Salud
21/5/2024
El gobierno busca desregular las prestaciones por discapacidad para seguir ajustando
Una medida que atenta contra la integralidad y universalidad en la cobertura.
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Ajuste en Discapacidad.
En los últimos días ha circulado un proyecto de decreto que el gobierno nacional estaría trabajando para desregular el nomenclador de las prestaciones por discapacidad, en un intento por avanzar con el ajuste sobre el sector. Se trata de una medida que atenta contra la integralidad y la universalidad de la cobertura, que podría dejar a muchos pacientes sin las prestaciones adecuadas.
El proyecto en cuestión plantea atacar el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y el nomenclador que hace 25 años establece los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del sistema.
Estamos ante un proyecto que busca agravar una situación de por sí complicada, debido a que el propio nomenclador ha sido objeto de distintos reclamos de los prestadores al gobierno para aumentar los aranceles que pagan las obras sociales, prepagas, el Estado y financiadoras para la cobertura de las prestaciones por discapacidad.
Ahora, su eliminación, plantea perforar el piso de los aranceles de este nomenclador, incorporando una diferenciación hacia los pacientes con discapacidad, entre aquellos que accedan a prestaciones de mejor o peor calidad, teniendo en cuenta la cobertura médica de cada persona.
El artículo 2 del proyecto circulado establece: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Es decir que de sancionarse el mismo las prestaciones por discapacidad quedarán relegados a los marcos de la “libertad de mercado”. Desde las asociaciones y entidades de personas con discapacidad alertaron que se estaría ante una medida regresiva que atenta contra el principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo que no existe una base común de garantías para el conjunto de los solicitantes de una determinada prestación.
Esto se da en el marco de prestaciones cuyo nomenclador oficial ya es bajo, en el cuadro de despidos y recortes en el sector y en las pensiones por discapacidad, más los aumentos generalizados en la medicina prepaga que hacen insostenible cualquier cobertura más integral.
Al tempo que el gobierno intenta avanzar con esta desregulación también ajusta los fondos destinados a la cobertura de las prestaciones de discapacidad. Con esta desregulación lo que se busca es “lavarse las manos” y que cada financiadora costee las prestaciones que pueda costear. Esta situación también agravaría la situación de las obras sociales más pequeñas, con escasa autonomía financiera, lo que se trasladaría también a sus afiliados.
Desde el sector también destacan que otro de los agravantes de esta situación es la baja inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad, siendo que en la actualidad se calcula que 8 de cada 10 personas bajo esta condición carecen de empleo, mientras que la pensión por invalidez solo alcanza al 70% de una jubilación mínima de indigencia.
El proyecto desregulador del gobierno debe ser rechazado para garantizar el acceso integral y universal a las prestaciones por discapacidad, sin diferenciación financiera y económica. Al tiempo que debe aumentarse los aranceles del nomenclador para que los profesionales a cargo de las prestaciones (Acompañantes Terapéuticos, enfermeros, traslados, acompañantes, etc.) reciban una remuneración que les permita superar la canasta básica. Ningún recorte en discapacidad, ni ajuste en la salud.
