El gobierno acaba de lograr, luego de varios fracasos, la aprobación en plenario de comisiones del Senado del proyecto de estatización de la Universidad de las Madres.

Llama la atención tanto empeño siendo que la universidad ocupa una pequeña porción del presupuesto de la Fundación de las Madres y la causa por malversación de fondos públicos en sus planes de vivienda fue dejada en fojas cero por la Cámara Federal, que además anuló los procesamientos dictados contra los hermanos Schoklender.

La Fundación había vuelto a ser noticia a raíz del informe en el que la Auditoría General de la Nación develó el circuito delictivo armado en torno de la Misión Sueños Compartidos, con suministros millonarios de fondos públicos -que entre 2005 y 2011 sumaron casi medio millón de dólares, que debían servir para construir 4.757 viviendas, de las que sólo se adjudicaron 822- derivados en parte a coimas a funcionarios públicos “que tenían la responsabilidad de aprobar y gestionar las obras” (Infobae, 12/2). En ese informe se detectó que la Fundación Madres había librado cheques a Propyme, la mutual de crédito cuyo allanamiento fue suspendido por la llamada de Carlos Liuzzi -el otro yo del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini- al juez Oyarbide.

Propyme es una cueva que ofrece sus servicios a funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es habitual que las contratistas del Estado sufran demoras concientemente armadas para cobrar sus certificados. Una vez que lo logran, reciben cheques post-datados con la indicación de la financiera a la que deben ir para que los canjeen por efectivo, con una tasa de descuento que es la coima del funcionario.

La Fundación Madres aparece involucrada en otras cuevas. “Las parvas de efectivo que generaba Lázaro Báez se pesaban en SGI, la cueva que el contador Daniel Pérez Gadín le arrebató a Federico Elascar y que fue rebautizada, con desparpajo, La Rosadita. Los recursos que circulaban alrededor de Sueños Compartidos, el programa social de viviendas que administraban Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, se canalizaron a través de una sociedad similar: Cooperativa Monetización, del prestamista Fernando Caparrós” (Pagni, La Nación, 20/3). Caparrós era socio del dueño de una de las financieras que se encargaba de cambiarle los cheques a la mafia de los medicamentes y de la que fue parte el asesinado Forza, aportante de peso a la campaña del Frente para la Victoria.
Las cuevas son canales en el blanqueo del narcotráfico.

El proyecto de estatización apunta a tapar los negociados con fondos públicos cuando el estallido de causas amenaza a la propia cabeza del Ejecutivo. Un punto final de la estatización que llevó a la degeneración de la Asociación de las Madres, convirtiéndola en una ONG destinada a realizar negocios patrocinados por el Estado -como otras tantas organizaciones populares, aniquiladas como movimientos de lucha.

Christian Rath