Políticas
5/2/2026
Una reforma laboral para transferir recursos de los trabajadores a los patrones
Más de 10.000 millones de dólares por año en beneficio de los capitalistas.
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Milei junto a las patronales.
El proyecto de reforma laboral del gobierno tiene planteado en toda su estructura una transferencia millonaria de recursos que actualmente benefician al trabajador y que, de aprobarse la ley, pasarán a estar en manos de los capitalistas, más allá de todo beneficio directo por la supresión y/o limitación de derechos salariales y convencionales. Detrás del eufemismo de “modernización laboral” hay un planteo de fondo de defensa de los intereses capitalistas a costa de los trabajadores.
Se trata de todas las modificaciones e introducciones con la reforma laboral que implican un beneficio para las patronales, entre las que se encuentran la reducción de contribuciones patronales y a la obra social, el pago de salarios a través de billeteras virtuales, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el desfinanciamiento del sistema previsional, los regímenes de promoción e incentivo para las patronales y las modificaciones en Ganancias e impuestos internos.
Robarle a los trabajadores para darle a los patrones
El gobierno nacional introdujo en la reforma laboral la reducción de las contribuciones patronales destinadas al Pami, Sipa, Asignaciones Familiares y al Fondo nacional del Empleo del 20,4% al 17,4% para empleadores de los sectores Servicios y Comercio que superen los topes de facturación de “empresa mediana tramo 2” y del 18% al 15% para el resto de sector privado, una modificación que según el Centro de Economía Política ARGENTINA (Cepa) “implican un costo fiscal anual estimado de USD 2.070 millones, equivalente a 0,32% del PBI”. Mientras que para el caso de las obras sociales el aporte patronal bajaría del 6% al 5%, lo que implicaría una transferencia directa del trabajo al capital de USD 679 millones anuales, aproximadamente 0,1% del PBI y un deterioro en la ya saturada atención médica y cobertura de los trabajadores.
Para el caso de la habilitación del pago por medio de billeteras virtuales -Mercado Pago entre otras-, se trata de un negocio millonario para las fintechs, con baja regulación y donde los depósitos no se encuentran garantizados por el BCRA eludiendo la Ley de Entidades Financiera y colocando a los trabajadores a merced de los negociados patronales con dichas empresas.
El FAL, que integra el 3% de la masa salarial bruta en aportes patronales, compensados por el 3% de las contribuciones patronales es una afectación directa y desfinanciamiento de las jubilaciones, el Pami y las Asignaciones Familiares. Se trata de un “relanzamiento” de los fallidos Fondos de Cese Laboral, donde las patronales financian despidos con los recursos del sistema previsional. Este vaciamiento será empleado para “justificar” la privatización del sistema previsional por su supuesta “insostenibilidad”, además de condenar a millones de jubilados a una mínima de indigencia, como ocurre en la actualidad y de atacar a los regímenes especiales y a la edad y condiciones para acceder a la jubilación.
Luego está el caso de los incentivos y promociones para las patronales a costa de los recursos de los trabajadores, con reducciones en las contribuciones patronales por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y las amnistías fiscales, previsionales y penales que surgen de un nuevo blanqueo laboral y la “Promoción del Empleo Registrado”. Cabe señalar que la reforma preexistente, introducida en la Ley Bases, donde se suprimieron las indemnizaciones en favor del trabajador por nula o deficiente registración, no implicaron ninguna regularización masiva, extendiéndose solo a 16.000 casos hasta la fecha, propios de una dinámica regular.
A todo esto cabe añadirle los beneficios capitalista en relación a las modificaciones/reducción del Impuesto a las Ganancias en Sociedades (2.279 millones de dólares al año) y la eliminación de impuestos internos, que irían a desfinanciar las arcas del Estado, redundando en un mayor ajuste sobre los trabajadores en presupuesto para Salud, Educación, obras públicas y el sostenimiento de gravámenes regresivos como el Impuesto al Salario. De conjunto se trata de 9.907 millones de dólares anuales, equivalentes al 1,5% del PBI, que el gobierno irá a buscar a los bolsillos de los trabajadores, vaciando el presupuesto destinado a estos y/o con mayor carga fiscal sobre la población trabajadora.
La reforma laboral antiobrera de Milei implica una transferencia de recursos de los trabajadores a las patronales, tanto por vía directa en el desfinanciamiento de los institutos y derechos de los trabajadores como indirecta con beneficios fiscales a los capitalistas que deberán ser afrontados por los trabajadores. Es necesario derrotar esta ofensiva patronal desenvolviendo las tareas resueltas por el plenario del sindicalismo combativo en Parque Lezama, con una profunda deliberación en los lugares de trabajo para preparar la movilización al Congreso y el plan de lucha camino a la huelga general.
