Antes de dejar la Gobernación en manos de Kicillof, Vidal implementa el esquema de tarifazos que había acordado con las privatizadas de electricidad. Al día siguiente de las elecciones, por medio de una resolución convalidó un aumento en las facturas de luz del 25% retroactivo al 1 de agosto, pero que será pagado a partir del 1 de enero. Así, para una familia tipo de consumo medio, el incremento anualizado llegará al 121% en el Gran La Plata y al 71,5% en el interior, según cálculos de especialistas.

La gobernadora había pactado con las empresas un esquema similar al aplicado en las tarifas del gas, que consistía en comprometer los aumentos para pasadas las elecciones. El nuevo cuadro tarifario, asegura la resolución publicada el 30 de octubre, “compensa el incremento de los costos”, y prefigura un esquema de actualización durante todo el 2020. De implementarse, augura nuevos tarifazos porque el precio de los combustibles aumentaría entre un 15% y un 20% en el tramo final del año -lo cual repercute sobre los costos de generación de electricidad-. La devaluación en marcha, avalada por Fernández, también suma presión por nuevas confiscaciones a los usuarios.

El gran beneficiario de este nuevo tarifazo es Rogelio Pagano, el ex gerente del Grupo Mindlin que controla las cuatro empresas distribuidoras del interior provincial. El monopolio acumuló estos años ganancias siderales, recibiendo subsidios del Estado -este año presupuestaron más de $1.300 millones-, mientras profundizó el vaciamiento.

Un ejemplo patente del estado de la red eléctrica lo tuvimos en junio, cuando 51.000 hogares de la zona norte de la capital provincial se quedaron sin luz por alrededor de una semana. Por esa desidia, la empresa Edelap había sido penalizada con una multa irrisoria de $150 millones, cuando según sus balances en 2018 embolsó ganancias por más de $2.500 millones (conforme relevó el Cepis). Como si eso fuera poco, la resolución que habilita el tarifazo también incluye una prórroga de un año para el pago de las multas dictadas justo desde el 1 de junio, sin establecer ninguna cláusula de indexación.

Kicillof y todo su entorno han salido a hacer declaraciones pidiendo que retrotraiga la medida, pero no pasa de una pose para la tribuna. Es que si el gobierno kichnerista subsidió como nadie a las privatizadas de los servicios, desde la oposición el peronismo avaló en la Legislatura los tarifazos de Vidal. Más aún, cuando se desató la crisis por los cortes del suministro en La Plata los bloques peronistas difundieron por los medios la presentación de un proyecto de ley para anular la concesión de Edelap, pero teniendo la presidencia de Diputados y quórum propio evitaron convocar a la Cámara. Si tenemos en cuenta que durante la campaña Kicillof rechazó categóricamente la estatización de los servicios, y que quien se perfila ahora como ministro de Economía, Augusto Costa, es el diseñador de la ‘sintonía fina’ de los tarifazos de CFK, el nuevo gobierno anticipa el rescate de las privatizadas vaciadoras.

Para terminar con esta confiscación a los trabajadores es necesaria la estatización sin pago y bajo control obrero del sistema energético. Si consideramos a su vez que este tarifazo se da en simultáneo con otro naftazo, subas del 13% en los productos básicos de Precios Esenciales, aumentos en prepagas y celulares, urge organizar la pelea por la reapertura de paritarias para enfrentar este rodrigazo. El pacto social que se encuentra tejiendo Fernández con la burocracia sindical y los empresarios, por el contrario, apunta a consolidar esta confiscación.