Con un hisopado que no alcanzó ni a un tercio del personal, que recién comenzó esta semana y que solo lo hizo por el insistente reclamo de los trabajadores, se registraron 16 casos positivos de coronavirus en el Papa Francisco.

Este altísimo número compromete a trabajadores de casi todos los sectores del hospital: enfermeros, administrativos, maestranza, bioquímicos y médicos. Una buena parte de los casos positivos viven en la zona sudeste, la más pobre y vulnerable desde todo punto de vista, donde residen unos 200.000 salteños. El hecho tiene una gravedad inusitada porque plantea el peligro cierto de que el hospital cabecera de atención de la pandemia a nivel provincial quede desmantelado en cuanto a la cobertura de trabajadores y profesionales especialistas.

El 13 de julio fue el primer caso de un trabajador del hospital contagiado. Cuando al día siguiente reclamamos desde la bancada del Partido Obrero en la Legislatura provincial un hisopado generalizado, se nos contestó que en el hospital se aplicaba el mismo protocolo que afuera del hospital. Luego, en una reunión del Comité Operativo de Emergencia, la ministra de Salud Pública Josefina Medrano afirmó, ante una pregunta de diputados, que no se pueden hacer hisopados masivos en salud porque sale caro. En este contexto, la semana pasada un chofer de la ambulancia del hospital de Tartagal se enteró de que es Covid positivo porque tuvo “la suerte de salir sorteado”.

En un dictamen de hace dos semanas sobre la ley “Silvio”, que se supone debe garantizar el acceso de los médicos a los elementos de protección personal, propusimos testeos a todo el personal de salud cada 15 días y derecho de los trabajadores a formar comisiones de higiene y seguridad para controlar la aplicación de los protocolos sanitarios en cada lugar de trabajo. Ningún bloque político quiso acompañarnos en medidas efectivas como estas.

Si no fuera por los obreros mineros, estaríamos como en Jujuy

Si la situación no es más grave en la provincia es gracias a la reacción de los obreros mineros, que arrancaron con una huelga al inicio de la pandemia, imponiendo la parálisis de la producción en la empresa Livent en el Salar del Hombre Muerto, un severo protocolo con estrecho control del cuerpo de delegados. Luego los siguieron los trabajadores de minera Santa Rita en Olacapato, que pararon apenas tuvieron conocimiento de los contagios en Exar, que está cerca pero del lado jujeño y hoy tiene 200 casos. Y tras ellos hicieron huelga los trabajadores de las dos plantas de Borax Argentina y los de BBC en Posco. Fue esta reacción obrera ejemplar la que obligó a aplicar controles cuando suben y cuando bajan los obreros, aunque la lucha empresa por empresa, para que se cumplan efectivamente los protocolos, aún continúa.

El control estatal de la pandemia está afectado por el “virus” de la presión capitalista. Es por eso que somos los propios trabajadores los que tenemos que imponer el control de los protocolos de salud, equipamiento de los hospitales y elementos de protección personal en cada lugar de trabajo. Para ello reclamamos el derecho a formar comisiones electas por los trabajadores. Y defendemos, como venimos haciéndolo desde el inicio de la cuarentena, la centralización inmediata del sistema público y privado bajo control estatal y de los trabajadores.

Reiteramos: el agravamiento de la pandemia exige volver a medidas de mayores restricciones y aislamiento social. Pero con hambre no hay cuarentena. El estado debe financiar con $30.000 al mes a toda familia sin ingresos mientras se extienda esta medida. Exigimos la creación de un fondo con un impuesto extraordinario a las riquezas y grandes rentas de Salta para financiar todas estas medidas.

Organicemos asambleas por lugar de trabajo y barrio, para tomar en manos propias la defensa de nuestra salud exigiendo estas medidas.