La convocatoria lanzada por les trabajadores del Hospital Garrahan para el próximo 17 de julio a Plaza de Mayo reúne las condiciones para transformarse en un gran punto de unificación de las luchas contra el desmantelamiento del sistema público de salud que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. No se trata de una crisis más: estamos frente a una política criminal que pone en juego la vida misma de millones de personas.

Desde hace meses, les trabajadores del Garrahan vienen denunciando el vaciamiento presupuestario que pone en riesgo la atención de miles de niñes. Faltan insumos, hay renuncias masivas de profesionales, no se cubren cargos, se ajustan salarios y hasta se eliminaron las residencias. Pero lejos de ser un caso aislado, lo del Garrahan es la punta del iceberg de una ofensiva general contra el derecho a la salud.

Un informe reciente de DW en Español reveló que más de 60 personas con cáncer han muerto en los últimos meses por no poder acceder a los medicamentos oncológicos que el Estado dejó de entregar. Más de 100 expedientes están paralizados y los pacientes deben recurrir a la caridad para intentar sobrevivir. El caso de Ariel Wagner, un paciente con leucemia que necesita un medicamento de 21 millones de pesos por mes, es la expresión más brutal del ajuste oficial. El gobierno está condenando a muerte a los sectores más vulnerables de la población.

A esto se suma el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer, el cierre de programas de detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama o cuello uterino, y la transferencia del costo del tratamiento a las provincias. Las consecuencias son visibles: grandes diferencias interjurisdiccionales en los resultados oncológicos, con provincias como Formosa y Misiones en el quintil más alto de mortalidad por cáncer cervicouterino y de cuello uterino.

Luego de el vaciamiento de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la notificación de casos de tuberculosis aumentó un 10,3% en 2023 respecto del año anterior. Y Argentina sigue siendo uno de los países con alta carga de enfermedad de lepra. Mientras tanto, el gobierno también avanza en el vaciamiento de programas clave como el de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cerrando áreas que proveen test, reactivos y antirretrovirales a miles de personas, lo que promueve su proliferación.

Este ajuste también afecta gravemente el Programa Nacional de Vacunación, que no solo compra vacunas sino que monitorea brotes como los de legionella o fiebre hemorrágica. En medio de la mayor epidemia de dengue de la historia del país, el Ministerio de Salud decidió que la vacuna no será incluida en el calendario nacional. El “plan motosierra” de Milei es una política sistemática de aniquilación del sistema público de salud donde el que no puede pagar, muere.

Las muertes evitables, la falta de atención, el colapso hospitalario y los despidos en el sector salud son el resultado directo de las políticas que Milei vino a implementar al servicio del FMI, los laboratorios y las grandes corporaciones de salud privada.

Por eso, el 17 de julio tenemos que llenar Plaza de Mayo. Les trabajadores del Garrahan no pueden estar solos. Es necesario que confluya la lucha de les residentes y concurrentes, de los hospitales provinciales, de quienes defienden el Posadas, el Roffo, el Elizalde, el Gutiérrez, y de todas los sectores en conflicto, como las organizaciones sociales, los sindicatos combativos, los centros de estudiantes, y los familiares de pacientes abandonados a su suerte.

Es Milei o nuestra salud. Si no frenamos este plan de guerra contra los laburantes, el colapso sanitario será irreversible.

A Milei hay que sacarle “tarjeta roja” ya

A fondo con las luchas y un agrupamiento combativo. -

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