El lunes, mientras los partidos del régimen montaban “la grieta judicial”, el superministro Massa largó por DNU un paquete de ajuste brutal de $128 mil millones en el gasto público para poder cumplir con las metas fiscales que le impone el FMI. Al día siguiente, las comunicaciones por parte de centros, obras sociales se extendieron como un reguero de pólvora a los prestadorxs de discapacidad, comunicando que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no había hecho los giros correspondientes y por lo tanto estas no podían abonar nuestros honorarios.

Rápidamente entre la SSS y la Afip se empezaron a tirar la pelotita para ver de quién era la culpa no autorizar qué, hecho que es desmentido por el malestar que se está generando entre las mismas burocracias sindicales que administran las obras sociales, que apuntan a las medidas de ajuste (o sea al gobierno nacional) y a que el Estado aportaría solamente 1.500 millones al Fondo de Redistribución Solidaria (FRS) (Infobae, 24/08) que es un fondo que se financia desde los aportes de los trabajadores para sostener prestaciones de alta complejidad (entre las cuales están los tratamientos del área de discapacidad) y medicamentos. Este ajustazo implicaría un recorte de $10 mil millones sobre las transferencias previstas para este año, para los próximos 4 meses se daría un promedio de un 10% de lo transferido mensualmente (Clarín, 24/08).

Esto es algo gravísimo, que está pasando desapercibido: producto de este ajuste, el sistema de prestaciones para las obras sociales gremiales entrará en default técnico, y los funcionarios que monitorean el FRS, admiten que este mes ya no habrá fondos para el Sistema Único de Reintegros, para tratamientos médicos, prestaciones y medicamentos de alto costo (Ámbito, 26/08). Esto no afectará solamente al sistema de discapacidad, es un ataque directo al derecho al acceso a la salud de gran parte de la población trabajadora. Irónico que este ataque venga de quienes agitan que vinieron a ampliar derechos.

La presión de “los Gordos” y el guiño del gobierno

Esto seguramente será usado por parte de la burocracia de las centrales obreras para hacer presión al ejecutivo para que el proyecto de DNU que estuvo circulando por unas semanas vea la luz. El proyecto básicamente esboza la creación de un nuevo fondo financiado por el tesoro nacional bajo la órbita de la Agencia de Discapacidad (ANDis) para las prestaciones educativas, de transporte, alimentarias y de centros y hogares, sacándolos de la órbita de la SSS y por lo tanto eliminando este “peso” a las obras sociales, dejándoles a estas solo las prestaciones de apoyo. Este es un reclamo que vienen teniendo los burócratas hace mucho tiempo y que es agitado por funcionarios del actual gobierno.

De plano rechazamos este DNU, porque tiene desde el vamos un carácter reaccionario: no pasaremos bajo la órbita del Estado para trabajar bajo convenio, ni tendremos derechos laborales, sino que se va a mantener la misma precarización laboral con el agravante de que ya hay antecedentes del Estado haciéndose cargo de las prestaciones: Incluir Salud (ex Profe) y Pami, este último teniendo denuncias gravísimas por ejemplo desde la provincia de Misiones que tiene adeudadas prestaciones desde el 2017 (Primera Edición, 27/04).

Además, el DNU dividiría al sector de laburantes de discapacidad: por un lado estaremos los precarizados estatales y por otro lado los precarizados en el sector de las obras sociales, prepagas y servicios de salud. Nos dividiría en tanto a quién dirigir el reclamo, tal cual como funcionan las tercerizadas.

¿Por qué si el Estado está ajustando a diestra y siniestra se pondría en el “gasto” de sostener las prestaciones en lugar de las obras sociales? Porque estas están administradas por las burocracias sindicales y necesita que la CGT y las CTAs sigan tranquilas por su casa. En un momento donde la inflación y los tarifazos se comen los pocos ingresos de las familias trabajadoras, las bases están presionando a los burócratas que rompan con el gobierno ajustador, hagan un plan de lucha y metan paro nacional. El gobierno para cumplir las metas con el FMI necesita profundizar el ajuste y para poder salir airosos de las medidas antipopulares y antiobreras que está implementando, necesita que las centrales obreras le garanticen la gobernabilidad (la misma gobernabilidad que le garantizaron a Macri).

Una contraofensiva al ajuste de todos los gobiernos

El próximo lunes 29 se planta la Carpa Blanca de la Discapacidad por 72 horas en la Plaza de Mayo, con movilizaciones en las provincias que acompañarán esta medida del Colectivo de Discapacidad para retomar el plan de lucha.

Desde Prestadorxs Precarizadxs iremos de conjunto con un petitorio exigiendo el aumento urgente del 60% a todas las prestaciones, el pago a mes vencido y el cumplimiento de sostener las prestaciones educativas de febrero a diciembre completos (según resolución 1511/12), que al día de hoy supera las seis mil firmas y con un relevamiento que da cuenta de que las obras sociales, prepagas y centros atrasan y/o retienen honorarios, a parte de incumplir con cosas básicas como pago de ART y seguro de mala praxis. Estos documentos deben estar respaldados por movilizaciones masivas que frenen las políticas ajustadoras del gobierno que llevan a una profundización al vaciamiento de todo el sistema de discapacidad y a nuestra pérdida salarial por 11 años consecutivos, llevada adelante por todos los gobiernos de turno.

https://prensaobrera.com/politicas/la-tarea-central-es-organizar-la-lucha-contra-el-ajuste-del-gobierno-peronista