El récord de contagios en el día de hoy, 39.652, y de fallecidos por Covid-19 el día de ayer, 745, es el resultado del interés social que ha primado en todo el manejo de la pandemia: la preservación de los negociados de la clase capitalista y el ajuste que exige el FMI. La magnitud de las cifras presentadas no ha redundado en un cambio de orientación por parte del gobierno de Alberto Fernández, quien se muestra partidario de mayores restricciones en el plano discursivo, pero en la práctica se limita a tomar medidas inocuas para disminuir la circulación del virus.

Tanto el despliegue que significó el debut del programa televisivo “ShowMatch” -catalogado por el ministro Gollán como una “imagen negativa”- o el contagio de nueve jugadores de River fruto de que no se suspendieron los torneos ante la emergencia epidemiológica -y hasta Alberto Fernández manifestó su acuerdo con la posibilidad de que se juegue la Copa América en Argentina- son un botón de muestra de una realidad nacional, donde el grueso de la actividad económica no esencial sigue funcionando. Lo anterior, sumado al incumplimiento de los protocolos por parte de las patronales, produjo que hasta la fecha se registraran 266.619 contagios en los lugares de trabajo y 1.100 muertes, según el Observatorio Basta de Asesinatos Laborales. Esto, sin contemplar lo ocurrido en el terreno del empleo informal, donde las condiciones de bioseguridad están ausentes. Los ejemplos de Toyota, que tuvo que suspender un turno entero por el contagio de 100 obreros, y de Volkswagen que redujo al 50% su producción por la cantidad de personal aislado, ilustran de manera muy nítida esta situación. Sucede que los protocolos vigentes están hechos a la medida de las patronales y no incluyen que pueda ser frenada la producción en caso de que los trabajadores lo consideren necesario ante el incremento de los contagios. Por lo tanto, resulta de primera necesidad la elaboración de protocolos obreros que se rijan bajo criterios sanitarios, poniendo por encima la salud de los trabajadores y no los beneficios capitalistas.

Los testeos a cuentagotas y la reticencia a aislar contactos estrechos ha sido moneda corriente en las empresas. El gobierno, por su parte, no tiene en carpeta cerrar ninguna otra actividad productiva ya que pone por delante las ganancias de los capitalistas, y, además, no está dispuesto a confrontar con las patronales si, en caso de cierre, avanzan con despidos o rebajas salariales. A su vez, proceder a mayores restricciones solo sería posible con una asistencia económica por parte del Estado, algo que Alberto Fernández busca evitar ya que prioriza arribar a un acuerdo con el FMI. Sobre la vuelta a “Fase 1”, el presidente opinó que “la gente no lo resiste”, cuando finalmente lo que la población “no resiste” de la cuarentena es la falta de recursos para poder sobrellevarla sin pasar hambre, algo que la gestión gubernamental jamás garantizó.

De este modo, los cierres parciales y sin asistencia estatal que se han llevado adelante no solo no colaboran en disminuir el nivel de contagios, sino que han tenido consecuencias devastadoras para los trabajadores involucrados, como los trabajadores de la cultura y del ámbito gastronómico. Los Repro de hasta $18.000 para cubrir los salarios en bares y restaurantes o la beca Cultura Solidaria de hasta $15.000 para los artistas están lejos de representar un ingreso acorde que permita afrontar el incremento del costo de vida.

La ruta del ajuste también se ve reflejada en el hecho de que el presupuesto de salud para este año fue recortado en un 9% en términos reales, en comparación al del 2020. Una política que va en sentido contrario a las necesidades que impone el recrudecimiento de la pandemia y que echa por tierra la posibilidad de ampliar las unidades de terapia intensiva y robustecer el sistema sanitario. Así las cosas, el oficialismo y la oposición patronal, quienes votaron este recorte presupuestario, pavimentan el camino para que se produzca un desborde en el nivel de ocupación de camas y aumente la mortalidad. Como se ve, la ministra de salud de Nación, Carla Vizzotti, se limita a anunciar que asistimos a “una curva similar a la del año pasado con el doble de casos” pero omite que no se prepararon las condiciones en el sistema de salud para abordar ese aumento.

El horizonte del colapso aparece ya en vastos lugares del territorio nacional, como Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y el Amba, sin embargo, el piloto automático continúa. El gobierno utiliza como tabla de salvación el anuncio del arribo de 4 millones de dosis de AstraZeneca antes de que finalice mayo y dos millones de Sputnik V para junio. En primer lugar, esta cantidad resulta insuficiente teniendo en cuenta que en Argentina 10.383.925 personas fueron vacunadas, pero tan solo 2.103.964 recibieron ambas dosis. Por otro lado, festejar la llegada de un puñado de vacunas de AstraZeneca cuando el país firmó un contrato por 22 millones de dosis, cuyo medio activo se produce localmente y existe la capacidad productiva en el país para completar el envasado, es, como mínimo, una burla hacia la población. A su vez, reducir las medidas sanitarias al arribo escalonado de vacunas es un aval a que los contagios y las muertes sigan su curso hasta que la inoculación alcance a una cantidad significativa de habitantes, algo que tardará meses en suceder.

A la luz de los acontecimientos, es fundamental que emerja un control obrero y popular sobre la pandemia. Frente al pico de casos, se deben cerrar las actividades no esenciales, prohibiendo los despidos y suspensiones y las rebajas salariales; en caso de que la empresa manifieste la inviabilidad de garantizar estas condiciones, el Estado debe proceder a abrir los libros contables, y, si se verifica dicha imposibilidad, se deberá hacer cargo de preservar los puestos de trabajo y el salario íntegro de todos los empleados. A su vez, es necesario un seguro al desocupado de $40.000, un aumento de emergencia a los jubilados de $15.000 y un salario mínimo equivalente a $63.000. Las clases deberán seguir siendo virtuales, con computadoras, conectividad y becas para que nadie se quede sin cursar.

Por otro lado, es preciso una triplicación del presupuesto de salud para ampliar las camas de terapia intensiva, recomponer el salario del personal de salud y garantizar los insumos sanitarios necesarios, junto con la conformación de un sistema único de salud, que contemple a la medicina pública, privada, obras sociales y laboratorios, centralizado por el Estado y gestionado por los trabajadores de salud. Por último, hay que dar paso a una producción nacional de vacunas utilizando todos los recursos privados y públicos disponibles para tal fin, comenzando con la intervención del laboratorio mAbxience de Hugo Sigman, ubicado en Garín, en función de incautar las dosis de AstraZeneca que se fabrican allí completando el envasado en territorio nacional. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.