Los últimos reportes diarios del Ministerio de Salud dan cuenta de una tendencia ascendente en la curva de contagios de coronavirus y en la cantidad de muertes. Ahora bien, el gobierno de Alberto Fernández no tiene previsto reforzar el sistema sanitario ante este incremento, su única política para abordar la situación es aguardar la llegada por tandas de las vacunas. Sin ir más lejos, el oficialismo y la oposición patronal votaron un presupuesto de salud para el 2021 que contempla una reducción del 9% con respecto al año pasado.

Solo en lo que va de mayo se registraron 417.295 contagios y 8.400 fallecidos, cuando el mes pasado en la misma cantidad de días hubo 3.618 muertes. A su vez, desde el 19 de abril a la fecha se produjeron 12.789 muertes. Por otro lado, el número de contagios del día de ayer fue un 41,6% superior a la cantidad de contagios reportados el 1° de mayo, hace 20 días atrás. De este modo, son 329.745 los casos que se encuentran activos al día de hoy y la ocupación camas de terapia intensiva a nivel nacional se ubica en un 72,2%.

La magnitud del alza que experimentaron todos los indicadores en el transcurso de un mes o menos contrasta enormemente con la cantidad de unidades de terapia intensiva incorporadas a lo largo de toda la pandemia. Desde marzo del año pasado tan solo se añadieron 3.502 camas de cuidados intensivos, y, el gobierno, hasta el momento, no anunció un nuevo incremento. Así las cosas, avanzan de manera exponencial los contagios y las muertes, sin embargo, el número de camas existentes -12.023 en todo el país- permanece estanco, y, lógicamente, no están reservadas exclusivamente para pacientes con Covid-19.

Como se ve, el panorama para las próximas semanas es alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que, según la OMS, aproximadamente el 5% de los infectados con coronavirus necesita cuidados intensivos. El colapso sanitario, que ya es una realidad en varias localidades, aparece como un riesgo inminente para todo el país.

El gobierno que no se ocupó de reducir la circulación a fin de evitar la escalada de casos debido a que no quiso tocar los intereses de las patronales ni destinar fondos públicos en asistencia social para garantizar una cuarentena sin hambre, ahora tampoco toma ninguna resolución en función de asegurar que todo aquel que lo necesite reciba atención médica. El hilo conductor es la subordinación al FMI y el cumplimiento a rajatabla del ajuste, en detrimento de la salud de la población.

El gabinete oficial deposita todas sus expectativas en el arribo escalonado de vacunas, cuyo cronograma es difuso. Sumando todas las dosis comprometidas -las cuales partirán desde México, Estados Unidos, Rusia y China-, el gobierno espera recibir alrededor de 10 millones en las próximas semanas. Mas allá de que se cumplan los plazos, la cantidad de vacunas que llegarán resulta insuficiente. Por un lado, hasta el momento tan solo 2.152.184 argentinos recibieron las dos dosis. Por otra parte, 10 millones no alcanza ni siquiera para inocular con ambas dosis al total de la población mayor de 60 años que hay en el país, que son 7.279.394 personas según el Indec. Esto, sin contar la cantidad de habitantes con patologías previas o trabajadores esenciales, quienes precisan ser inmunizados de manera urgente.

Además, si la única política sanitaria que se implementa para aplanar la curva de contagios o reducir la mortalidad es esperar la vacunación, recién se verán los resultados una vez pasadas las tres semanas de la aplicación de las dosis, que es lo que se demora en obtener la inmunidad. Es decir, con suerte, el cuadro epidemiológico mejoraría a partir de julio, y, en el camino, habrá miles de muertos si la aplicación de las vacunas no va acompañada de un reforzamiento del sistema de salud.

El manejo de la pandemia por parte del gobierno se ha vuelto la “crónica de un colapso anunciado”. Es necesario que los trabajadores reescribamos esas páginas, ejerciendo nosotros mismos el control de la situación sanitaria. Ante las cifras récord de contagios, debe suspenderse toda actividad económica no esencial, prohibiendo los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. En caso de que las patronales se vean imposibilitadas de garantizar los puestos de trabajo y el salario íntegro de sus empleados, el Estado tiene que hacerse cargo, previa apertura de los libros contables. Resulta fundamental la implementación de un seguro al desocupado de $40.000 y un salario mínimo y jubilación no menor a $63.000.

La centralización del sistema de salud, la triplicación del presupuesto y la recomposición salarial del personal de salud son necesidades de primer orden para afrontar la crisis sanitaria. Debe haber una ampliación urgente de las camas de terapia intensiva y respiradores disponibles en pos de evitar un desborde en los centros de salud. Es necesario avanzar en la producción nacional de la vacuna contra el Covid, poniendo todos los recursos -tanto públicos y privados- para que exista una fabricación a gran escala con el objetivo de vacunar a toda la población. El primer paso en ese sentido tiene que ser la intervención del laboratorio mAbxience, ubicado en Garín (propiedad de Hugo Sigman), la incautación del medio activo de la vacuna de AstraZeneca que allí se produce e instrumentar el envasado de las dosis en territorio nacional. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda ilegítima y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.

 

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