Desde 1987, el 1 de diciembre se conmemora el día mundial de respuesta al VIH-SIDA, desde que se empezaron a conocer casos de este virus se estima que 75,7 millones de personas convivieron con el VIH y un promedio de 32,7 millones fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. Los datos de Naciones Unidas estiman que 1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2019.

Según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina hay 129 mil personas que conviven con el virus y un 20% de ellas lo desconoce. Del total de personas que conocen su diagnóstico, el 83,5% está en tratamiento y la mayoría de ellas se atiende en el sistema público de salud.

Históricamente, los sectores más conservadores y la Iglesia Católica, asociaron el VIH a una conducta sexual considerada promiscua y se lo utilizó para responsabilizar a las diversidades sexuales de esa pandemia, apodándolo “la peste rosa” y estigmatizando con más gravedad a la homosexualidad como pecado. Hoy en día, aún la ESI laica y científica no se aplica ni se financia por bajada de línea de las Iglesias al Estado, lo que beneficia, que este prejuicio se mantenga en el sistema capitalista.

Pese a los avances científicos en materia de prevención y tratamiento, las mujeres travesti/trans son un 34% de los 5800 casos que hubo en el 2019 en nuestro país. Esto se debe a las condiciones de vida a las que el Estado condena a este sector de la población, donde la falta de acceso al mercado laboral las empuja en muchos casos a la prostitución, donde se ven más expuestas a diferentes ITS además del VIH. En este cuadro de crisis, se agrava el peligro para la población con VIH que no tiene acceso a su tratamiento, ya que el COVID-19 podría potenciar sus problemas de salud. Muchas personas vieron peligrar su continuidad de tratamiento por la dificultad de acceso con la cuarentena y el mismo recorte en el Programa de Prevención de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.

En 2020 fue presentado un nuevo Proyecto de ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis y de Enfermedades de Transmisión Sexual, al cual adherimos. Este proyecto no fue tratado en el recinto en sus dos presentaciones hechas anteriormente en 2016 y 2018 perdiendo estado parlamentario, a pesar de tener el consenso de distintas organizaciones de activistas.

Debido a los sucesivos ajustes en el terreno de la salud, la anterior ley de 1990 no se cumple, y que exista una nueva ley tampoco garantiza su cumplimiento si el Estado no se responsabiliza por su financiamiento y aplicación.

Los antirretrovirales, que comenzaron a recortarse desde finales del macrismo, sólo se dan en los hospitales y no en los centros de salud barriales, y para completar el cuadro de crisis sanitaria, tampoco hay un acceso a los métodos anticonceptivos y en muy pocos casos, se encuentran preservativos en los centros comunales de salud.

En esta nueva ley, se prohíbe el uso de test VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS para acceder a un puesto de trabajo. Esta práctica, es muy común en las patronales para excluir a quienes conviven con el virus y no accedan a un trabajo. También incluye la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus y pensiones no contributivas a personas con VIH y Hepatitis B o C.  Este proyecto lleva la firma de 17 diputados incluyendo la firma de la diputada del Partido Obrero (FIT) Romina Del Plá y es el primer paso hacía una lucha contra la estigmatización y exclusión hacia las personas con VIH en el sistema de salud, donde haya un enfoque científico sobre la problemática sin entrar en discursos patologizantes.

El presupuesto 2021 prevé nuevos recortes y ajustes en varios sectores de la salud. Estos recortes se vienen dando tanto en el Gobierno de Alberto Fernández, como el de su antecesor, Mauricio Macri. Un ejemplo de esto fue la renuncia en octubre de Sergio Maulen quien era titular del área programática de tratamientos de SIDA, Hepatitis y Tuberculosis en Argentina. El funcionario comenzó en su cargo durante el gobierno Macrista y renunció debido a las denuncias de desfinanciamiento. Luego en la asunción del Gobierno actual y la formación nuevamente del Ministerio de Salud, le ofrecieron de vuelta el cargo, del cual también renunció. Lo que no cambió a pesar de tener un Ministerio de Salud, fueron las denuncias de vaciamiento en la salud pública.

Desde la Agrupación LGBTI 1969, entendemos que el ajuste fondomonetarista en marcha se traduce en menor presupuesto y más desfinanciamiento en la salud pública. El mismo Estado pone en jaque la salud de la clase trabajadora impidiendo el acceso a los derechos garantizados por ley.

Organicémonos junto a les trabajadores de la salud de manera independiente del Estado y sus gobiernos, para que se destine dinero a la salud pública y no para pagar la deuda externa. Exigimos la producción nacional de antirretrovirales, métodos anticonceptivos y campañas de prevención. Basta de negociados del Estado con los laboratorios privados. Nuestras vidas no son un negocio.