Luego de reconocer que tras desregularizar el mercado de prepagas de salud redundó en que estas empresas aumentaran sus precios casi un 165% en cuatro meses, el gobierno libera el mercado de las telecomunicaciones mediante la derogación del Decreto 690, el cual declaraba a las mismas como un servicio público y permitía al Estado establecer la pauta de aumentos en las tarifas de los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable. El rubro, que ya acumula incrementos del 90% en lo que va del año, ahora tendrá vía libre para aplicar nuevos aumentos, incluso por encima de la inflación.

Esto desnuda, en primer lugar y nuevamente, la hipocresía del ministro de Economía, quien arremetió contra las empresas prepagas alegando que “le están declarando la guerra a la clase media”, cuando fue él mismo el que generó las condiciones que le dieron rienda suelta a las empresas para aplicar estos incrementos. Ahora vuelve a hacer lo mismo con las telecomunicaciones. Tal es así que Movistar acaba de anunciar una nueva suba de sus tarifas a partir de mayo. El gobierno es el principal socio de las privadas en su ataque contra los bolsillos de los laburantes.

Las grandes operadoras de las telecomunicaciones ya venían recurriendo a la justicia para frenar la interferencia del Estado en sus actividades, incluso a pesar de que este les venia otorgando incrementos exponenciales incluso por encima de los costos, cuyo único objetivo era preservar la rentabilidad de las patronales, independientemente del impacto que significara para los trabajadores en sus ingresos, los cuales no aumentaban en la misma medida.

Ahora, la nueva disposición reza: “ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.

Esto significa que las patronales podrán incrementar los precios libremente, sin ningún tipo de tope ni obstáculo. El gobierno miente cuando sostiene que estos incrementos son “precios justos”, como ya lo vimos con las prepagas, pero también miente cuando dice que los aumentos garantizarán la calidad del servicio. Recordemos que estos no solo se aplican en los rubros desregulados, sino que es el propio gobierno el que ejecuta aumentos de entre 400% y 500% en el servicio de gas, más del 200% en el agua y aumentos de igual rigor en todos los componentes de las tarifas de luz. Sin embargo, los usuarios continúan siendo víctimas de cortes de luz de manera permanente, las centrales eléctricas se prenden fuego producto de la falta de mantenimiento y las redes de agua potable y cloacales no llegan a todos los barrios, por citar algunos ejemplos.

Lo que prima en los servicios es la desinversión, pero se complace a las patronales con nuevos incrementos en las tarifas que le rompen la cabeza a los usuarios. Al mismo tiempo, el hecho de que un puñado de empresas concentren el servicio de las telecomunicaciones hace que “la libre competencia” de la que habla el gobierno no exista. Los usuarios son rehenes de estos monopolios y deben elegir lisa y llanamente entre pagar tarifas altísimas para tener el servicio o no tenerlo.

En paralelo, el gobierno avanza con 300 despidos en el Enacom (y se esperan 500 en total), el ente regulador de las telecomunicaciones y el cierre de las delegaciones del interior del organismo. A su vez, en un plano general, pisa los acuerdos salariales con la no homologación de convenios que superan la pauta oficial, para que no superen la inflación: es decir que maneja una doble vara, de clase. Como medida inmediata se deben retrotraer los aumentos a valores de diciembre del 2023, pero es fundamental intervenir el sector y abrir los libros de las empresas bajo control de trabajadores y usuarios para evaluar costos reales y así determinar el precio de un servicio que debe ser accesible al conjunto de la población.

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