En medio de cifras récord de contagios y muertes por Covid-19 en todo el país, del colapso del sistema de salud y a pesar de que el propio Alberto Fernández admitió que no está controlado el virus en el Área Metropolitana, el gobierno nacional habilitó la apertura de los shopping ante el insistente pedido de los empresarios.

El mismo viernes 9 en que se anunció la supuesta extensión del aislamiento social hasta el 25 de octubre, el presidente había rechazado en una reunión con Larreta y Diego Santilli el reclamo de la Cámara Argentina de Shopping Centers, el Grupo Irsa y los empresarios de los comercios de proceder a la reapertura para aprovechar los días previos al Día de la Madre. El elemento que parece haber trabado la decisión sería la obvio contraposición entre nuevas actividades en el AMBA y las restricciones en distritos de 18 provincias.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La apertura de los shopping, como del resto de las actividades, se fue dando progresivamente en todo el país, primero en las provincias -al tiempo que los contagios aumentaban en forma exponencial- y, días antes que en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires. El martes 13, el gobierno nacional finalmente acordó con Larreta y sus ministros, por lo que al día siguiente los shopping porteños se aprestaron a abrir sus puertas.

Los trabajadores del sector

Desde abril, en el marco del aislamiento obligatorio, los trabajadores del rubro sufrieron una reducción salarial del 25%, en calidad de personal “suspendido”. Esto se ha llevado a cabo gracias al “convenio de emergencia por suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva”, firmado por Cavalieri y las cámaras patronales del sector tras el acuerdo entre la CGT, la UIA y el gobierno.

Al mismo tiempo, las empresas son beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual cobran un subsidio para el pago del 50% de los salarios por medio de la Anses. También obtuvieron rebajas de los aportes patronales, lo que lleva a una reducción del 40% del salario bruto pagado efectivamente por las empresas, y al consecuente vaciamiento de los fondos del sistema previsional.

Según la Cámara Argentina de Shoppings Centers, el 25% de los locales de los 79 shopping en el país son pymes que cerraron sus puertas de forma definitiva, lo que implica una pérdida de 10.000 puestos de trabajo -sobre las 50.000 personas que emplea el sector de manera directa en el Área Metropolitana. Los locales no están pagando los alquileres, y los dueños de los shopping dicen absorber los gastos. (Télam, 21/7).

El grupo Irsa, dueño de los 14 principales shopping de Argentina, colocó en julio dos bonos (obligaciones negociables) por un total de 38,4 millones de dólares para hacer frente a algunos vencimientos de deuda en los próximos meses, dada la “severa caída de ingresos” que, argumenta, provoca la cuarentena en el negocio. De 6.137 locales, en julio funcionaban 3.780 y las ventas registradas por 4.297,1 millones de pesos ese mes marcaron una caída del 73% en la recaudación respecto a julio de 2019 (Ámbito Financiero, 23/7).

Pero estas “pérdidas” no tienen en cuenta los subsidios que recibieron, y que cubrieron gran parte del gasto salarial, a pesar de que su capacidad financiera les permitió fugar dólares y la emisión de bonos para mantenerse. La otra cara de la moneda es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, frente a una inflación del 40% que tuvieron que afrontar con su salario reducido, que no está ni cerca de recomponerse con la vergonzosa paritaria firmada por el sindicato, con un aumento del 12% después de seis meses de vencida.

El protocolo

El protocolo presentado por la Cámara empresaria incluye tomar la temperatura de los visitantes, la instalación de alfombras sanitizantes, de dispensadores de alcohol en gel distribuidos en los espacios comunes y un procedimiento de limpieza “duplicado” —similar al de los supermercados—, señaléticas de distanciamiento y circulación. Pero desde el vamos hay que considerar el agravante de que estos edificios se caracterizan por ser ambientes cerrados, sin ventilación directa del exterior, lo que aumenta notablemente la posibilidad de contagios de Covid-19.

Es evidente que este protocolo no está pensado para garantizar las condiciones sanitarias de los empleados de shopping, ya que no tiene en cuenta las características de los locales, donde los lugares comunes de los trabajadores (lockers, percheros, mesas de almuerzo, elementos de cocina) no cuentan con el espacio suficiente como para mantener el distanciamiento dispuesto, ni los elementos necesarios (agua corriente) para mantener la higiene de los mobiliarios, los elementos de trabajo, vajilla y de los propios empleados.

La higiene de los baños en estos centros comerciales es un tema de mucha preocupación para los y las trabajadoras, ya que deben compartirlos con los cientos de trabajadores de todos los locales y con los miles de clientes circulan constantemente. Algunos de ellos comentaron a Prensa Obrera que en estos primeros días desde la apertura lejos estuvo de cumplirse en la práctica la limpieza rigurosa que correspondería según el protocolo, por lo que estos lugares de uso común son un peligroso foco de contagio.

Por otro lado, el protocolo indica que el uso del transporte público continúa siendo de uso exclusivo para el personal esencial, dispuesta en el artículo 11 del DNU 792/2020, según el cual el empleador “deberá garantizar el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes”. Sin embargo, la mayoría de los empleadores hacen caso omiso a esta norma e insta a sus empleados a asistir a sus lugares de trabajo en transporte público, si no cuentan con un vehículo particular. De esta forma no solo ponen en riesgo la salud de los trabajadores y sus familias, sino además de toda la población al provocar un mayor aglutinamiento de personas.

Exigimos que el control del cumplimiento del protocolo, su adecuación y corrección para una mejor prevención del contagio sea ejercida por los propios trabajadores, mediante una comisión de seguridad e higiene votada en asamblea, con poder de veto para el cierre de los establecimientos si no se cumple el protocolo o si surgen contagios. Que los responsables de los shopping proporcionen las condiciones locativas necesarias para el cuidado sanitario integral, tanto de los clientes como de los empleados.

Exigimos también que las empresas respeten las licencias a los compañeros y compañeras que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, y a las madres-padres que se encuentran al cuidado de sus hijos/hijas en edad escolar.

¡Organicémonos en cada local y lugar de trabajo para luchar por nuestros derechos!