La meseta de la curva de contagios de coronavirus terminó y los casos volvieron a subir. Antes del salto a 35.543 del martes 18, el promedio de contagios diarios ya había pasado de 20 mil a 24 mil en una semana, y el lunes había sido el tercer día con mayor cantidad de casos desde que comenzó la pandemia. Las 745 muertes diarias completan el cuadro de gravedad de la situación.

La particularidad de este recrudecimiento es que el virus se está trasladando a las provincias, las cuales aportan el 60% de los nuevos casos, pero al mismo tiempo no cede en el Amba. La situación pone en jaque al gobierno nacional, ya que el viernes terminan las restricciones establecidas en el último DNU, lo que lo obliga a decidir si profundizar o no las medidas restrictivas.

Aún no hay una decisión oficial y esta llegaría recién el viernes, pero todo indica que, de haber nuevas restricciones, serían focalizadas y localizadas. Particularmente se aplicarían sobre aquellos lugares que ya están con un altísimo riesgo sanitario, ya sea por tener muchos casos como por tener una alta ocupación de camas. Y estos no son pocos: Santa Fe, Córdoba y Neuquén son las situaciones más agudas con más del 95%, pero también Catamarca, Formosa, San Luis y Chubut.

Como de costumbre, las medidas llegan tarde. Corren detrás de la situación sanitaria, y las restricciones que se aplican resultan limitadas en tanto no tocan las actividades económicas y el grueso de la circulación. Alberto Fernández dijo que “la única solución que tiene en sus manos frente a la pandemia es la de evitar la circulación”. Esto tomaría la forma de un nuevo DNU, mientras espera la aprobación de su proyecto de ley para regular las decisiones del Poder Ejecutivo. La mayoría de los funcionarios dice de la boca para afuera que es necesario bajar el desplazamiento de personas, pero ninguno se pone a la cabeza de tomar la decisión, mientras se patean la responsabilidad entre Nación y provincias.

También analizan la posibilidad de adelantar los horarios de las restricciones y prohibir la circulación desde las 19 horas. Ahora, si la prohibición desde las 20:00 fue ineficaz para prohibir los contagios, ¿por qué una hora cambiaría el amperímetro de la situación? Si no se aplicó ningún tipo de control para que esto se cumpla y los lugares de trabajo garanticen que los trabajadores lleguen a sus hogares antes de las ocho de la noche, ¿por qué ahora sí funcionaría?

La situación en el Amba

El propio Fernán Quirós, ministro de Salud del gobierno de Horacio Larreta, tuvo que aceptar que habían vuelto a subir los casos en CABA por encima de los 2.800, aunque aprovechó para apuntar nuevamente contra las reuniones sociales. En cambio, para el gobierno de la Ciudad la presencialidad en las escuelas “es motivo de muy pocos casos”. ¿Cómo explica, entonces, el ministro Quirós el aumento de casos que vino acompañado con el inicio de las clases presenciales y que continuó aun con las restricciones impuestas, particularmente en la franja etaria de 13 a 19 años? ¿O el colapso en los hospitales de niños de la Capital, como el Garrahan o el Gutiérrez, que casi no habían reportado internados por Covid durante la primera ola?

Estas declaraciones desataron una nueva respuesta de su contraparte en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien le pidió a Quirós que “muestre la evidencia” para sostener las escuelas abiertas. Es una impostura del ministro de Salud, que mientras denuncia a Juntos por el Cambio por jugar con la salud de la comunidad educativa mantiene en el interior de la provincia de Buenos Aires la presencialidad sin condiciones con resultados desastrosos, como en Mar del Plata donde murieron 5 trabajadores de la educación en una semana. Haz lo que digo pero no lo que hago.

Por su parte, viceministro Kreplak -el más “extremista” de la cartera de Salud de Buenos Aires- pidió avanzar en un cierre total mientras se acelera la vacunación, pero que sea solo por un período corto. Según Carla Vizzotti, antes de fin de mes llegarán 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero vale la pena recordar que, si bien podrían alcanzar para inocular con una sola dosis a los grupos con prioridad, la edad promedio de ocupación de camas es de 53 años, es decir quienes están en edad laboral y no forman parte de los sectores que recibirán las vacunas, a menos de que tengan alguna comorbilidad.

Las idas y vueltas con la presencialidad y la aplicación de medidas según las autoridades de cada jurisdicciones revelan que no existe un plan de contención de la pandemia por parte del gobierno nacional, sino que prima la improvisación. La misma es responsable del saldo de más de 70 mil muertos, que actualmente nos ubica en el segundo lugar en cantidad de muertos diarios en el mundo.

El “cuidado de la economía” que tanto aboga el gobierno para no establecer nuevas restricciones no aplica para la clase trabajadora, que con o sin cuarentena sufre las consecuencias de la miseria social. Es por eso que el rescate de la producción es lo que incita al gobierno a imponer las limitadas restricciones mencionadas, y no la preservación de la salud de los trabajadores. Son los trabajadores quienes deberán imponer las nuevas restricciones discutidas hacia el interior de la clase obrera y las medidas de ayuda social para poder cumplirlas, como el seguro al parado de $40 mil y el salario mínimo vital y móvil igual a la canasta básica; así como los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo.