En un reportaje que le realizó el diario La Mañana de Neuquén (13/12) al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el funcionario se sinceró acerca del plan de incentivos que impulsa el gobierno nacional y dijo: “parezco más entusiasmado yo que los empresarios”. Es una confesión lapidaria cuando recién está dando sus primeros pasos el nuevo Plan GasAr.

En la reciente licitación de compra de gas, Cammesa (compañía mayorista de distribución eléctrica) pagó al pulpo Techint un precio altísimo de 3,65 dólares por millón de BTU, por volúmenes que no implican un salto cualitativo en la producción. La empresa de Paolo Rocca solo ofertó 10 millones de metros cúbicos diarios de Fortín de Piedra, cuando en ese yacimiento ha llegado a producir 17 millones de m3/día.

Rocca fue recientemente anfitrión del ministro Martín Guzmán en el seminario que organiza anualmente la multinacional, para celebrar por la entrada en vigencia de este Plan GasAr. Sin embargo, anunció allí un plan de inversiones de 1.400 millones de dólares en cuatro años, muy por detrás de los 2.300 millones invertidos en el trienio 2017-2019, es decir que mantendrá la producción a media máquina. Todo, cobrando subsidios millonarios del Estado.

Actualmente, en toda Vaca Muerta no hay operando ni siquiera la cuarta parte de los equipos de perforación que había en actividad previo a la pandemia. En el yacimiento Loma Campana, que operan YPF y la yanqui Chevron, en julio se recuperaron los niveles de producción de crudo prepandemia, pero desde entonces se ingresó en una línea decreciente.

Resulta que tratándose de producción no convencional, donde el rendimiento en los volúmenes de producción de los pozos cae rápidamente si no se perfora en forma creciente, es probable que no pueda sostenerse siquiera una meseta de los niveles productivos. Para perforar continuamente se necesita un nivel de inversión en dólares que ni el horizonte local ni el mundial alientan.

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Un lobbysta experimentado de las petroleras, el exgobernador neuquino Jorge Sapag, sostuvo que “es poco el volumen ofertado para el invierno, de cuatro millones de metros cúbicos. El precio que plantea Nación fija un piso, pero quizás las empresas piensan en un precio mayor y en plazos más largos. Creo que una segunda ronda podrá tratar de mejorar los precios y los plazos”. Todo un indicio del ánimo que prima entre los empresarios.

Es que por fuera del negociado de los subsidios, las empresas calculan sus expectativas en función de la capacidad de conseguir mercados internacionales en los cuales colocar un salto significativo de los volúmenes de extracción. Sobre esto, Darío Martínez reconoció que “la capacidad de exportación que tenemos a Brasil está atada a una inversión de infraestructura”, léase construcción de gasoductos, pero admitió que no está claro que la industria brasileña demande gas argentina en los próximos años: “a veces el interés es más real de los que quieren hacer el caño que el negocio en sí”. Vale para Techint, que se frota las manos como exportadora, constructora y proveedora de tubos de acero sin costura.

Los vaivenes de la guerra comercial empañan así los incentivos que ofrece el gobierno a los pulpos petroleros. Se cuelan además las propias contradicciones de la política económica oficial, porque la cuestión de los biocombustibles enfrenta a las empresas integradas (que extraen crudo y destilan) con el pool sojero y cerealero. Unos reclaman para subir y otros para bajar la cuota de corte de bioetanol y biodiesel que deben integrar naftas y gasoil. Por el momento se mantiene un equilibrio precario que no contenta a ninguno, porque el Senado votó sostener el régimen actual por cuatro años (no por 15 como era) y ahora deberá resolverlo Diputados.

La disputa intercapitalista por apropiarse de una mayor tajada de la renta nacional genera estos choques, y a su vez colisiona con los deberes que le encomienda el FMI al gobierno nacional. Es muy corta la frazada de los fondos públicos, en el marco de un ajuste para garantizar el repago de la deuda externa.

Es que el lucro capitalista y el desarrollo productivo no pueden abstraerse de la crisis mundial y de la debacle secular del capitalismo argentino como producto del régimen de saqueo que gobernó las últimas décadas. La nacionalización de toda la industria energética, bajo control obrero, es la única salida progresiva.

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