A fines de julio se realizaron las últimas audiencias en el juicio por la estatización de YPF que se lleva a cabo en los tribunales de Nueva York, iniciado por el fondo buitre Burford. En marzo pasado, la jueza Loretta Preska ya había fallado en contra de la Argentina, pero aún restaba escuchar los argumentos de las partes para definir la cuestión de los intereses a abonar por la demora en el pago de la indemnización, y la fecha que se toma como punto de partida del desembarco estatal en la compañía, punto que también influye en el monto definitivo de pago.

En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner resolvió la adquisición del 51% de las acciones de la petrolera (privatizada bajo el menemismo), que estaban en manos del grupo Repsol. Por ello, pactó dos años más tarde una indemnización de 5 mil millones de dólares a la firma española. Pero se abrió otro flanco de disputa: el fondo buitre Burford compró al grupo Petersen (de la familia Eskenazi), propietario de una parte del paquete accionario, los derechos a litigar contra YPF. El argumento del juicio es que el Estado no realizó en 2012 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas, según lo previsto en el estatuto de la empresa.

Como YPF ya cotizaba, y aún hoy cotiza en la bolsa norteamericana, y su estatuto está registrado ante la Comisión de Valores yanqui (SEC), la causa se sustancia en las entrañas del imperialismo, que es así juez y parte. Loretta Preska, a cargo del juzgado neoyorquino desde la muerte de Thomas Griesa (el magistrado que condenó al país en la causa de los holdouts), vive en un penthouse de 8,7 millones de dólares y es conocida como una “diva judicial” (Clarín, 6/6/20). En sus oficinas se está cocinando otro obsceno negociado contra el país.

El Estado argentino ya aceptó el pago de casi 5 mil millones de dólares a Burford, pero según cómo se consideren los dos puntos señalados al comienzo de este artículo, el monto podría incrementarse en otros 11 mil millones de dólares. La Procuración del Tesoro argentino plantea que se fijen en cero los intereses “debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario” (Página 12, 29/7) y considera que el Estado tomó control efectivo de la compañía a partir del 7 de mayo de 2012, con la promulgación de la ley de expropiación. Burford, en cambio, además de reclamar un 8% de intereses, esgrime que la fecha que se debe tomar en cuenta es el 16 de abril, cuando se envió el proyecto de expropiación al Congreso. Entre las dos fechas, las acciones de YPF cayeron, por lo que el cálculo se vuelve más oneroso si se adopta el criterio que exige el fondo buitre.

Para que se tenga una dimensión de la estafa, Burford había adquirido los derechos de litigio en 15 millones de dólares, y podría percibir ahora hasta 16 mil millones en moneda dura. Del total que disponga la sentencia definitiva, Burford se quedará con el 70%, y el otro 30% será para el Grupo Petersen, que había ingresado en YPF en 2007, como parte del proceso de “argentinización” impulsado por el kirchnerismo. La “burguesía nacional” es socia menor de los buitres en el desfalco. Los Eskenazi se quedaron con el 25% de las acciones de YPF por medio de préstamos internacionales, colocando como garantía los dividendos que recibirían de la empresa. Petersen aduce que quebró más tarde por responsabilidad del Estado argentino, ya que al tomar el control de YPF, éste suspendió el giro de dividendos.

Se estima que la jueza Preska fallaría a fines de septiembre. Al Estado le queda la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, pero lo único que lograría es dilatar un fallo contrario asegurado.

Todo este periplo muestra tanto el accionar inmundo del capital financiero internacional como el fiasco de la recuperación de la “soberanía energética” -con Repsol generosamente indemnizada, Burford haciendo su negocio a costa del país y Petersen medrando en él, y una YPF que sigue siendo una sociedad anónima.

Hace falta una nacionalización integral bajo control obrero, sin resarcir a los vaciadores, como parte de un plan de desarrollo del país discutido por los trabajadores.

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