El gobierno de Vidal avanzó finalmente en la anunciada municipalización de la responsabilidad por la infraestructura escolar. Lo hizo a través de un modelo de “Acuerdo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura Escolar” que Sánchez Zinny, titular de la Dirección General de Cultura y Educación, envió a las comunas y que deberá ser aprobada por los Concejos Deliberantes.

El acuerdo consiste en que los municipios serán responsables por las instalaciones de gas y electricidad, de las instalaciones sanitarias y las condiciones de seguridad e higiene, e incluso del estado de techos y ventanas. Todas las tareas de mantenimiento y reparación serán ejecutadas por personal designado por las comunas, que a su vez tienen a su cargo proveer la mano de obra, los materiales y los equipos de trabajo. Los acuerdos tendrían vigencia por dos años, aunque se renovarían en forma automática por otros dos si ninguna de las partes solicita la cancelación del mismo con seis meses de anticipación a su vencimiento. No establece ninguna transferencia de fondos, con lo que depende las cuentas municipales la responsabilidad de asignar las partidas para el mantenimiento de las escuelas.

Vaciamiento

Esta movida es la estocada final del vaciamiento de todas las áreas de la DGCyE que se encargaban de la infraestructura escolar. En diciembre el gobierno disolvió la UEP, la Unidad Ejecutora que se encargaba de la proyección de las obras -medida que fue resistida con la ocupación del edificio logrando la recontratación de más de 250 trabajadores en otras dependencias. El programa de Gestión Integral de Riesgo Escolar está virtualmente disuelto también, con sólo cuatro trabajadores en actividad. En la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar los trabajadores vienen enfrentando el vaciamiento de larga data, razón por la cual han sufrido persecución gremial y descuentos. Debemos recordar también que el titular de la DPIE, Mateo Nicholson, debió renunciar por estar imputado luego de que se viralice un audio donde ordenaba dibujar los presupuestos de obras para embolsar sobreprecios millonarios; el desvío de fondos forma parte del desmantelamiento de la Dirección. Toda esta trama de vaciamiento ha sido enfrentada por los trabajadores de la DGCyE, con la Junta Interna de ATE Educación a la cabeza.

La otra intención importante de este acuerdo es desligar a la gobernadora Vidal de la responsabilidad (política, civil y penal) del crítico estado de los establecimientos educativos que se agrava. Luego de la masacre de Moreno, que costó la vida de Sandra y Rubén, una verdadera pueblada de la comunidad educativa en toda la provincia puso en el banquillo de los acusados al gobierno. Esto era claro –más allá de la inacción del Consejo Escolar de Moreno- porque la misma situación de precariedad se vive en todo el territorio bonaerense, expresada posteriormente en la clausura de alrededor de mil escuelas e incluso de nuevos siniestros que de casualidad no terminaron con víctimas fatales (docentes electrocutados, derrumbes, nuevas explosiones). La banca del Frente de Izquierda en la Legislatura recogió el guante de este reclamo y exigió la promoción de un juicio político a Vidal.

A más de dos meses de la explosión en la Escuela 49 de Moreno, más de 500 escuelas siguen cerradas en la provincia por no tener garantizadas las condiciones mínimas para funcionar, y en Moreno siguen sin abrir el 99% de los establecimientos del distrito. Allí la comunidad educativa en lucha ha recibido reiterados ataques facistizantes, como amenazas, incendios intencionados, y hasta el secuestro y tortura de la docente Corina Bonis. El intento es quebrar a la docencia que se ha rebelado contra esta crítica situación.

La descentralización educativa forma parte de las políticas que el Banco Mundial y el capital financiero impulsan a nivel internacional, y ha sido la máxima los últimos 30 años en Argentina. Ya durante el menemismo se completó el traspaso de toda la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria a las provincias, sin transferir los correspondientes recursos. Las leyes educativas del kirchnerismo sostuvieron esa descentralización, y por eso fue el período en el cual se llegó al estado de derrumbe edilicio en la provincia y en el país. Ahora, Vidal continúa el esquema desligando en los municipios primero los comedores escolares, ahora con la infraestructura que está en estado terminal. ¿Qué sigue? En oposición a este desguace, el Partido Obrero levanta la renacionalización del sistema educativo.

El hecho de que los acuerdos deban ser sometidos a la aprobación de los Concejos es simbólico, toda vez que esta medida anticipa que en la confección del Presupuesto 2019 de la Provincia serán podados los ya bajos recursos que se asignaban a las áreas de infraestructura de la DGCyE. Por eso se trata de impulsar movilización contra este acuerdo y contra el Presupuesto de ajuste. Es una batalla del movimiento estudiantil y de la docencia que –contra la línea paz social de Baradel y el FUD que pusieron a la Iglesia de mediadora- pelea por la continuidad de un plan de lucha por el salario y para derrotar el ajuste de Macri, VIdal y el FMI.