Para este martes 9 está previsto el regreso de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arriba a nuestro país con el propósito de discutir la política fiscal, monetaria y macroeconómica argentina y para tratar la deuda de alrededor de 44.000 millones de dólares contraída con dicho organismo. El gobierno se apresta a ofrecer garantías de ajuste en vistas a “estabilizar” la economía y refinanciar la deuda.

Bajo la premisa de “iniciar negociaciones formales con las autoridades argentinas sobre un nuevo programa del FMI para apoyar el plan económico del gobierno”, la misión del FMI –la misma que se hizo presente en el país durante los primeros días de octubre– vuelve a territorio nacional para supervisar los “avances” del gobierno en la elaboración de un proyecto económico que garantice el pago de las acreencias del organismo y que adecue la política económica a las exigencias del capital financiero.

Como preludio de estas negociaciones se encuentran las gestiones del ministro de Economía, Guzmán, quien se reunió con la Asociación Empresaria Argentina (AEA),  Magnetto, Paolo Rocca y otros representantes del empresariado local para aunar consensos en arribar a un acuerdo con el FMI. Y los guiños de la oposición patronal dialoguista, con Larreta y Vidal a la cabeza, quienes se inscriben detrás de los mismos objetivos.

El gobierno llega a esta instancia con el presupuesto 2021 con media sanción en Diputados y al borde de su aprobación. Instrumento que ha sido confeccionado a imagen y semejanza de las necesidades y exigencias del FMI, y que establece el trazo grueso de la política de recortes en educación, salud, gasto publico, obra pública y todos los ítems que hacen a las necesidades del pueblo trabajador, y que se oponen por el vértice a las pretensiones de “estabilidad” fiscal y al pago de la deuda.

Del compromiso asumido con la misión del Fondo en octubre, el gobierno ahora hace gala de la pax cambiaria obtenida a costa de la emisión de nueva deuda atada a la evolución de la inflación y el dólar y la venta del Banco Central de dólares a futuro. Lo mismo vale para la emisión de un bono de U$S750 millones, con una tasa de interés exorbitante del 17%, para atraer a los grandes grupos de inversión que quedaron estancados en inversiones en pesos. También la conversión de deuda intraestatal con la Anses en deuda privada, por medio de la liquidación de los bonos recientemente reestructurados. Todas medidas que importan un agravamiento económico a mediano plazo a cambio de una dudosa tregua financiera momentánea.

El gobierno también ha pavimentado las negociaciones con el FMI con una serie de medidas políticas que importa destacar. Allí se inscriben las decenas de desalojos violentos contra los procesos de recuperación de tierra en todo el país, y particularmente la represión contra las familias de Guernica, como señal de “determinación” ante un reclamo popular cuya realización se opone a los planes de ajuste del FMI y el capital financiero.

Lo mismo vale para el pasaje de la cuarentena al distanciamiento social, cuya consecuencia inmediata es la muerte definitiva del IFE 4 y el fin de los subsidios patronales del ATP, con lo que se espera un nuevo tendal de despidos, a falta de cualquier medida de protección de los trabajadores.

Un FMI empoderado

El gobierno aspira a refinanciar los vencimientos de deuda con el FMI que tienen lugar desde el 2021 al 2023, pateando los pagos para el 2024. Supone que un acuerdo de estas características sea refrendado por el Congreso de la Nación, de la misma manera que se actuó respecto a las negociaciones con los acreedores de la deuda bajo jurisdicción internacional: una continuidad del “acuerdo nacional” logrado en la votación del presupuesto de ajuste.

El FMI viene con una agenda más que clara y con el antecedente ecuatoriano bien fresco, en busca de un compromiso de ajuste fiscal, reformas estructurales y reducción de la emisión monetaria. Aunque el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirme que en la Argentina “no hay espacio para un ajuste”, las acciones del gobierno demuestran todo lo contario. Allí está la confiscación a los jubilados y el proyecto del gobierno que aspira a formalizar este robo. Los despidos en masa, las paritarias de hambre, los programas sociales congelados, el crecimiento de la pobreza, la cuestión de la tierra, los tarifazos en marcha, etc. Incluso, el ministro Guzmán se ha puesto la meta de bajar el déficit fiscal antes del cierre del año, con un ahorro de $150.000 millones: más ajuste.

Rechacemos el pacto con el FMI

Esta nueva visita de la misión del FMI tiene por propósito declarado el ataque a las condiciones de vida y subsistencia del pueblo trabajador, profundizando el camino emprendido por el gobierno de Alberto Fernández desde ni bien asumido, cuando estableció los términos del advenimiento a un acuerdo ruinoso con los bonistas privados. Para eso, tuvieron que argumentar que el plan económico y el impulso del país tendrían lugar luego de acordar con el capital financiero. Ahora vuelven sobre la misma línea pero a la inversa, ofreciendo el plan económico como prenda al acuerdo con el FMI: un sometimiento en toda la línea a las indicaciones del imperialismo.

El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza política del país que ha rechazado sucesivamente este curso en el Congreso de la Nación y que se manifestado por el rechazo a un pacto colonial de estas características. Es la misma fuerza que ahora convoca a movilizar este martes 10 a las 16:30 horas ante el Ministerio de Economía de la Nación bajo la consigna de Ningún pacto con el FMI, No al pago de la deuda externa, Que la crisis la paguen los capitalistas.

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