A través del Fondo de Integración Socio Urbana, el gobierno había prometido en marzo realizar 400 obras de urbanización en barrios populares durante el 2021. A dos meses de finalizar el año, se terminaron apenas 10 en todo el territorio nacional.

La información trascendió a partir de un pedido de acceso a la información pública y constituye una estafa por parte del gobierno, que hace demagogia con el derecho a la vivienda digna mientras retacea recursos destinados a la urbanización, como parte de una política de ajuste más general, en función de congraciarse con el FMI para arribar a un acuerdo.

Dicho fondo depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, perteneciente a la cartera de Desarrollo Social. Se trata de un fideicomiso a donde va dirigido lo recaudado con el Impuesto País y el 15% de lo ingresado a través del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, con el objetivo de destinar esos recursos en la urbanización de barrios populares. Hasta el momento, el fondo recibió $49.304 millones y tan solo $15.179 millones fueron ejecutados, es decir, se utilizó apenas el 31,88% del total.

Como ocurrió con la Beca Progresar, aquí vemos nuevamente la farsa que ha significado el “impuesto a los ricos” por única vez promovido por el gobierno, ya que los recursos que debían financiar gastos sociales fueron en todos los casos subejecutados.

 

Otros cinco proyectos están en marcha, en un grado muy incipiente, sumado a 40 trabajos en asentamientos que se están llevando adelante a través del programa Argentina Unida por los Barrios Populares. Cifras ínfimas frente a un déficit habitacional acuciante en Argentina.

Ya de por sí el monto asignado es irrisorio y contrasta enormemente con los $540.680 millones destinados en lo que va del año al pago de vencimientos de deuda. A su vez, las 400 obras proyectadas son una gota en el océano teniendo en cuenta que, en todo el país, existen 4.416 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Por lo tanto, la subejecución descripta es directamente un insulto para quienes se ven obligados a habitar en villas y asentamientos, sin acceso a los servicios básicos y en condiciones de hacinamiento.

Además, si se realizaron 10 obras y se gastaron en total $15.179 millones, quiere decir que apenas $1,5 millones fueron utilizados para cada obra. Evidentemente, no estamos hablando de una urbanización real, sino de proyectos absolutamente cosméticos.

 

Con este antecedente fraudulento, podemos adelantar cuál será el destino del plan de 100 mil viviendas por año que Alberto Fernández tiene pensado anunciar, bajo el rótulo altisonante de “nuevo Plan Quinquenal”. El mismo gobierno que no fue capaz de cumplir con 400 obras de urbanización prometidas.

Es necesario dar lugar a un plan de viviendas y urbanización bajo control de los vecinos, que resuelva verdaderamente las necesidades habitacionales de la población y emplee mano de obra desocupada bajo convenio. También debe crearse un banco de tierras fiscales y ociosas (con fines especulativos) destinadas para tal fin. Por otra parte, es necesario garantizar el acceso universal al crédito hipotecario, con préstamos a tasa cero cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso familiar. Este plan debe financiarse rompiendo con el FMI, repudiando la deuda usuraria y aplicando un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 

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