.000 catalogados como independientes (mayoritariamente encuadrados como autónomos) y 57.000 trabajadoras de casas particulares (¡que equivalen al 12,9%!); sangría que es tímidamente adjudicada a la pandemia. Más atinado sería decir que fue por la orientación ajustadora con que se abordó la crisis epidemiológica, pero incluso eso no da cuenta de que la caída es estructural: los asalariados que aportan a la seguridad social son 140.000 menos que una década atrás, cuando la población se incrementó aproximadamente en un 10%.

De las moratorias a las pensiones en masa

La generalización de la precarización laboral y su impacto sobre el sistema previsional se expresa a su vez en otro dato: quienes accedieron a jubilaciones y pensiones a través de una moratoria representan casi la mitad de los beneficiarios, y si solo se cuentan los jubilados la proporción se eleva al 59,6%. Todo este universo se integra a cobrar el haber mínimo, que desde septiembre se ubica unos pesos debajo de los 26.000, cuando la Defensoría de la Tercera Edad estimaba que en abril un adulto mayor requería 64.000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades elementales.

Existe sin embargo una masa de trabajadores que al día de hoy no cuentan con los 30 años de aportes para retirarse, y cuya edad no le permite acceder a una moratoria porque sigue sin modificarse el año tope de 2003 para las mujeres y 1993 para los hombres (lo cual convierte en una farsa el anuncio oficial del reconocimiento por las tareas de cuidado). La abogada previsionalista Andrea Falcone advertía hace un año que sin nuevas moratorias un millón de trabajadores no podrá jubilarse en los próximos cinco años (Infobae, 25/7/20). Otro jurista especializado, Miguel Fernández Pastor, calculaba que en los últimos cuatro años 280.000 personas “se quedaron afuera del sistema por no haber podido utilizar ninguna moratoria” (Página 12, 15/9/20).

La tendencia es a un agravamiento. Ya antes de la pandemia, según se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la mitad de las personas ocupadas (asalariadas o cuentapropistas) no tenía aportes jubilatorios. También ya entonces, el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social apuntaba que solo una de cada diez mujeres y dos de cada diez varones en edad de jubilarse tienen más de 20 años de aportes, e incluso que el 60% y el 30% respectivamente tiene menos de 5 años de aportes. Su destino es engrosar la proporción que cobra pensiones como la PUAM, al cumplir los 65 años.

Esta es la orientación de la reforma previsional en marcha. Como se ve, es más profunda que el robo de la movilidad con la fórmula votada en diciembre para “desindexarla” de la inflación, y que se expresa en el informe fiscal de julio del Ministerio de Economía, donde consta que la variación interanual de las erogaciones por prestaciones sociales es del 41,3%, contra una inflación del 51,7% -y una canasta básica alimentaria subiendo 58,3%. Es con este régimen que buscan “armonizar” las cajas previsionales provinciales.

La “política fiscal expansiva”… del FMI

Esta confiscación a los trabajadores activos y pasivos es un pilar de toda la “política fiscal expansiva” que promete el ministro Martín Guzmán. No hay que contraponerla con el ajuste, sino que precisamente se asienta en el recorte a los jubilados para “estímulos” al capital como las exenciones en los aportes patronales, los Repro otorgados a las empresas a libro cerrado, los flamantes créditos subsidiados; e incluso se prevé que en el año se asignen 1.000 millones de dólares en financiamiento a las petroleras, con el FGS como principal comprador de las emisiones de deuda de YPF, PAE, Vista Oil, entre otras (Econojournal, 6/8). Dicho fondo, a su vez, está empapelado de bonos del Tesoro que se refinancian indefinidamente, lo que significa una gigantesca transferencia al Estado.

Así las cosas, la reforma previsional es un punto clave del programa de Facilidades Extendidas que se negocia con el FMI. Los papers oficiales del organismo hacen hincapié en que para afrontar la crisis en curso con “políticas expansivas” es necesario reducir el gasto público “rígido” -es decir, salarios y jubilaciones-, de manera de contar con margen para este tipo de rescates al capital, y prestaciones sociales de indigencia para paliar el descontento popular en momentos de honda crisis social. Los bonos esporádicos a las jubilaciones más bajas no solo no compensan la pérdida del poder adquisitivo por el robo de la movilidad, sino que se inscriben en esta perspectiva de gastos flexibles, de manera que los haberes dependen de las decisiones discrecionales del gobierno.

Ese es el horizonte del gobierno de Alberto Fernández, que prometía “sacarle a los bancos para darle a los jubilados”, pero en los últimos doce meses pagó más de un billón de pesos por intereses de las Leliq y se quedó con casi 150.000 millones de pesos que hubieran correspondido a jubilados y pensionados si no se les confiscaba la movilidad. La ejecución de esta política corre por cuenta directa del kirchnerismo, en la camporista titular de la Anses, Fernanda Raverta; y se remonta no solo a la masivamente repudiada reforma de diciembre de 2017, sino a la ley ómnibus sancionada en los albores del gobierno de Macri, que incluía la llamada Reparación Histórica y creó la PUAM. Por supuesto, el robo a los jubilados es una política de Estado al menos desde la dictadura militar, y tuvo un hito con la rebaja de los aportes patronales durante el gobierno de Menem y perpetuada hasta hoy.

Naturalmente, se inscribe también en un programa más amplio que agitan diferentes sectores capitalistas, que incluye la reforma laboral para flexibilizar los convenios, con el pretexto de que ello estimularía el trabajo en blanco; barrer con los regímenes especiales conquistados por distintos gremios (como si se tratara de las jubilaciones de privilegio de altos funcionarios del Estado, cuando obedecen a las condiciones de trabajo y a que realizan mayores aportes); aumentar la edad de retiro e incluso igualar hacia arriba a mujeres y varones. Es la salida que proponen para terminar con el “déficit del sistema previsional”… a costa de liquidar el derecho de los trabajadores a jubilarse con un salario diferido.

Un programa contrapuesto

Contra esa orientación, que comparten ambos lados de la grieta del régimen político que gobierna el país desde hace décadas, la salida progresiva pasa por un aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima a 65.000 pesos, equivalente a la canasta básica del jubilado, y el establecimiento del 82% y la movilidad automática sobre la base de los sueldos o de la inflación, lo que sea más favorable. Ello, acompañado de una nueva moratoria para los cientos de miles que no pueden jubilarse por no contar con los años de aportes.

La forma de solventarlo es con la reposición de todos los aportes patronales rebajados desde el menemismo y nunca restablecidos, el pase a planta de todos los precarizados y el fin del trabajo no registrado, y por supuesto que los salarios no sean inferiores a la canasta familiar. Finalmente, contra la confiscación de la caja de la Anses, es necesario luchar por un directorio electo y revocable por los propios trabajadores, activos y pasivos. Es el programa que defiende el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad.