Horas después de conocerse el dramático número de 41.080 contagios diarios de Covid-19, pico histórico para nuestro país, el presidente ratificó que a partir del lunes 31 dará fin al aislamiento social que dictaminó por nueve días. La apertura total de las actividades económicas sin un plan sanitario de ningún tipo va a agravar el colapso absoluto del sistema de salud, ya sea público o privado, del Amba o de las provincias, que llegó a una ocupación de camas UTI del 76,2%. Las restricciones fueron una improvisación, impuesta por la gravedad de la situación epidemiológica, que no puede tener la menor efectividad en la contención de la circulación del virus.

Incluso, la realidad parece ser más grave de lo que muestran los números, ya que el índice de positividad de los testeos se encuentra en el 33,91% a nivel nacional, y en ocho provincias por encima del 50%. Es decir que una de cada tres personas que se acercó a los centros de análisis estaba contagiada (o una de cada dos en algunos distritos).

Río Negro tuvo la positividad más alta con 55,8%; de cerca le siguen Santiago del Estero, Neuquén, La Pampa, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe con 55% y La Rioja con 52%. También preocupa Buenos Aires, Misiones, Salta, Corrientes, Chaco, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Chubut, todas ellas por encima del 40%. Todo el país está por encima del 10% máximo recomendado por la OMS, indicando que los casos son muchos más y que se está testeando extremadamente poco. Los gobiernos nos tienen a ciegas frente a la segunda ola.

La imposibilidad de afrontar realmente la gravedad de la pandemia radica en la política de ajuste. La baja cantidad de testeos es una pequeña muestra de que la inversión en salud no es suficiente para hacerle frente a una crisis de estas características. También lo es la escasez de recursos imprescindibles, como las camas de UTI y de terapia intermedia o los respiradores. En este sentido, Alberto Fernández descarta aumentar las camas porque “no tenemos más médicos que las atiendan”. Es una impostura, ya que en más de un año de pandemia podría haber contratado y capacitado a más personal, en lugar de superexplotar y precarizar a los trabajadores del sistema de salud con salarios por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, hoy en día se cuenta con 1.880 médicos intensivistas, pero desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva denuncian que en realidad se necesitan al menos 5.500. El déficit se observa hace 10 años, pero con la pandemia se agudizó, sobre todo teniendo en cuenta que “no hubo un fomento estatal para la formación de intensivistas”, como declaran los profesionales (Tiempo Argentino, 28/05/21).

El presidente también manifestó tener esperanzas en que luego de estos nueve días “se ordene el sistema sanitario”, sin tener la menor base para ello. Para empezar, siendo que el curso de la enfermedad es de por lo menos 14 días, la medida es contraria a toda recomendación epidemiológica. Por lo demás, la gran mayoría de las empresas funcionó por estar habilitadas como “esenciales”, y aquellas que quedaron fuera de la lista obligaron a sus trabajadores a asistir igual a sus puestos laborales ante la completa ausencia de controles. En adelante las restricciones continuarían solo para los trabajadores: los fines de semana, feriados y días hábiles después de las 18. Es una política diseñada a medida de las patronales.

Esta orientación es lo que explica que la gran mayoría de los contagiados tenga entre 30 y 50 años, y el promedio de ocupación de camas UTI sea de 53 años. Es evidente que los más expuestos son quienes están en actividad laboral. Contra esta desidia, urge más que nunca la pelea por la implementación de protocolos obreros, testeos masivos y aislamiento de contactos estrechos en los lugares de trabajo, paralizando todas las actividades que sea necesario bajo control de los trabajadores.

La información revelada por los trabajadores de la salud acerca de que el 65% de las personas que ingresan a las UTI fallecen pone de manifiesto que es necesaria una inversión inmediata en el sistema de salud, no solo para garantizar más elementos sino para contratar y capacitar a más personal que pueda ejercer su profesión sin poner en riesgo su vida. También un reordenamiento del mismo, que incluya la centralización de todos los recursos para orientarlos a las necesidades de la clase obrera, hoy más expuesta al virus que nunca.

Este descalabro sanitario, sin siquiera un plan para reforzar el sistema de salud y disminuir la circulación del virus, y el fracaso sistemático de todas las medidas que fue improvisando el gobierno, son entonces el resultado de una política al servicio de los capitalistas. El hecho de que uno de cada cuatro trabajadores sea pobre revela también que el problema es la pauperización de las condiciones de vida, lo que debe combatirse con un seguro al parado de 40 mil pesos, la prohibición real de los despidos y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

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