En apenas 39 días de clase, en las escuelas bonaerenses se produjeron 14 gravísimos hechos de violencia que tuvieron trascendencia pública y mediática. “La gravedad y reiteración de los hechos expone el miedo y la preocupación de que un próximo episodio termine con víctimas fatales” (Clarín, 12.04.25). Por citar algunos podemos mencionar el del instituto privado Santa Doménica en Laferrere donde una adolescente de 14 años hirió a otra con una navaja, o la brutal golpiza de 3 adolescentes a un niño de 12 años que se encuentra en grave estado en la ES13 de General Rodríguez; también en la ES5 en Martínez San Isidro, donde un adolescente apuñaló a otro, o en la ES4 de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar donde trascendió que un grupo de adolescentes planificaba un tiroteo escolar. 

Entre medio, innumerables situaciones de esta naturaleza suceden en las escuelas, sin alcanzar otra publicidad que las que conocen las víctimas de esa realidad al interior de las instituciones educativas bonaerenses. Preocupados en deslindar responsabilidad en otros, el gobernador Axel Kicillof, y su ministro de Educación, Alberto Sileoni, sacaron una “Carta a la comunidad educativa bonaerense” para convertirla en victimario universal, en la que justamente se hace responsable de la situación a “adultos responsables” –entre los que no se sienten involucrados- y “estudiantes”, incluso aquellos que no hayan sido protagonistas de los hechos de violencia porque “observan estas escenas sin intervenir y les pedimos que abandonen el rol de meros espectadores, que se comprometan para que estos hechos no ocurran nunca más. No puede ni debe haber pasividad, ni estudiantes que filmen escenas de violencia, mientras sus propias compañeras y compañeros participan de ellas”. Al mismo tiempo señalan que “todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia, real o simbólica, de discriminación, de falta de respeto al semejante, donde no tengan lugar los discursos de odio" (discurso de Sileoni en la presentación del “Acuerdo de prevención, resguardo, y reparación para hechos de violencia” (ABC, 16.05.2023). También los docentes son los responsables de una violencia que viene de fuera de las escuelas, que sufren en carne propia, pero que según estos funcionarios no “evitan”, incumpliendo con su “obligación”.

Para Kicillof y Sileoni “la culpa es del otro”

Los principales responsables de la provincia y de la educación bonaerense, en su “Carta” (que en realidad está destinada a salvar su pellejo frente a las denuncias de los medios), solicitan “que el mundo de las y los adultos actúe con la corresponsabilidad que la situación demanda”. “Somos testigos –dicen- de la existencia de un contexto de agresividad y hostilidad que necesariamente impacta en la cotidianeidad de la escuela: insultos, peleas, descalificaciones son moneda corriente en la vida social, de igual modo que es fácil observar cómo se ha degradado la conversación pública en la sociedad argentina”. Más hipocresía no se encuentra. Para estos “testigos” ciegos, mudos y sordos, “los problemas que atraviesan a la escuela, han pasado por un proceso de gestación invisible para las y los adultos responsables” (sic). 

¡Che, Kicillof! ¡Che, Sileoni! ¡Ustedes no son testigos, son los responsables privilegiados de los hechos de violencia! 

Hipocresía 

Kicillof y su ministro le quitan contenido de clase a la violencia, de la cual son protagonistas directos. Son responsables de que bajo su gobierno, que en la provincia de Buenos Aires el peronismo tuvo en sus manos durante 32 años, en los 6 conglomerados urbanos bonaerenses el 50.8% de la población sea pobre o indigente (y de que, en su pico más alto, la pobreza infantil en el conurbano bonaerense llegara al 76,7%, datos Indec); de que según reconocimiento de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires haya un déficit habitacional que afecta a 2 millones de hogares (muchos especialistas hablan de 3 millones); de que más de 6 millones de personas carezcan de cloacas (la tercera parte de la población bonaerense); de que las escuelas estén derruidas y de que los salarios docentes bonaerenses estén en el puesto 22 de las 24 jurisdicciones. 

