La caída del poder de compra de los salarios tiene una de sus expresiones más nítidas en que cada vez más familias pertenecientes a los sectores medios pasan a ser pobres. En el primer trimestre del 2021, uno de cada tres hogares de clase media no alcanzó a cubrir con sus ingresos el costo de la Canasta Básica Total, que establece la línea de pobreza, la cual medía en octubre $72.365.

Según un informe publicado por la consultora Ecolatina, el 33% de los hogares que se autopercibe de clase media -por el tipo de empleo y las pautas de consumo- está por debajo del umbral de la pobreza. Familias enteras que no llegan a fin de mes, y, por lo tanto, se ven forzadas a disminuir su nivel de vida, abandonando, por ejemplo, la cobertura médica privada con la que contaban y la educación paga para sus hijos.

El cuadro se aligeró a partir del cuarto trimestre del 2017, donde el 14% de los hogares considerados de clase media por su nivel socioeconómico, se hallaba sumido en la pobreza en términos de ingresos percibidos. La explicación radica en que, desde el 2017 a esta parte, los salarios han sufrido una pérdida real entre el 25% y el 30%.

Otro dato incontrastable que da cuenta del deterioro en las condiciones de vida en la población es la situación del producto bruto por persona. Este retrocedió en el país 2,4% desde el 2013 hasta la actualidad, superando lo ocurrido en otros países de la región: en Bolivia la caída fue del 1,5% en el mismo período; en Brasil del 1,1%, en Chiledel 0,05%; en Colombia del 0,6%; en Ecuador del 1,1%; en México del 0,4%; en Paraguay del 2%; mientras que en Uruguay se registró un retroceso del PBI per cápita del 0,4% (La Nación, 23/11).

Por su parte, la Junta Interna del Indec informó que en septiembre de este año una familia tipo necesitó $108.660 para vivir. Dicho cálculo toma en cuenta variables que el informe oficial deja afuera, como el costo de los alquileres. Estamos hablando de una cifra infranqueable para la inmensa mayoría de los trabajadores, teniendo en cuenta que el promedio salarial del sector privado -medido por el índice Ripte- se ubicó en los $94.157,71 en el mes de septiembre.

A su vez, según los datos recolectados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la situación es mucho peor para los trabajadores estatales de la salud, que ganan en promedio $70.044 brutos, los del rubro gastronómico, con una remuneración bruta promedio de $41.208,2, o los docentes, cuyo salario bruto promedia los $47.623. En el caso de la construcción, el mismo se ubica en $61.250 mientras que en comercio se encuentra en los $73.343 promedio. Descontando las cargas sociales, de bolsillo los trabajadores reciben muchísimo menos. Por otro lado, la miseria salarial se agrava en el campo de la informalidad laboral, que abarca al 40% de los asalariados del país.

El gobierno de Alberto Fernández fue tejiendo esta realidad a través del pacto no escrito que estableció con los empresarios y las burocracias sindicales. Esta alianza antiobrera estuvo a la cabeza de los techos salariales impuestos en la mayoría de las paritarias y de fijar un salario mínimo de indigencia, el cual llegará a los $33.000 recién en febrero 2022. Sin mencionar la extensión del trabajo precario, que el propio oficialismo perpetúa en el sector público, donde los contratos eventuales y el ocultamiento de la relación laboral bajo la forma del monotributo son moneda corriente.

El golpe al bolsillo popular se completa con una política gubernamental profundamente inflacionaria, responsable de la fuga de capitales (incluyendo el pago de la deuda) que alimenta las presiones sobre el tipo de cambio, de los sucesivos naftazos y de las medidas inocuas para atemperar la escalada en los precios. Como si esto fuera poco, los tarifazos previstos para 2022 y la devaluación que demanda el FMI no harán más que echar leña al fuego de la inflación en ascenso.

Necesitamos, por lo tanto, un salario mínimo y jubilación mínima no menor a $108 mil, paritarias y jubilaciones indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. A su vez, para detener el desmadre inflacionario, es preciso abrir los libros de la cadena de valor a fin de evaluar los costos reales, así como también reorganizar económicamente el país sobre nuevas bases sociales, partiendo de la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior y la banca, la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria. De esta manera, será posible dirigir los recursos estratégicos a un plan de desarrollo nacional priorizando las necesidades de las mayorías.

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