El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró que “Parques Nacionales nunca se retiró de la querella” contra los cinco imputados en la causa de usurpación. Tras lo cual la administración de Parques Nacionales se sumó a la fiscal Sylvia Little en la acusación a los imputados de la comunidad Lafken Winkul Mapu por lo que califica como “toma de tierras” de su propiedad. Y se sumó al pedido de elevación a juicio de la causa.

La fiscal Little tiene también en su órbita el juicio de los integrantes del grupo Albatros que dispararon y asesinaron a Rafael Nahuel durante la “toma de tierras” en Villa Mascardi. Con lo cual ahora se prepara la maniobra judicial, facilitada por el gobierno de los Fernández, para colocar lo actuado por Prefectura como un “exceso” en legítima defensa ante un “ataque” de los usurpadores.

De esta manera el gobierno nacional de conjunto (desde La Cámpora hasta los Manzur) suscriben, en los hechos, la teoría de la acción “terrorista” de parte del pueblo mapuche en sus reclamos de tierras que habitan desde hace generaciones.

El nacionalismo burgués muestra su posición de clase, y es por eso que no tiene ninguna grieta con el macrismo en este punto: criminalizar los reclamos, con el Código Penal… y la represión directa en la mano. Y lo hace en un contexto de una campaña de chantaje político y mediático de los Lewis y terratenientes, con los ojos puestos en la elección de noviembre, es decir, el gobierno nacional asume que tomar el programa de los terratenientes daría réditos electorales.

Los sectores que han depositado alguna expectativa en el relato de la “ampliación de derechos” deben reflexionar. No existe un terreno donde el gobierno de los Fernández, es decir, de conjunto, esté ampliando algún derecho. Todo lo contrario: anula derechos laborales, previsionales, al acceso a la tierra y la vivienda, los derechos de las mujeres (¡¡Manzur!!), así como el acceso a la educación y la salud.

“Sostenible”… para Lewis

La posición del ministro Juan Cabandié es toda una definición de lo que entiende como un “desarrollo sostenible”, como se denomina su ministerio. La “sostenibilidad” no es otra cosa que el orden capitalista. Y ese orden exige que por sobre cualquier otro interés, prime el de los terratenientes, la concentración de la propiedad de la tierra, la especulación inmobiliaria.

Y si para eso es necesaria una cruzada represiva contra el reclamo de tierras de las comunidades, así se hace.
Impulsar desde su ministerio la imputación por usurpación que realiza una fiscal declaradamente defensora de quienes “tienen olor a bosta” (para decirlo como les gusta al relato kirchnerista), cuando la acusación se enmarca en una campaña “antiterrorista”, es políticamente toda una definición.

Con esto se termina el taparrabos de presentarse como “árbitro” de las partes en conflicto en la cuestión mapuche, tomando abiertamente posición por los intereses del capitalismo. Sin tapujos.

La posición del kirchnerismo, condicionada a la defensa de los grandes negociados con la tierra en la Patagonia, muestra que solo un gobierno de los trabajadores puede avanzar en darle una salida democrática a los reclamos del pueblo mapuche. Los mapuches como otros pueblos originarios, forman parte de la fracción más explotada de la clase obrera.

Defensa irrestricta: es la única posición correcta

En estos días circula un petitorio titulado “Repudio a la violencia y a la campaña racista y estigmatizantes hacia el pueblo mapuche/mapuche-tehuelche”, suscripto por un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del Conicet.

Arranca repudiando “cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón”, que es precisamente la base de la campaña violenta, racista y estigmatizante contra el pueblo mapuche.

Nuestra crítica a este tipo de acciones parte de otro punto de vista. No colocamos un signo igual en todas las formas de violencia. Cuando la lucha de clases se desarrolla, inevitablemente cobra rasgos violentos. La defensa de los oprimidos frente al poder del Estado es inevitable y progresiva. Pero los actos de violencia individuales no aportan a la causa mapuche ni a ninguna causa popular.

Distinto es colocar un signo igual y arrancar repudiando “todas las formas de violencia”, un punto de vista que cede ante la pretensión estatal de perseguir a los grupos que recurren a estos métodos. Lejos de un posicionamiento transicional, esto no es un simple detalle, ya que propone como salida la aplicación de normas constitucionales y nunca exige la anulación de todas las causas penales contra el pueblo mapuche-tehuelche. Pero estas son normas constitucionales que le dieron un marco legal al hecho histórico de la “conquista” y el despojo contra los pueblos originarios.

Desde esta caracterización, planteamos una acción común contra la militarización de la Patagonia, incluyendo la lucha por la anulación de todas las causas contra las comunidades mapuches/tehuelches y la libertad de Jones Huala y todos los presos de la lucha de pueblos originarios. Repudiamos la acción del gobierno como querellante para desalojar las comunidades de Villa Mascardi, más aun cuando el mismo gobierno acompaña la política de loteos y entrega de grandes extensiones a Lewis y otros terratenientes. Terminar con este despojo en favor de la gran propiedad es la base de un planteo para darle respuesta a todos los reclamos populares por la tierra en la Patagonia.

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