El pasado 9 de setiembre las cámaras patronales de Vaca Muerta y el sindicato petrolero dirigido por Guillermo Pereyra firmaron un nuevo acuerdo para “mejorar la eficiencia y la optimización de los recursos” para brindar “competitividad internacional” a la actividad en la formación.

Los conceptos que enmarcan este nuevo acuerdo, que es una adenda sobre la adenda al convenio colectivo ya firmada hace cuatro años, se corresponden todos al punto de vista de las exigencias empresarias para incrementar la productividad a costa de los derechos laborales.

En pleno período preelectoral del sindicato, la burocracia que busca renovar su conducción debía poder presentar algún logro. La incorporación de un peón boca de pozo en equipos de perforación y de dos operarios “adicionales” por equipo de fractura lleva a 15 los planteles operativos que fueron reducidos por la anterior adenda flexibilizadora. Esto, cuando hace un año que con planteles reducidos las empresas vienen recuperando producción y batiendo récords en cantidad de fracturas, por lo que ya parten con una ventaja de considerable respecto a la presente adenda.

Los detalles

Los artículos por los cuales se incorporan operarios ya manifiestan en su redacción la intencionalidad patronal de dejarlos de lado ni bien puedan. Es que estas incorporaciones se realizan “en virtud de un escenario que contempla la incorporación de tecnología, permitiendo optimizar el rendimiento de las operaciones”; el clásico latiguillo por el cual las empresas justifican las reducciones de personal.

Además, con dotaciones menores han aumentado considerablemente la producción en los últimos doce meses, precisamente con la excusa de haber “incorporado tecnología”. Para ello hicieron uso y abuso de formas contractuales fraudulentas a través de contratos a plazos fijos sin los requisitos que establece la ley de Contrato de Trabajo.

La nueva adenda compromete a las patronales a cumplir con la ley, algo que debería ser obvio. Pero no les exige que paguen por este año que llevan de fraude laboral. El contrato a plazo fijo fija indemnizaciones por la mitad del contrato por tiempo indeterminado, y siempre que la duración de aquel no haya sido menor a un año.

Justo cuando se debate públicamente en las entidades patronales la eliminación o reducción de las indemnizaciones por despido, la actividad que se presenta como la cima de la inversión y desarrollo tecnológico se revela la campeona del fraude laboral y el despido sin costo patronal.

Vale señalar que el contrato a plazo fijo está permitido en el convenio colectivo petrolero (Nº 644/12), en su artículo 3. Como una copia de cada contrato a plazo fijo, según ese artículo, debe ser entregada al sindicato, la burocracia sabía desde siempre el fraude laboral y lo dejó pasar hasta ahora, cuando necesita hacer su campaña electoral en el gremio. Es previsible que pasadas las elecciones vuelvan a hacer la “vista gorda”. Esta nueva adenda, por eso, a pesar que el artículo 32º habilita al sindicato a aplicar multas a las patronales que no cumplan con el mismo, no menciona penalización alguna ante el fraude laboral comprobado por un año o más.

Ante la nueva ley que el presidente Alberto Fernandez anunció que enviará al Congreso repleta de beneficios fiscales para las petroleras -y que Guillermo Pereyra apoya- coloca a esta adenda de la adenda como un costo menor para las patronales, en un momento donde el precio internacional del barril Brent supera los 70 dólares y la producción está en alza.

Nuevamente la burocracia sindical hace pasar el gran negocio patronal a cambio de “chirolas”.