A mediados de agosto, el gobierno nacional colocó a la ciudad de San Lorenzo en zona roja debido a los contagios que iban ascendiendo. Se hablaba de 100 casos, estimando que por cada caso positivo documentado hay entre 8 a 10 personas contagiadas. Al día de hoy, los casos oficiales totales de contagios de Covid-19 en el departamento San Lorenzo son 916 desde el inicio de la pandemia. Y si se toman los últimos 7 días, se han detectado 273 casos nuevos de personas afectadas por el virus (La Nación, 7/9), dando cuenta de un salto exponencial de contagios.

El intendente Leonardo Raimundo, al momento de comunicar que la circulación del virus en la ciudad era comunitario, habilitó un teléfono para la atención de personas aisladas con presunto coronavirus para realizar un seguimiento “ofreciendo ayuda desde el municipio”, de manera remota. Y “refirió que todo el operativo será para no paralizar la actividad económica” (Pregón, 18/8).

La “línea” de Raimundo funciona como un encubrimiento del vaciamiento del sistema de salud. Durante años de gobierno municipal permitió el desguace. Desde 2007 los sanatorios de la ciudad se fueron cerrando y quedó funcionando solo un hospital provincial (Granaderos a Caballo) y consultorios privados. No hay lugar para internaciones en San Lorenzo, que son derivadas a Rosario, donde actualmente el 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas.

Se realizaron numerosas marchas de jubilados y activos para evitar el cierre de los sanatorios, pero los negocios privados en la salud y la falta de inversión han dejado a la ciudad devastada.

El personal de salud

El hospital de San Lorenzo, Granaderos a Caballo, fue declarado de segundo nivel cuando se declaró la pandemia, un reconocimiento de que carece de complejidad para dar internación en terapia intensiva a los casos de Covid-19. No obstante ello, actualmente atiende casos por disposición del Ministerio de Salud provincial y municipal. El personal de salud de nuestra ciudad que trabaja en ese hospital lo hace también en efectores de salud privados y como personal médico en las fábricas del cordón.

Ramón Portillo, el primer médico muerto por Covid-19 en Santa Fe, falleció en San Lorenzo y era médico del hospital Granaderos a Caballo, de centros privados y médico de la empresa Celulosa, ubicada en Capitán Bermúdez. La polifunción derivada de los bajísimos salarios, indignos para los trabajadores de la salud que se juegan su vida y la de su familia, es un riesgo de vida adicional que solo se explica por el ajuste en salud pública que vienen aplicando todos los gobiernos.

La provincia necesita una centralización total del sistema de salud, única manera de disponer de todas las camas de manera unificada. La disparidad en recursos que posee el sector privado por encima del público debe ser administrado por un comité de sanitaristas y trabajadores.

El Estado debe financiar la cobertura completa de los insumos de protección para el personal sanitario, garantizar la ampliación de las camas y unidades de terapia intensiva y un aumento salarial que equipare los sueldos a la canasta familiar -$70.616 según medición de las y los trabajadores del Indec.

Dictadura patronal

Otro encubrimiento del poder político ha sido el trato con las fábricas del cordón industrial. Desde el primer día del aislamiento, las patronales impusieron la lógica de defender la “continuidad productiva” utilizando todo tipo de maniobras para que la producción no pare, aun con casos positivos en planta, una de las principales razones de la transmisión comunitaria del virus.

Hay registrados casos de Covid-19 en muchísimas empresas del cordón. Según nos cuentan compañeros aceiteros, los mandan a su casa con los días pagos a cambio de que no divulguen que están contagiados, apelando a la política de confidencialidad del trabajador con la empresa. Pero el silencio, en este caso, no es salud.

Este encubrimiento patronal de la realidad de los contagios lo reconoció el propio ministro de Trabajo Roberto Sukerman, quien salió a hacer campaña con… un 0-800, para que los trabajadores denuncien los casos de Covid que sus empleadores no habían denunciado ante el Ministerio de Salud, que por protocolo es obligatorio. Otra ley que los capitalistas violan, como el decreto anti despidos que resultó ser papel mojado. Según nos cuentan los trabajadores, de 20 testeos que se realizan en las fábricas a obreros 6 dan positivo, pero nunca se pararon los sectores para desinfectar. A lo sumo rotan a los trabajadores para que quede un grupo sano si alguno del otro grupo le da positivo.

Las empresas no realizan ningún seguimiento y los trabajadores cercanos a quien está infectado deben seguir trabajando en el sector, porque el protocolo se pone en vigencia luego de que el positivo está confirmado. En muchos casos esto sucede cuando ya han pasado más de diez días que el trabajador anunció que tenía síntomas de coronavirus y ya pudo contagiar a todo su entorno laboral y familiar.

Luego viene la demora en la atención de quienes comienzan a tener síntomas, que es muy extensa y dolorosa, horas y hasta días de espera para ser atendido, llamadas a los centros telefónicos colapsados, luego días para ser hisopados y semanas para que te den los resultados.

El protocolo en el que se refugian los patrones es también papel mojado. Los operarios trabajan en empresas multimillonarias y tienen que reclamar diariamente materiales tan simples como barbijos, porque no son entregados en cantidad necesaria. Lo que no sorprende, porque el Estado no garantiza esto ni en los hospitales.

Esta desidia y abandono está generando mucha bronca y, en algunas fábricas, los trabajadores están planteando parar la producción por la cantidad de contagiados que existe.

Por comités electos en asamblea

Nuevamente escuchamos que la responsabilidad es individual, cuando en las fábricas se funciona sin protocolos. Debemos organizarnos en asambleas en cada sector de trabajo para imponerles a la patronal los protocolos que cuiden de nuestra salud, eligiendo representantes que tengan poder de veto para frenar la producción si la vida y la salud de las y los compañeros están en peligro por negligencia patronal.

El gobierno ordenó tardíamente retroceder en la fase, cerrando nuevamente las actividades menores, mientras la gran industria sigue funcionando como si nada. Es claro que para Raimundo y el gobernador Omar Perotti el lucro capitalista está sobre la salud de los trabajadores y la población.