Autorescate

La “Carta” coloca al gobierno bonaerense como el lado positivo de la situación. “Creemos – afirman-que tiene un gran valor y potencia la intervención del Estado en estas situaciones, cuando lo hace de una manera integral e integrada: la Dirección General de Cultura y Educación, junto con los ministerios de Salud, Seguridad, Justicia y Desarrollo de la Comunidad realizan acciones, e incrementarán su presencia en las comunidades en las que se manifiesten los conflictos”. Una falsedad que se descubre con la nota de Clarín citada y con la propia “Carta”, un documento especial del ministerio de Educación que tiene que reconocer que no ha podido ni querido hacer frente a la escalada de violencia que golpea a las escuelas.

Mienten

En el documento que ha sido girado a todas las escuelas se afirma que han sostenido y que “redoblaremos los esfuerzos para garantizar las medidas de resguardo y reparación, cuando las y los docentes y auxiliares sean víctimas de actos de violencia. Provienen de acuerdos paritarios que requieren el efectivo cumplimiento en el marco legal vigente”. Esta es la mentira más cruel, porque este protocolo de resguardo es un papel mojado cada vez que estalla un episodio de violencia en las escuelas, en las que directivos y docentes quedan completamente desvalidos ante la nula intervención de la Dirección General de Cultura y Educación. Lejos de ello, los docentes son los primeros blancos en ser atacados por las autoridades, siendo que, como se reconoce en la misma “carta”, “en general, los indicios de situaciones de conflicto se advierten en primer lugar en la escuela, que con frecuencia observa lo que la sociedad muchas veces no ve o se niega a ver”, lo que en numerosas ocasiones resulta en maltrato y/o abusos intrafamiliares. Lo que la “carta” oculta es que la intervención de la docencia en este plano es perseguida y desconsiderada, cuando no perseguida por las propias autoridades.

Escondidos atrás de las maestras que desamparan

Uno de los aspectos más nefastos de esta “carta abierta” es cuando presentan como suyos los logros de una escuela que “no habitan”, que no conocen, que no construyen y que no reconocen, cuando ningunean a las y los docentes: “La escuela es un espacio de cuidado y escucha atenta”(…) La escuela es y seguirá siendo el espacio prioritario del conocimiento, a palabra y la escucha; el lugar que la sociedad ha elegido para trazar los caminos del consenso, para prevenir, resolver y contener los conflictos, en un contexto que naturaliza la violencia y considera al otro y otra, como un extraño que puede ser peligroso”. 

Son las lágrimas de cocodrilo de quienes se han fagocitado a la educación pública en favor del subsidio de los grandes empresarios de la provincia.

La burocracia sindical celeste es cómplice

La dirección del Suteba baradelista cansa hasta el hartazgo con el latiguillo de “la escuela habitada”, parte de su campaña pro patronal contra el ausentismo de maestros y profesores, que se enferman en un cuadro de una “escuela abandonada”, que solo se sostiene por el esfuerzo increíble que hacen los docentes para defender a la escuela pública. Al igual que Cristina y Sileoni, en la última aparición pública de la expresidenta colocan en las espaldas de la docencia la responsabilidad del fracaso escolar y de la escuela pública. Frente a las situaciones que se viven en las escuelas, Ctera-Suteba son ciegos, sordos y mudos, y siempre han dejado a las y los docentes en soledad frente a los conatos de violencia en su contra y frente a falsas denuncias, que han terminado en condenas injustas. El reclamo de parte de la mayoría de las y los docentes a la burocracia sindical frente al abandono ante la violencia escolar ocupa la misma envergadura que la de la miseria salarial. 

Un programa de salida 

La problemática tan grave de la violencia escolar no la resuelven las cartas auto-exculpatorias del gobierno. Hay que dotar a las escuelas de todas las herramientas, empezando por la cobertura de un equipo pedagógico en cada institución, la intervención de las autoridades educativas a partir del diagnóstico preventivo de los problemas y conflictos (los cuerpos jerárquicos se desentienden de los conflictos), apoyo y cobertura a la docencia que se involucra en resolver las tensiones y conflictos, aplicación real de la resolución 2672/15 de resguardo y reparación con cobertura por ART de las y los trabajadores de la educación afectados, cobertura de las necesidades económicas y sociales de los alumnos mediante becas que cubran toda la canasta educativa de las y los estudiantes, comedores escolares en todos los establecimientos, cursos de no más de 20 alumnos, cobertura de todos los cargos docentes, salarios que cubran la canasta familiar en un cargo, que permitan la permanencia del personal en una sola escuela. 

Una política contraria al ajuste de Kicillof y Sileoni, que la dirección celeste defiende.

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