El ajuste en salud pública ya muestra sus consecuencias más graves: los contagios de VIH vuelven a crecer en la Argentina. El último informe oficial —diciembre de 2024— registró un aumento del 21% de nuevos casos respecto de los años anteriores, con 6.400 nuevos infectados y 140.000 personas viviendo con el virus. Los especialistas alertan que el 98% de los contagios se produce por transmisión sexual y que la falta de campañas de prevención, de acceso a testeos y de educación sexual explica buena parte del repunte.

El repunte del VIH no es un fenómeno aislado: las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) registran picos históricos en el país. En 2023, los casos de sífilis aumentaron un 22% respecto del año anterior y la gonorrea alcanzó su tasa más alta desde que existen registros. La franja más afectada son jóvenes de entre 20 y 24 años, lo que refleja una caída en el uso del preservativo y la falta de campañas de prevención sostenidas.

Mientras tanto, la política oficial se orienta en el sentido opuesto a las necesidades sanitarias. El gobierno de Milei no solo profundiza el ajuste sobre el sistema público de salud, vaciando los hospitales y discontinuando programas de prevención, sino que además le otorga protagonismo político a las iglesias evangélicas nucleadas en Aciera, que hacen campaña contra la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos. Mientras crecen los contagios de enfermedades de transmisión sexual, el Estado promueve el oscurantismo.

Los especialistas advierten que la lucha contra el VIH requiere campañas sostenidas de prevención, distribución gratuita de preservativos, acceso al testeo y políticas de salud sexual integrales. Pero en la Argentina de Milei, el Estado recorta programas, se persigue a los promotores de salud y se desmontan las estrategias territoriales de prevención.

A comienzos de año, el Ministerio de Salud despidió al 40% del personal técnico de la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, desmantelando áreas clave que garantizaban la compra y distribución de medicamentos y la asistencia técnica a las provincias.

Varios programas de atención sanitaria y prevención directamente se ejecutaron a cero, incluyendo partidas destinadas al control de enfermedades transmisibles. La entrega de preservativos cayó a su nivel más bajo en una década: de 55 millones en 2018 a apenas 4,8 millones en 2024. El cierre del Plan ENIA —dedicado a la prevención del embarazo adolescente— y los despidos en el área de salud sexual agravaron la situación. En algunos hospitales y centros de salud directamente se interrumpió la distribución gratuita de profilácticos.

En paralelo, el 45% de los nuevos diagnósticos de VIH son tardíos, y al menos el 13% de las personas que viven con el virus desconoce su condición. Sin campañas de testeo y con programas territoriales desmantelados, el Estado profundiza una crisis sanitaria que podría haberse evitado.

A esto se suma la avanzada clerical: la presencia de sectores antiderechos dentro del Estado, que cuestionan la educación sexual integral y la distribución de métodos anticonceptivos, bloquea toda perspectiva de una política sanitaria basada en la ciencia y en la autonomía de las personas.

La lucha contra el ajuste sanitario, la privatización y el avance de los pulpos farmacéuticos es inseparable de la defensa de la salud sexual y reproductiva. Mientras el gobierno entrega la política sanitaria a los grupos religiosos y a las corporaciones, los trabajadores de la salud —como los del Garrahan y tantos hospitales del país— muestran que la única salida realista pasa por organizarse desde abajo para defender el derecho social a la salud y a la educación sexual integral.

Enfrentar el VIH en serio implica enfrentar al ajuste, al oscurantismo y al lucro privado con la salud pública.

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