19/07/2021

Uno de cada diez pesos del gasto público va a financiar a las privatizadas

Petroleras, concesionarias privadas de servicio eléctrico y empresas privadas del transporte público se llevan el 10% del gasto primario del Estado.

El gobierno lleva gastado hasta mayo $306.745 millones en concepto de subsidios a las patronales energéticas y del transporte, totalizando un 10% del gasto público primario. La transferencia de recursos al capital privado se realiza a libro cerrado, costeando los valores asignados por las empresas privadas y concesionarias, que no reinvierten ni un peso en la mejora del servicio.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), el acumulado de los subsidios representa un aumento nominal interanual del 94%. Las consultoras privadas calculan que los subsidios podrían llegar a unos 9.000 millones de dólares a fin de años (3% del PBI), acercándose al récord del 2014, cuando implicaron un 3,9% del PBI.

Si se desglosa esta suma, nos encontramos con que unos $231.629 millones fueron a parar al sector energético, $61.139 millones al transporte y otros $13.978 millones a financiar empresas públicas.

Para el caso de las energéticas, el grueso de los fondos (65%) fueron a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) en concepto de subsidios para “congelar” el valor que declaran las productoras energéticas y para pagar los saldos que deberían abonar las distribuidoras y que paga el Estado. A pesar de la cuantía de estos fondos, son frecuentes los cortes de luz en el Amba, debido a un tendido y una capacidad eléctrica colapsada.

El resto de los subsidios energéticos fueron a parar al financiamiento de la producción no convencional de gas (Resolución 46/2017) y al Plan Gas por $30.070,6 millones, a la compra de gas importado (Ieasa) por $19.155 millones y solo un “puchito” de $5.431,7 millones para el consumo de gas residencial por medio de garrafas y la extensión de la red de gas.

La cuestión de los “incentivos” a la producción local de gas no es menor ya que las principales beneficiarias de los últimos años son grandes capitalistas y multinacionales del rubro, como Tecpetrol y CGC (Techint), Total Energies (francesa), Pampa Energía (Mindlin), Pan American Energy (Bulgheroni y la china CNOOC), Pluspetrol, Wintershall Dea (alemana), Vista Oil & Gas (Miguel Galuccio), Shell, Mobil (ExxonMobil) y Petrobras Operaciones (Pampa Energía). El reconocimiento de altos precios del gas encarece además toda la matriz de generación energética, de manera que a su turno llevará a tarifazos sucesivos para reducir los subsidios, como exige el FMI y Guzmán adelantó al plantear aumentos semestrales.

Respecto a transporte, los millonarios subsidios se avalan bajo el pretexto de mantener la tarifa del servicio, principalmente en la región del Amba. Sin embargo, no existe una estimación objetiva o auditoría del gobierno respecto a la utilización de estos fondos y a la renovación de las unidades o ampliación del servicio, lo que ha quedado de manifiesto en plena pandemia con el colapso del transporte público y la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios que el propio gobierno resolvió.

En numerosas provincias del país se suceden las luchas de colectiveros por el vaciamiento de las líneas, la caída del salario, la precarización laboral y los despidos. Como quedó al desnudo con la Masacre de Once, la concesionarias del servicio público de transporte se embolsan los subsidios sin invertir un peso. Las patronales, e incluso la burocracia de la UTA (transporte), se valen de las paritarias de los trabajadores para reclamar más fondos del Estado nacional, de donde también toman una tajada, ya que no se aplican directamente al bolsillo de los trabajadores.

El gobierno justifica esta política como una medida “proteccionista”, en defensa de los bolsillos de los trabajadores, ya que se estaría evitando una suba generalizada de las tarifas de estos servicios esenciales. Aunque sea momentáneamente, para no alimentar mas bronca popular contra la política ajustadora del gobierno. Sin embargo, mientras van aplicando aumentos escalonados, los recursos utilizados implican una transferencia indirecta a estas empresas privadas, y no una afectación a sus ganancias para privilegiar los intereses populares.

La oposición de Cambiemos señala el monto de estos subsidios para reclamar su progresivo desmantelamiento y transferir, directamente, los precios que fijen las empresas y concesionarias a los trabajadores. Una solución a la que se acerca la propuesta del ministro Martín Guzmán, para cumplir con las metas fiscales del FMI.

Para proteger los intereses de los trabajadores y los recursos económicos del Estado es necesario tener una radiografía exacta del sector energético y del  transporte, determinando el costo real de su producción y realización, por medio de la apertura de los libros de las empresas y su nacionalización bajo control de los trabajadores.

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